14/09/2023 (Ciudad de México). Con sede en Ginebra, Suiza, del 13 al 15 de Septiembre representantes del gobierno de México comparecen ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes.
Para iniciar este acto durante el primer día de comparecencia, Francisca Méndez Escobar, representante permanente de México en Ginebra, enlistó las recomendaciones emitidas por dicho Comité durante 2022 y destacó una por una las acciones que ha realizado el gobierno de México para atenderlas. Entre estas acciones, la funcionaria destacó la construcción del Centro Nacional de Búsqueda (CNB) dedicado a la identificación humana, así como la implementación de diversas estrategias para la búsqueda de grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, adolescentes y migrantes; destacó también el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (RNPDNO) y dio cuenta del actual censo que se realiza en todo el país.
Las críticas del Comité al Estado mexicano
Como primera respuesta por parte de los especialistas, el relator de la ONU Horacio Ravenna externó su preocupación debido al aumento de las desapariciones, así como por la polémica sobre el levantamiento del nuevo censo referido y las críticas de diversos colectivos al Banco Nacional de Datos Forenses que no ha brindado la información prometida.
Además, Ravenna expuso que “según la información que hemos recibido, todavía existen 52 mil cadáveres no identificados, y nos parece que eso muestra que los esfuerzos, que reconocemos que el gobierno ha realizado, no están dando resultados y no entendemos por qué, qué es lo que está pasando”. Más adelante, el relator también cuestionó la coordinación entre las instancias gubernamentales para prevenir y atender este problema pues “en los informes que hemos recibido hemos notado que existe una respuesta parcializada de distintos sectores”.
Por su parte, el también relator Juan Pablo Alban Alencastro, abordó el tema de “Investigación y Justicia” y solicitó información sobre las acciones para “fortalecer y para desarrollar el ecosistema de información” propuesto el año pasado por el gobierno mexicano ante las observaciones de la ONU. Entre otros datos, Alban Alencastro también solicitó medidas y resultados específicos, así como información sobre qué autoridades intervienen y de qué manera colaboran con otras para proporcionar información relevante para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
Por último, el relator refirió que de acuerdo a los datos expuestos por el Gobierno de México, 111mil 540 personas continúan desaparecidas o no localizadas, por lo cual solicitó información sobre el número de casos de desaparición se encuentran bajo investigación, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR) como a las Fiscalías Estatales. Lo anterior para conocer los avances alcanzados toda vez que en 2021 el índice de impunidad en los delitos de desaparición llegaba al 98.9% en las entidades federativas.
Finalmente, Carmen Rosa Villa, presidenta del Comité, cuestionó a los representantes de México por las medidas que se han tomado para proteger a los funcionarios que atienden directamente estos temas, medidas que vayan más allá de “un esquema de seguridad puntual y ocasional” y conformen un programa serio que incluya herramientas para el análisis de riesgo. Además, pidió un informe sobre cuántos servidores públicos realizan estas tareas.
Las respuestas del Estado mexicano
Entre las respuestas por parte de la representación de México ante el Comité, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), detalló que el Centro Nacional de Búsqueda ha implementado más de cuatro mil jornadas de búsqueda en campo en 30 entidades federativas y 617 municipios, esto en coordinación con autoridades de diferentes órdenes de gobierno y familiares de personas desaparecidas.
Por su parte, Martha Pérez, oficial ministerial en la FGR, informó que de 2018 a 2021 casi se ha triplicado el número de causas penales relativas a estos delitos, pasando de 11 causas penales a 28 entre 2022 y 2023.
Además, los representantes de México también expusieron que a la fecha la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la FGR tiene tiene mil 834 expedientes en trámite que, en conjunto, investigan la desaparición de dos mil 968 víctimas de las 111 mil 540 de las que se tiene identificadas como desaparecidas o no localizadas. Finalmente, también se informó que la FGR tiene actualmente 30 carpetas judicializadas, nueve averiguaciones previas y dos sentencias condenatorias.
