El exgobernador se mantiene activo en la vida pública del país desde el frente opositor, ahora identificado como “Fuerza y Corazón por México“.
08/12/2023 (Ciudad de México). Este miércoles 6 de diciembre una jueza federal ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exgobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Mediante la resolución de una demanda de amparo en favor del exgobernador, la jueza Octava de Distrito, Adriana Yolanda Vega Marroquín, que se ubica en el estado de Tamaulipas, ordenó al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Enrique Beltrán Santes”, desestimar la orden de aprehensión contra el exfuncionario por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, ordenó también la expedición de otra determinación que explicite que el exmandatario está libre de señalamientos. Esto debido a que consideró que no existen datos que respalden la acusación en contra del exgobernador.
Esta sentencia representa la cúspide de un proceso largo con el que se ha buscado llevar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la justicia por su posible participación y protección de actividades criminales durante su mandato.
A pesar de la resolución de la jueza federal, parece difícil creer que no existen evidencias de la participación del exgobernador de un estado en donde, históricamente, ha existido una relación orgánica entre los ejecutivos estatales y las bandas delincuenciales, lo cual se ha comprobado en varias ocasiones.
Se trata del estado anteriormente gobernado por el priista Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien hoy está cumpliendo una condena de nueve años por el delito del lavado de dinero proveniente de las organizaciones criminales que operaron en el estado bajo su protección: Los Zetas y el Cártel del Golfo. También en donde habrían asesinado al candidato y seguramente ganador en las elecciones para gobernar el estado en el año 2010, Rodolfo Torre Cantú, muy posiblemente por ruptura en los acuerdos que tendría con la delincuencia organizada.
Por su parte, Francisco Javier García Cabeza de Vaca pareció favorecerse desde el gobierno del estado recurriendo a prácticas de defraudación fiscal, mediante un esquema de prestanombres y una red familiar de lavado de dinero. Aunado a ello, en una finca cuya propiedad se adjudicó a García Cabeza de Vaca por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fue encontrada un “campo de exterminio” para incinerar cuerpos y desaparecer evidencia.
A pesar de que los delitos de secuestro y robo de autos disminuyeron durante su gestión, también fue notorio un incremento en los homicidios dolosos, pasando de una tasa de 18.1 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a una de 23.7 en 2018. Igualmente, el exgobernador constituyó una unidad militarizada dentro de las fuerzas estatales denominada Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), cuya operación fue cuestionada por más de una razón.
Uno de los episodios más cruentos de los GOPES fue la llamada “masacre de Camargo ”, en donde una caravana liderada por esta unidad atacó con armas de fuego a un grupo de 17 migrantes centroamericanos y dos acompañantes mexicanos. Después del evento, el comandante de la unidad ordenaría la incineración del vehículo y de los cuerpos de los migrantes para tratar de ocultar la evidencia. La unidad fue disuelta por el actual gobernador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Américo Villarreal, aunque algunos de sus elementos fueron trasferidos a la nueva Guardia Estatal.
A pesar de que, tras su proceso de desafuero en 2022 y las acusaciones en su contra, huyera a Houston, Texas, en septiembre de este año, el exgobernador no ha desaparecido de la vida pública. De hecho, su nombre ha resonado en el proceso para elegir candidato presidencial de la coalición de oposición conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y el PAN. Esto porque, primero, se registró como precandidato presidencial por la alianza, y luego sería nombrado asesor en seguridad durante uno de los múltiples lanzamientos de la plataforma política de Xóchitl Gálvez, actual precandidata única por la alianza opositora.
Al respecto, la colaboradora de este medio y directora del medio tamaulipeco En Un 2×3, Martha Olivia López, ha señalado en múltiples ocasiones de una estructura al interior del Poder Judicial Federal que protege al exgobernador y que le ha permitido mantenerse en la impunidad. De tal suerte, el amparo concedido recientemente se suma a una serie de apoyos que el exfuncionario ha recibido por parte de este grupo de jueces y magistrados.
De hecho, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un proceso en contra del juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien también favoreció a Cabeza de Vaca mediante un amparo que dejaría sin efecto una orden de captura en su contra. Sin embargo, como consecuencia de dicho proceso, el juez sólo fue movido del juzgado del Octavo Distrito con sede en Reynosa a un juzgado en Matamoros.
La última declaración de Cabeza de Vaca que cabría resaltar ocurrió con motivo de una entrevista para un medio tamaulipeco luego de la resolución a su favor de la demanda de amparo. En ésta, dijo que estaría dispuesto a apoyar una posible candidatura a una senaduría de su esposa, María Gómez Leal. Como es tradición de los gobiernos de los gobiernos de los partidos de alianza opositora, Mariana Gómez encabezó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante el mandato de su esposo.