03/01/2023 (Ciudad de México). El presidente Lula da Silva acaba de promulgar la “Ley de Directrices Presupuestarias” (LDO) de la gestión 2024, que fue aprobada por el Congreso de Brasil el 19 de diciembre pasado. Este presupuesto incorpora varios planteamientos de la derecha bolsonarista, que en la Cámara de Diputados tiene 96 legisladores de un total de 513 bancas, siendo la primera fuerza legislativa. Así se entiende que esta Ley fije para el gobierno federal de Lula el objetivo de “cero déficit fiscal”, que es un concepto que hace referencia a que la suma total de los gastos federales no puede exceder la suma total de los ingresos tributarios y otros generados a nivel nacional.
Esta lógica económica parece irrebatible porque responde a una especie de sentido común –no puedes tener egresos si es que antes no tuviste ingresos. Pero, bajo determinadas condiciones, una política fiscal “responsable” puede terminar teniendo efectos recesivos para la economía. Así lo constató hace un siglo un notable economista: John Maynard Keynes, cuya crítica a los economistas liberales clásicos (comenzando por su propio maestro, Alfred Marshall) es que separaban la teoría del valor de la del dinero. Según Keynes, un británico que no tenía ideas socialistas y que elaboró su teoría en el contexto de la primera y segunda guerras mundiales, los economistas clásicos podían analizar el capitalismo en sus primeras épocas de relativa estabilidad cuando el “laissez faire” (dejar pasar) por el Estado era algo válido para la burguesía emergente; pero el liberalismo clásico quedaba rezagado cuando el capitalismo se desplegaba convirtiendo a algunos países en potencias económicas en competencia entre sí, una situación en que la intervención estatal podía tener efectos positivos y expansivos de la economía.
Según Keynes, bajo determinadas condiciones, esa intervención estatal puede significar un déficit fiscal controlado que sirva como una palanca de desarrollo. ¿Cuáles son esas condiciones? 1) Buen funcionamiento estructural de la economía aunque atraviese por problemas coyunturales, 2) Situación estable del ahorro nacional traducida en el nivel de reservas internacionales que son los activos internacionales en moneda extranjera o en activos físicos (como el oro) que administran los Bancos Centrales, 3) Situación favorable desde el punto de vista del patrimonio nacional de un país, por contar con recursos naturales estratégicos (petróleo, gas, litio), 4) Buen nivel de acceso a crédito interno o externo.
Resulta que Brasil cuenta con todo esto y por ello Lula cerró el año 2023 fortalecido políticamente por el repunte económico que ha logrado en apenas doce meses. El país tiene todos sus variables macroeconómicas en orden (Producto Interno Bruto en crecimiento, Inflación baja, Balanza de pagos y Balanza comercial en positivo, Deuda pública sostenible), pero el Congreso le manda al presidente progresista un presupuesto conservador y sumamente restringido en cuanto a nuevas inversiones, tanto sociales (políticas sociales) como productivas. Es como una camisa de fuerza para Lula da Silva, que puede obligarle a restringir varias iniciativas de su programa, en un año clave ya que en octubre en más de 5000 municipios habrá elecciones que reconfigurarán el tablero político.
Sin embargo, el presidente Lula, luego de vetar varias disposiciones insertas por la oposición en la LDO que no son de naturaleza presupuestaria, como el recorte de atribuciones federales en reforma agraria, equidad de género y otras, ha procedido a promulgar la ley pues es preferible contar con un instrumento financiero –aún con las limitaciones impuestas- que no tener ninguno.
Sirva como aviso a los gobiernos transformadores de América Latina, como el de Petro en Colombia, o el de Castro en Honduras, o el futuro de Arévalo en Guatemala: el debate sobre la “disciplina fiscal” no es tan inofensivo como parece a primera vista.
