Se trata del primer caso de asesinato masivo contra personas migrantes que concluye en una sentencia condenatoria.

18/09/2023 (Ciudad de México). Este 14 de septiembre de 2023, el juez unitario del estado de Tamaulipas, Patricio Lugo, declaró culpables a los 12 policías del estado por su participación en el multihomicidio en contra de 19 personas migrantes: 16 de nacionalidad guatemalteca, dos de nacional mexicana y una más salvadoreña.

Las víctimas se encontraban realizando el trayecto rumbo al Río Bravo con la finalidad de cruzar la frontera hacia Texas, Estados Unidos. Durante el camino fueron perseguidos, torturados, asesinados e incinerados por al menos 12 policías estatales.

La masacre ocurrió el 22 de enero de 2021 en Camargo, uno de los municipios fronterizos de Tamaulipas con Texas, Estados Unidos. Camargo es parte de los 5 municipios de la región conocida como la Frontera Chica, la cual abarca también a Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz. Esta región ha estado atravesada por la violencia de las organizaciones criminales desde, por lo menos, los años noventa.

Los policías estatales fueron detenidos desde el 2 de febrero, a tan sólo unos días de haber ocurrido los hechos. No obstante, el juicio se llevó a cabo durante los últimos cuatro meses y se centró no sólo en los homicidios en contra de los migrantes, sino también en la manipulación de la escena que los elementos realizaron para fingir un enfrentamiento y así deslindar su responsabilidad como funcionarios del orden actuando en contra de grupos vulnerables.

Los 12 elementos pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales, unidad consolidada por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre el que actualmente pesa una orden de aprehensión por lavado de dinero. Los GOPES eran una unidad considerada militarizada debido a que, aunque pertenecía a la policía civil estatal, contaba con entrenamiento, personal y capacidades militares, emulando al cuerpo militar de élite conocido como las Fuerzas Especiales a nivel federal. Luego de varios escándalos por su actuar arbitrario y violento, fueron disueltos por el actual gobernador, Américo Villarreal, integrando a algunos a la nueva Guardia Estatal.

La sentencia fue posible porque uno de los agentes participantes, Luis Manuel N, narró los hechos durante el juicio y afirmó que el comandante de la unidad de los GOPES fue quien ordenó perseguir y atacar a los migrantes sin que éstos hubieran emitido algún disparo. Posteriormente, ordenó torturarlos, rematarlos e incinerarlos, una vez que el vehículo donde se trasladaban se había detenido. Gracias a que Luis Manuel N dio estos testimonios pudo participar en un convenio de cooperación y librar el caso de asesinato, siendo responsabilizado sólo por la alteración de la escena y la tortura.

En entrevista para este medio Miguel Zenteno, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJED) que ha acompañado el caso, señaló que el asesinato masivo de migrantes se ha vuelto sistemático en gran parte del territorio de Tamaulipas y de su área limítrofe en Nuevo León.

De hecho, actualmente, la FJED acompaña los cinco casos de masacres contra migrantes registradas en la región. En 2010, 72 migrantes fueron asesinados en San Fernando; en 2011, fueron halladas 195 personas en 48 fosas “fosas clandestinas”, también en San Fernando; en 2012 se daría el hallazgo de la megafosa de Cadereyta, Nuevo León, en donde fueron encontrados 49 torsos humanos; en 2014, 15 personas migrantes también fueron asesinadas en Güémez y, finalmente, Camargo en 2021.

A pesar de que las víctimas de todos los hechos han sido principalmente migrantes extranjeros que viajan a través de nuestro país para llegar a Estados Unidos, es probable que los victimarios conformen parte de distintos actores armados. Esto ha repercutido en la multiplicidad de autoridades que retoman cada caso, complejizando muchas veces su avance en tribunales.

De esta manera, Zenteno señaló que algunos casos son atraídos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que el presunto victimario pertenece a los grupos criminales.

En el caso de Camargo, el abogado apunta a que ha habido voluntad por parte de la Fiscalía estatal para investigar el caso, así como para procesar a los responsables. Sin embargo, el caso permaneció en la Fiscalía estatal debido a que los perpetradores fueron funcionarios públicos de ese orden de gobierno.

En el resto de las investigaciones, éstas han sido atraídas por las instancias federales, las cuales suelen ser mucho menos “diligentes”. La respuesta tardía de las autoridades federales dificulta aún más la resolución de los casos, pues al haber pasado ya varios años desde los hechos, la evidencia se ha desvanecido o degradado.

Ahora bien, lo peculiar del caso de Camargo no se encuentra sólo en que haya sido el primer caso de una masacre contra migrantes en el que se haya dictado una sentencia condenatoria. Martín resaltó también que hayan sido funcionarios públicos los declarados culpables, lo cual sienta un precedente para que delitos de esta naturaleza no permanezcan impunes.

A pesar del reconocimiento de la voluntad en la Fiscalía, Zenteno señala que la justicia les ha quedado muy corta. Si bien se ha develado cómo ocurrió una parte de los hechos, todavía queda pendiente esclarecer el móvil para el actuar de los policías. “Sabemos que ellos privaron de la vida a estas 19 víctimas y la forma en que lo hicieron, pero no tenemos todavía claro por qué lo hicieron: si recibieron órdenes de mandos superiores, si esto atiende a que hay una relación con algún grupo delictivo”.