23/02/2024 (Ciudad de México). Desde hace semanas representantes de organizaciones de los pueblos originarios, de grupos de ecologistas y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), están alertando de las graves consecuencias que tendrá la decisión del Congreso Nacional de modificar la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” del Perú, que está vigente desde el año 2015.

El pasado 10 de enero, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, un ex conductor de radio que incursionó en televisión ganando notoriedad hace años por entrevistarse a sí mismo sentado frente a un espejo, y cuyo nombre está en 59 expedientes de la Fiscalía peruana, promulgó la enmienda de la mencionada ley, que ahora permitirá la deforestación de selvas y bosques a fin de solicitar títulos de propiedad agropecuaria. De esa forma, se logra vulnerar la “Clasificación de Uso de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor del Suelo”, que era la única herramienta legal que tenían a las autoridades del Ministerio del Ambiente (Minam) para preservar las reservas forestales que aún le quedan al Perú.

En una pequeña muestra de decoro, cuando fue promulgado el cambio normativo, Albina Ruiz Ríos, por entonces ministra de Ambiente del gobierno de Dina Boluarte, declaró a los medios de comunicación: “La nueva Ley está hecha para las grandes industrias, con el agravante de que regulariza las actividades ilegales vinculadas a la deforestación, generando presión en el bosque en pie, emisiones de gases de efecto de invernadero y acelerando la pérdida de nuestro patrimonio natural”. Fue su última actuación pública, fiel a su estilo autoritario Boluarte la cambió inmediatamente por otro funcionario, de esos que no tienen problemas en “poner en pausa” sus principios a cambio de un jugoso sueldo.

La enmienda aprobada por los impopulares legisladores -según encuestas de percepción ciudadana, el Congreso tiene una desaprobación del 90%- desvincula del régimen de preservación ambiental las tierras declaradas como reservas forestales. Así proporciona el argumento a los abogados de los traficantes de madera para blanquear la tala ilegal de árboles que el Estado peruano venía persiguiendo y procesando en los tribunales. Esos procesos penales estaban avanzando por el sacrificio de 32 líderes indígenas ambientalistas, que fueron los que los iniciaron y que, en los últimos diez años, fueron asesinados por sicarios contratados por madereros y mineros ilegales.

La “Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana” (Aidesep) que aglutina a 2.439 comunidades nativas que viven en la Amazonía, ha denunciado que el Congreso y el actual Gobierno de Boluarte, están actuando al influjo de los grupos vinculados al negocio maderero, agrícola, minero y del transporte, y que la celeridad con que se aprobó la contrarreforma en el Parlamento genera sospechas de corrupción.

Lo terrible es que la nueva ley atenta contra la vida de numerosas especies animales, de la fauna muy rica en plantas medicinales, contra las reservas de agua dulce que serán aún más contaminadas, contra el hábitat de comunidades indígenas que viven en la Amazonía. Hay que recordar que Perú sólo el año 2022 perdió 144.683 hectáreas de selva y bosques, y que en los dos años anteriores (2020 y 2021) fueron cerca de 2.4 millones de hectáreas de superficies boscosas las afectadas.

¡Cuánta diferencia con otros países amazónicos! En Brasil, el gobierno de Lula da Silva ha logrado revertir la deforestación que fomentó su antecesor Jair Bolsonaro. En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa programas de protección de las selvas y de reforestación acelerada de las áreas verdes nativas.