7/7/2023 (Ciudad de México). El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió como improcedente la denuncia contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y la directiva del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el desvío de 250 millones de pesos en 2016.
Con su sentencia, el máximo tribunal en materia electoral avala la resolución adoptada por el Instituto Nacional Electoral, el pasado 30 de marzo, y si bien reconoce que existe evidencia del desvío, señala que no hay elementos suficientes para comprobar que el dinero fue utilizado por el PRI en sus campañas electorales en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Presuntamente la dirigencia del PRI, con Manlio Fabio Beltrones a la cabeza, junto a la secretaría de Hacienda de Luis Videgaray, tejieron una densa red de empresas fantasma para realizar contratos simulados utilizados para financiar campañas electorales del partido en otros estados.
La “Operación Safiro”, como fue llamado este caso de corrupción política, desvío recursos públicos de los Estados de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y la Alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México, a través de 12 empresas fantasma involucrando a los gobernadores priístas Jorge Herrera Caldera de Durango, Claudia Pavlovich de Sonora y César Duarte de Chihuahua; los 250 millones de pesos rastreados únicamente corresponden al desvío de Chihuahua. César Duarte se encuentra preso en Estados Unidos con solicitud de extradición por parte de México, para enfrentar 21 cargos de corrupción, fraude, peculado y delito electoral, además del desvío de recursos públicos durante su administración.
El magistrado Felipe Fuentes expuso que el partido Morena, quien fue el denunciante, no confrontó los razonamientos dados por el INE, ni precisó de qué forma se podía llegar a una conclusión distinta, ni tampoco desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares. La decisión fue respaldada por los magistrados Mónica Soto, Indalfer Infante y José Luis Vargas, mientras que quienes votaron en contra fueron Janine Otálora y Reyes Rodríguez, planteando que el asunto debe regresar al INE para realizar una investigación más profunda, ya que este ha sido considerado como uno de los grandes escándalos de la corrupción frecuente en las altas esferas durante administraciones pasadas.
