20/07/2023 (Ciudad de México). La Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de un comunicado, la situación de las investigaciones en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón de 2006 a 2012, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico y pertenencia a delincuencia organizada.

En el documento, la FGR detalló que son tres órdenes las que se encuentran vigentes en contra de la mano derecha de Calderón. La primera es sobre su participación en el operativo “Rápido y Furioso”, entre 2009 y 2011, en el cual se introdujeron un aproximado de 2 mil 500 armas a través de la frontera norte de México con el propósito de rastrearlas hasta llegar a los narcotraficantes. Aunque, para desgracia de los mexicanos, las armas se perdieron en el camino y terminaron en manos de la delincuencia organizada causando miles de muertes.

La segunda se refiere por su complicidad en la construcción y operación de diversos penales federales, que fueron privatizados por el ex titular de seguridad y colaboradores durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La cifra defraudada en esta red de corrupción asciende a cerca de 64 mil 900 millones de pesos.

En último lugar, la FGR informó de 50 órdenes de aprehensión que se dieron a conocer el pasado mes de mayo por los contratos ilegales relacionados con el equipamiento de las cárceles federales. La cifra defraudada por las 50 personas, entre ellas, la esposa de García Luna, asciende hasta los 5 mil 112 millones de pesos en 10 contratos.

Además, la fiscalía detalló que varias de esas personas están vinculadas a proceso y se liberaron fichas rojas por la Interpol para quienes escaparon del país. Cabe recordar que estas órdenes de aprehensión son independientes a los otros dos procesos que enfrenta el exfuncionario. El primero, es el caso judicial en Nueva York, Estados Unidos, que lo encontró culpable de cinco cargos ligados al narcotráfico y por el cual espera el anuncio de su condena el próximo mes de septiembre. El segundo, el proceso de recuperación de bienes inmuebles que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pasado mes de febrero del año en curso, por la defraudación de 745 millones 879 mil dólares de recursos públicos, a través de 40 contratos con instituciones de seguridad pública.