21/12/2023 (Ciudad de México). Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el censo de personas desaparecidas es un expediente abierto y ofreció una nueva conferencia que esclarezca las acciones que realizaron la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación en la revisión de los datos de personas desaparecidas.

Las declaraciones del ejecutivo federal se enmarcan en los cuestionamientos que se han hecho, en torno a la metodología utilizada en el censo que confirmó a 12 mil 377 personas en esta situación, de los 110 mil que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidos y No Localizadas (RNPDNL).

El mandatario anunció que la próxima semana acudirán nuevamente los funcionarios y funcionarias que presentaron el informe sobre la Estrategia Nacional de Búsqueda y los avances del censo.

Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre, en la conferencia matutina, María Luisa Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que de las 110 mil 964 personas desaparecidas -que hasta la fecha del informe se encontraban en el Registro Público de Personas Desaparecidas y No Localizadas- 16 mil 681 habían sido localizadas con vida; 17 mil 843 están ubicadas; 26 mil 90 no hay datos suficientes para identificar y 36 mil 22 no se tienen indicios para la búsqueda.

No obstante, el presidente recalcó que el trabajo no está concluido y que es un expediente abierto.

“Lo que se hizo no está concluido. No es un expediente. Es un expediente abierto, esto no se puede cerrar. Eso no lo escuchan, dijimos que periódicamente íbamos estar informando. Se dio a conocer un teléfono”.

Respondió a los señalamientos que han hecho al sexenio en donde han dicho que habían desparecido más personas que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que instruyó para que se realice una revisión exhaustiva.

 “¿Qué está sucediendo?¿Ahora existe la comisión de desaparecidos y ahora la gente está acudiendo más? ¿Qué pasa? Decidimos llevar a cabo un plan para buscar a los desaparecidos. Todo el gobierno, encontramos a muchos de los que supuestamente estaban desaparecidos”, expresó.

¿Qué dicen las familias buscadoras y por qué se oponen al censo?

La respuesta del ejecutivo federal se da en el marco de las recientes movilizaciones que se registraron en la capital y en diversos puntos del país en donde diversos colectivos conformados por familias buscadoras expresaron su descontento por estas cifras; consideran que no hay transparencia, que no han sido consultadas y las autoridades no han dialogado con las familias afectadas.

Yadira González, quien busca a su hermano Juan González desde el año 2006 y que forma parte de los colectivos Desaparecidos en Querétaro y Unidas Siempre Buscando, contó a De Raíz que rechazan el censo dado que afirman no hay una investigación exhaustiva para verificar la identidad de las personas que supuestamente se registran como localizadas.

“A muchas de nuestras compañeras y compañeros se les fue a visitar a sus domicilios. Muchas no viven en sus domicilios, porque son personas desplazadas debido a la violencia inflingida después de la desaparición forzada de sus familiares. Los Siervos de la Nación sólo fueron a preguntar si ahí vivían. Si algún vecino confirma que era su casa los dan por localizados sin hacer una investigación más exhaustiva para verificar si la persona continúa o no desaparecida”, compartió a este medio.

También criticó la lista de personas desaparecidas que se les dio como localizadas a través de los registros de vacunas por COVID-19. La buscadora señaló que en esos registros no hay algún folio que señale en dónde fueron vacunadas, información que facilitaría que las familias puedan acudir a buscar o encontrarse con las personas desaparecidas y supuestamente vacunadas.

La activista afirmó que el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) tiene deficiencias, mismas que deberían atenderse de manera inmediata. Por ejemplo, Yadira González denunció que hay errores en la captura de apellidos o registros duplicados que hace al mismo tiempo la Fiscalía General de la Republica (FGR) o las Comisiones de Búsqueda locales.

“Si dan por localizadas a las personas que nos digan quiénes son. Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda dice que en Panteón Dolores localizaron cuerpos identificados que estaban en esos registros. Si ya los identificaron no significa que hayan sido devueltos a sus casas y que ya les hayan informado a las familias. Pero también si ya saben dónde están y no devuelven los cuerpos a las familias se están violando sus derechos”, enfatiza la activista a este medio.

Alicia Trejo, que busca a su hijo Francisco Albarrera Trejo visto por última vez el 26 de marzo de 2012 en el metro Pantitlán en Ciudad de México, señaló a De Raíz que el fin de semana pasado revisó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y encontró un link que la tiene alarmada.

“El día sábado aparece un link donde dice que las coincidencias de los datos que ingresé no corresponden con los de una persona desaparecida. Que puede ser porque las familias pidieron que se reservara la información como privada o porque la persona ya fue localizada. Entonces quiero que me informen  y que me digan claramente: si mi hijo está dentro de las cifras que ellos ponen vengo por él”, enfatizó en entrevista con De Raíz.

El temor hacia las cifras que presentó SEGOB se basa en que pueda existir un impacto negativo y se mermen las acciones de búsqueda, que de por sí tiene un costo alto y suele ser asumido por las familias y se traduce en años de esfuerzo y angustia, porque las autoridades no suelen realizar estas investigaciones ni inmediata ni a largo plazo.

El temor también se centra en que sólo se prioricen registros cuantitativos y que pueda continuar operando la impunidad, dado que muchos de los casos comparten una característica: las autoridades se apresuran a dar “capertazos”, pedir dinero a los familiares a cambio de realizar búsquedas o ni siquiera abrir carpetas de investigación correspondientes.

Uno de esos casos es al que se ha enfrentado Juana al buscar a su hija Dalia Guadalupe Hernández Vite, desaparecida desde el 25 de octubre de 2017, en Ecatepec, Estado de México. Las autoridades mexiquenses se han negado a realizar acciones de búsqueda y no sólo eso, Juana y su familia ha sido revictimizados y se ha enfrentado a intentos de extorsión. 

“La autoridad no ha querido buscarla, porque en el momento había para buscar y la autoridad no quiso buscar, Me dijo que no había hechos. ¿Cómo no va a haber hechos si mi hija no está, no la encuentro”, cuenta a este medio mientras carga una lona con una fotografía de Guadalupe.

Otro caso similar es el de Norma Mateos Ayala, quien busca a su esposo Martín Gachuz Santiago desaparecido en el Estado de México en 2015 y que era trabajador del Estado. Las autoridades tampoco han hecho mucho para buscarlo. “Somos nosotras, las familias, quienes buscamos hasta debajo de la tierra”, denuncia la buscadora a De Raíz.