El evento ocurrió a inicios de mayo. Sin embargo, fue un mes después, luego de la difusión de un video por el diario El País, cuando se conocieron los hechos y se comenzaron las investigaciones contra los elementos castrenses.

05/10/2023 (Ciudad de México). Este lunes dos de octubre de 2023 fueron vinculados a proceso 7 militares que habrían participado en la ejecución extrajudicial de cinco personas ocurrida el 18 de mayo de este año en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los soldados son José Luis N, Armando N, Benito N, Ángel N, Filiberto N, Carlos N y Julián N. Las audiencias dieron inicio este miércoles 4 de octubre.

A pesar de este avance en el caso, resalta que sólo se haya encausado a siete de 16 militares que presuntamente habrían participado. En un inicio, fue éste el número de detenidos y procesados por una investigación iniciada el 9 de junio.

Sin embargo, el proceso se presentó ante el Juez Primero de Control de la Primera Región Militar, es decir, una autoridad militar; mientras que las audiencias iniciadas recientemente devienen del proceso promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), la autoridad civil competente.

En aquel entonces, los militares fueron acusados luego de que se difundiera un video que permitió su incriminación. En él se podía observar cómo la camioneta con los civiles tuvo un choque contra una barda luego de una persecución protagonizada por los militares. Posteriormente, los soldados extrajeron a los jóvenes de la camioneta, los sometieron y asesinaron en fila, como si se tratara de un fusilamiento.

Además, se observa cómo los soldados pretendieron hacer pasar la ejecución como el resultado de un enfrentamiento. Sin embargo, los ejecutados estaban desarmados, lo que representa una ejecución extrajudicial y un uso excesivo de la fuerza.

En aquel entonces se difundió información que sugería que los jóvenes ejecutados eran miembros de un grupo del crimen organizado, lo que generó un debate en la opinión pública sobre la legitimidad del actuar de los soldados. Además, la versión oficial previa a la difusión del video apuntaba a un ataque de la delincuencia organizada al que los soldados simplemente habrían reaccionado. La versión fue respaldada por el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, Sergio Hernández Chávez.

Los jóvenes ejecutados por los elementos castrenses fueron identificados como José Ángel Moreno Pool, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.

Por su parte, durante la conferencia mañanera del 7 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó a que, “al parecer, sí se trata de un ajusticiamiento”, por lo que recomendó a la SEDENA investigar el caso.

Si bien durante este sexenio se ha presumido una reducción en los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas de México, esto no ocurre en el estado de Tamaulipas, donde se concentra una gran parte de los enfrentamientos y operativos que el Ejército protagoniza en el territorio, así como del uso de la violencia letal de esta institución. En este contexto en donde la expectativa es el enfrentamiento con organizaciones criminales con una gran capacidad de fuego, las fuerzas armadas han tendido a recurrir a la violencia letal en gran parte del contacto que tienen con la población civil, independientemente de que sea desproporcionada o innecesaria.

Así lo evidencian casos similares, como el ocurrido en febrero de este mismo año en la colonia Cabazos Lerma en la misma ciudad de Nuevo Laredo, cuando otros seis jóvenes desarmados fueron acribillados por el Ejército. Al igual que en el caso por el cual acusan a los siete militares, también en el de febrero fue difundida información sobre la presunta participación de las víctimas en organizaciones del crimen organizado, como si se tratara de un patrón. En aquel entonces, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos declaró: “En Nuevo Laredo, el Ejército está fuera de control”.