01/12/2023 (Ciudad de México). “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea” visitó cinco entidades para documentar la situación de los derechos humanos en el país. Entre los principales hallazgos que hicieron, y que presentaron este viernes, fue que prevalece la criminalización.

La misión, conformada por una red de organizaciones civiles junto a representantes políticos, integrantes de instituciones públicas, académicas, periodistas y activistas europeos, visitó Morelos, Tlaxcala, Puebla, Chiapas y Ciudad de México.

Algunos hallazgos

Dina Riba, diputada del Parlamento Europeo, expuso que hay un contexto que une tanto a Europa como a México, y es que persisten las violaciones graves a los derechos humanos., por lo que su defensa “es un compromiso y responsabilidad internacional”.

La eurodiputada expuso que entre los hallazgos que hicieron se encuentra que hay problemáticas que son un ápice de riesgo para quienes defienden derechos humanos: el territorio y deforestación, la búsqueda de personas desaparecidas, así como la criminalización de la protesta en varias entidades mexicanas.

La misión sostuvo encuentros con familias buscadoras y determinó que el estado mexicano tiene una responsabilidad y obligación de mejorar el sistema forense.

“La Unión Europea debe estar a un lado del gobierno mexicano en su responsabilidad y obligación de mejorar el sistema forense, para determinar las torturas que sufren las familias que buscan a sus familiares”, expresó Riba.

En la visita a Morelos intentaron ingresar al Cefereso 16 femenil, lugar en donde se encuentra privada de su libertad la activista indígena Kenia Hernández.

Los ponentes explicaron que la visita se hizo en el marco del 25 N en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, para entrevistarse con ella, sin embargo, a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un oficio para permitir el ingreso de la Misión a este centro de máxima seguridad, la administración del penal no les permitió el ingreso.

“En acto de solidaridad solicitamos la visita con Kenia Hernández. Hubo dificultades como la falta de acceso de los directorios públicos de los funcionarios del penal. Se nos notificó que no había inconveniente para visitar el penal, pese a ello, el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social no emitió oficio con las directrices de la SER”, dijo la eurodiputada.

La defensora Kenia Hernández, abogada originaria de Xochistlahuaca Guerrero, se encuentra privada de su libertad desde el año 2020 en este penal de máxima seguridad. Aurora de la Riva recordó que hay 10 carpetas judiciales (dos del ámbito estatal y ocho federales) en contra de la activista; ha sido sentenciada por dos causas que suman 20 años.

“Un juez dijo que Kenia era un daño y peligro para la comunidad, está en el expediente”, denunció. Agregó que en diversas ocasiones a Kenia se le han negado las visitas de sus hijos y su familia, además de que se ha denunciado la falta de acceso a medicamentos, salud, agua potable y alimentos en malas condiciones.

Por esta situación exigieron que Rosa Ícela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se reúna con la defensa legal, integrada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, y con CAPUFE para buscar un acuerdo reparatorio que conlleve a su liberación inmediata.

La misión observó casos como el del Pueblo Creyente de Chicomuselo y el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) en donde existen procesos de imposición industrial, tal es el caso de Samir Flores, asesinado en Amilcingo, en 2019.

Otro caso de criminalización que denunció la Misión fue el de cinco personas del municipio de San Juan CancucChiapas: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Denunciaron que están acompañados por la Diócesis de San Cristóbal, y fueron sentenciados bajo la fabricación de pruebas.

“Es importante la solidaridad y presión que se pueda hacer ante autoridades y liberarlos. Ya no da más el caso y tendrían que salir libres”, dijeron integrantes de la Misión.

Otro de los casos en Chiapas fue el de Pascuala López, defensora de DH, que en su participación exigió justicia dado que su hijo fue asesinado por parte de grupos del crimen organizado.Posteriormente ha sido víctima de persecución y amenazas; uno de los integrantes de su comunidad, Pedro Hernández López, fue víctima de fabricación de delito.

Yo sólo quiero justicia para mi hijo, es lo que quiero. Hasta ahorita me vigilan en mi casa, me dijeron “si nunca dejas de buscar justicia te vamos a matar, te vamos a quemar tu casa”, dijo.

El 17 de abril le quemaron su casa y hasta la fecha no hay personas detenidas. Este año su compañero ejidatario fue detenido y privado de su libertad en Villaflores.

“Solo fabrican delito y no ha hecho nada, tenemos evidencia. Tego prueba de mi casa, mataron a mi hijo, me golpearon. Lo sabe el gobierno, toda la dependencia, ahí tienen documentos. Solicitamos que si me pasa algo a mí voy a dejar responsable al gobierno. Pido la liberación de Pedro Hernández López.Si unos es ejidatario tiene palabra de hablar y yo soy ejidataria y tengo mi certificado. Yo tengo palabra de hablar sólo voy a defender mi comunidad”, sentenció.

Por estos hechos se encuentra bajo mecanismos de protección debido a la situación que vive Pascuala en su comunidad, en Chiapas.

Uno de los hallazgos fue que la población en movilidad humana afronta una vulnerabilidad constante y las personas defensoras que les acompañan viven riesgos y agresiones propiciadas e implementadas por las Fuerzas Armadas. No pudieron acceder a la Estación Migratoria Siglo XXI dado que les fue negado.

Por esta razón la Misión pidió entre otras cosas fortalecer fiscalías y Mecanismos de Protección y Comisiones de Derechos Humanos, así como el cese al hostigamiento judicial contra la defensora Kenia Inés Hernández Montalván. Solicitaron su liberación inmediata y su traslado a otro centro penitenciario en la Ciudad de México o el Estado de México.