Víctimas de la Guerra Sucia podrían estar en el Panteón de Dolores: Comisión para la Verdad

12/10/2023 (Ciudad de México). Luego de tres años, la Comisión para el Acceso a la Verdad entrega su primer informe de actividades. A pesar de los avances, observan obstaculización de la SEDENA para garantizar el derecho a la verdad.

12/10/2023 (Ciudad de México). Este miércoles 11 de octubre, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, entregó su primer informe de actividades luego de tres años de trabajo. En este periodo, la Comisión para la Verdad ha llevado a cabo una investigación y recopilación de información con miras a esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano durante el periodo conocido como “la Guerra Sucia.”

La Guerra Sucia consistió en una estrategia contrainsurgente para detener y combatir a los grupos disidentes del régimen priista entre los años sesenta y noventa. Dicha estrategia también fue promovida por el contexto de la Guerra Fría, el conflicto no declarado entre los países del eje socialista y los países capitalistas liderados por la URSS y Estados Unidos, respectivamente. 

Como parte de esta estrategia, se recurría a prácticas como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos para debilitar a opositores radicales, así como para eliminar o impedir el acceso a la evidencia que permitiera confirmar estas vejaciones y excesos. 

La Comisión para la Verdad es presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, adscrita a la Secretaría de Gobernación. Según el subsecretario Encinas, la Comisión para la Verdad ha reunido evidencia que permite tener indicios de que víctimas de la Guerra Sucia fueron enterradas en una fosa común que se encuentra en el Panteón de Dolores, el más grande de la capital mexicana. Cabe destacar que la fosa común de este panteón aún se encuentra en uso de manera “oficial”.

Destaca que, entre las víctimas, podrían encontrarse miembros de la Liga 23 de septiembre, un grupo guerrillero urbano que se conformó como una respuesta a la represión del Estado mexicano luego de una serie de actos represivos ocurridos entre 1971 y 1972. Este grupo fue conformado en 1973 por la coalición de varios grupos disidentes y guerrilleros de la izquierda comunista de aquellos años. 

La evidencia que sostiene esta posibilidad se halla en los libros de registro del Panteón de Dolores, en los que se indica que los restos de los guerrilleros habrían sido inhumados de manera ilegal en una fosa común, pero aún quedan pendientes las labores forenses para confirmarlo. Además, para llegar a este indicio, el trabajo de la Comisión también se nutrió de la revisión de las bitácoras de los servicios forenses de la época, a partir de los cuales se ha podido sostener que una gran parte de las víctimas de la Guerra Sucia fue entregada a los servicios periciales de esta Ciudad de México – en aquel entonces, Distrito Federal – en calidad de “desconocidas”. 

Además, destacó que, como parte del trabajo de la Comisión, también se han hallado los restos de al menos siete personas víctimas de ejecución extrajudicial por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, que corresponderían a disidentes del gobierno. La ejecución extrajudicial habría ocurrido en el año 1971. 

Otro de los hallazgos relevantes se encuentra en la evidencia de que, tal como han denunciado familiares de las víctimas de la Guerra Sucia durante todos estos años, existen “centros clandestinos de detención en diversas instalaciones militares, en distintas entidades federativas”, señala el reporte. 

Para lograr estos avances, la Comisión de la Verdad se ha nutrido de una gran cantidad de información documental y testimonial: 831 testimonios en 20 entidades federativas, archivos de 87 acervos documentales, la inspección en seis instalaciones militares, así como la búsqueda de restos óseos en campo, la cual permitió hallar las osamentas de las siete víctimas en Ajuchitlán del Progreso. 

A pesar de los avances de la Comisión de la Verdad, aún persisten obstáculos e intereses que impiden o dificultan el acceso a toda la información que podría ayudar a esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos. Es el caso de la SEDENA, que, según lo que señalan los miembros del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH), no ha entregado toda la información o la ha entregado de manera parcial, lo que podría tipificarse como un delito de obstrucción a la justicia. Además, la SEDENA también ha rechazado la petición de la Comisión para convocar a 368 militares que podrían rendir testimonios potencialmente valiosos para esclarecer los hechos.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas confirmó que existen “resistencias” de quienes podrían estar brindando la información para aclarar lo que ocurrió durante este periodo histórico, pero que confía en que se acaten las órdenes presidenciales y se otorgue toda la información necesaria. 

El argumento que ha retomado la SEDENA para negar el acceso a esta información radica en que las funciones de la Comisión para la Verdad se limitan a revisar la información sobre “violencia política”, por lo que otra documentación relacionada con el combate contrainsurgente o “las campañas de combate al contrabando de enervantes” quedan fuera del convenio. 

Sin embargo, la Comisión ha señalado ya en diversas ocasiones que su objetivo “se desprende [de] la necesidad de hacer una revisión de documentación para la recopilación de evidencias sobre la posible comisión de violaciones graves a derechos humanos en otros contextos de violencia distintos al político”, se señaló durante la entrega del informe.

En ese sentido, la Comisión para la Verdad, así como el MEH, refieren a que la interferencia de la SEDENA representa un impedimento para garantizar el acceso a la verdad y la justicia, además de ser una desobediencia abierta a una orden presidencial. Aunado a ello, la obstaculización se ha intensificado conforme la Comisión de la Verdad avanza en sus hallazgos, por lo que podría ser una reacción ante la afectación de los intereses de la cúpula militar.