Entre el 20 y 26 de mayo pasados, un nuevo episodio de terror tendría lugar en Jalisco, estado del Bajío mexicano azotado por la violencia y el crimen desde hace ya algunos años. En un periodo de tan sólo una semana, al flagelo de la desaparición con el que día con día viven las y los jaliscienses se le agregaron siete nuevas víctimas en el municipio de Zapopan, próximo a la ciudad de Guadalajara, capital del estado.
Llama la atención que todas las víctimas trabajaban en un mismo call center cuando desaparecieron y, sin embargo, sus desapariciones ocurrieron en momentos distintos. El primer caso fue el de Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, desaparecido el 20 de mayo; sin embargo, ésta sería registrada hasta el 23 de mayo, en conjunto con la de los hermanos Abigail y Carlos Valladolid Hernández, de 27 y 23 años, respectivamente. Un día después, el 24 de mayo, serían denunciadas las desapariciones de Arturo Robles Corona, de 30 años, y de Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37 años. Finalmente, el 26 de mayo, se reveló la desaparición de Mayra Karina Velázquez Durán, de 29 años, y la de Jorge Miguel Moreno Morales, de 28.
El miércoles 31, el horror sería coronado con el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos al fondo de una barranca en la colonia El Mirador, también en Zapopan, la cual rápidamente fue asociada al caso de los trabajadores del call center. En conjunto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) , la FGE llevó a cabo indagatorias para saber si los restos encontrados coincidían con los jóvenes del call center, confirmándolo el martes 6 de junio .
Debido a que las siete personas desaparecidas formaban parte de la plantilla de un mismo lugar de trabajo, las indagatorias de la FGE también han apuntado a la Finca “La Estancia”, lugar en el que se encuentran las instalaciones de este centro para llamadas. A pesar de que durante el cateo en el número 158 de la calle de Víctor Hugo las instalaciones ya se encontraban vacías, las autoridades hallaron en el lugar “marihuana, un trozo de tela con manchas rojizas, un trapeador con manchas rojizas, documentos y pizarrones con nombres de personas de nacionalidad extranjera, anotaciones de membresías o tiempos compartidos y metas económicas para lograrse”, sin especificar la cantidad de marihuana o la sustancia de la que se componían las manchas rojizas.
Trascendió que la FGE relacionaría este caso con una investigación mucho más amplia que el Departamento del Tesoro norteamericano ha llevado en nuestro país en contra de distintas empresas que operarían en Puerto Vallarta vendiendo “tiempos compartidos” falsos, principalmente a norteamericanos jubilados. Inclusive, en marzo de este año, de esta investigación se desprendieron sanciones para ocho empresas jaliscienses por el delito de fraude. Presuntamente, las empresas estarían ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los hallazgos de los pizarrones con nombres de personas extranjeras en la finca “La Estancia”, aunado a que dos de las víctimas tenían denuncias en su contra por el presunto delito de fraude, serían la base para que la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionara este caso con la red criminal investigada por el Departamento Norteamericano del Tesoro, concluyendo que el call center operaba “fuera del marco de la legalidad”.
Sin embargo, los familiares de las personas desaparecidas han llevado a cabo varias manifestaciones y pronunciamientos públicos en los cuales han denunciado la tendencia de la FGE y el gobierno del estado a criminalizar a las víctimas de desaparición mediante sus señalamientos y discursos públicos, lamentando que el gobernador Enrique Alfaro les trate de “delincuentes”.
Es posible que la indolencia del ejecutivo estatal vaya mucho más allá de los discursos criminalizadores. El doctor en sociología y académico de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plascencia, ha llevado a cabo un seguimiento de las cifras de desaparición que han sido registradas por el gobierno estatal; en entrevista para De Raíz señaló que las cifras han sido alteradas con la finalidad de reducir el costo político detrás de las desapariciones.
Según lo que apunta el sociólogo, al principio del periodo de Enrique Alfaro, el ejecutivo estatal mantuvo una actitud abierta y transparente frente a las cifras de desaparición, alimentando de manera sistemática y eficiente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL). Jalisco sería de las pocas entidades que registraron puntualmente sus altos índices de desaparición por lo que, apunta, “no calcularon que se quedaron solos en el registro, lo que implicó un alto costo político para la entidad”. A partir de entonces, el gobierno de Alfaro y la fiscalía “cambian la actitud frente a los familiares y las cifras”.
La posibilidad de que el gobierno estatal no esté registrando la magnitud del problema, aunado a la tendencia reciente a criminalizar a las víctimas antes que investigar los modus operandi de las desapariciones, resulta alarmante. Según el RNPDNL, en lo que va del periodo de Enrique Alfaro – que inició el 6 de diciembre de 2018 –, se han registrado alrededor de 15 mil desapariciones, situándose como la entidad con más casos hasta este mes de junio.
Según informó el gobierno federal, actualmente la Secretaría de Gobernación se encuentra trabajando en un censo que, de manera definitiva, permita conocer la magnitud del problema a nivel nacional. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que trabajarán con los gobiernos estatales, por lo que la veracidad de este nuevo registro podría verse afectada por la metodología seguida en estos niveles. En ese sentido, todo parece indicar que la presión para que el gobierno del estado y la FGE transparenten las cifras y asuman su responsabilidad debe provenir de la población jalisciense.
