Ha transcurrido apenas un año desde que asumió, por primera vez en la turbulenta historia colombiana, un gobierno surgido de los sectores populares. No fue fácil, Colombia es el país latinoamericano en que con más firmeza y violencia ha ejercido su dominio la oligarquía, por lo que es doblemente meritorio que la izquierda haya conseguido ganar las elecciones superando a los partidos tradicionales y al histórico abstencionismo que llegaba al 55%, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Corrientes socialistas y comunistas ya habían intentado algo parecido hace cuarenta años, dejando la estrategia guerrillera y en aplicación de los acuerdos de paz con el presidente Belisario Betancur. Conformaron junto a sectores nacionalistas de izquierda un frente político –la “Unión Patriótica”- para presentarse a las elecciones de 1986. Fueron masacrados. Un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz publicado el año pasado consigna que en el período 1984 – 2016 fueron asesinados por los paramilitares, los narcotraficantes o las fuerzas de seguridad un total de 5.733 militantes de la UP.
Así se explica la gran desconfianza de amplios sectores sociales en las instituciones democráticas, en los diálogos y las negociaciones, así como en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para garantizar la Paz.
Y fue así también que calaron en la sociedad colombiana los mensajes de Gustavo Petro: alcanzar un Pacto Histórico para construir una Colombia Humana e Incluyente. Sencillo en su complejidad, le permitió al “partisano del cambio” quedar a un paso del triunfo el 2018 y consolidar la victoria el 2022.
¿Es Petro el representante de una nueva izquierda verdaderamente ecologista, antipatriarcal, descolonizadora? El tiempo lo dirá; por el momento ha dado impactantes señales en todos estos sentidos: pidió a Francia Márquez –afrocolombiana, campesina, defensora de los derechos humanos, luchadora contra la contaminación minera- que sea su vicepresidenta. Tuvo una participación muy destacada en la Asamblea de Naciones Unidas y en la Cumbre de los Pueblos realizada hace poco en Bruselas. En otras palabras: luce diferente y es atractivo su discurso y su forma de gobernar (más aún luego que rompió una breve alianza con sectores conservadores en su gabinete).
¡Cómo no pensar que los poderes fácticos en su país utilizarían la estrategia de desgaste que ya han utilizado contra otros líderes populares de la región!
Esta arremetida político-judicial contra Petro comenzó hace seis meses, con un intento desestabilizador de la oposición de derecha, que inició una campaña de desgaste por supuestas irregularidades en financiamientos de campaña, acusaciones que fueron desmentidas por el gobierno. Apuntaron entonces contra la joven jefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, a la que acusaron de tráfico de influencias junto al embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti. Ya entonces deslizaron la versión de que Petro recibió fondos ilegales para su campaña. De forma serena, el presidente desvinculó a ambos de sus responsabilidades y ratificó que ha sido el candidato sobre el que más controles fiscales se han efectuado. Así evitó un mayor escándalo.
Lo curioso es que, mientras los grandes medios de comunicación arreciaban la campaña para manchar al gobierno, la mayoría legislativa se dedicaba a paralizar la aprobación de reformas a las leyes de salud, trabajo, pensiones y tributaria. En respuesta, Petro y su vicepresidenta Francia Márquez encabezaron en junio a decenas de miles de simpatizantes que marcharon con la consigna: “Toma de Bogotá por las reformas sociales”.
Ahora el ataque es contra la familia de Petro. Por orden de la Fiscalía General ha sido detenido Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente, dentro de una investigación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Tras conocer esta detención, el mandatario colombiano escribió: “Me duele mucho que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como afirmé ante el Fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso. A mi hijo le deseo que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”.
Ni siquiera con esta postura –legal, constitucional, respetuosa del derecho- que tomó el presidente, va a frenar esta arremetida, cuyo objetivo es sacar del Palacio de Nariño al incómodo inquilino que vino a perturbar el statu quo de los que siempre han mandado en Colombia. Es exactamente lo mismo que hicieron contra Cristina Fernández en Argentina –fraguando un proceso por supuesta corrupción con “cuadernos” que hoy se ha demostrado que fueron falsificados. Es lo mismo que ocurrió en Brasil con Lula –al que el juez Moro encarceló sin pruebas pero con lo que él decía eran “elementos de convicción” que después se cayeron. Lo que soportó Evo Morales –cuando el 2016 le inventaron un hijo que después se confirmó que no existía. O el vía crucis de Pedro Castillo, desde el mismo día que ganó la presidencia en Perú.
Apuntan a desestabilizar para luego derrocar. Y en ese afán no sólo gestarán “golpes blandos” –es muy ingenuo seguir pensando que lo que hicieron contra Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff sigue siendo su estrategia. Ahora dan golpes de Estado cruentos, con militares y policías, como pasó en Bolivia contra Evo el 2019, en el que asesinaron a 38 personas, o en Perú contra Castillo el 2022, en que ya se contabilizan 78 muertos.
