Las distintas diócesis han recurrido al diálogo con la sociedad civil y los líderes locales para realizar un diagnóstico y una Agenda Nacional por la Paz.
01/05/2024 (Ciudad de México). El sábado 27 de abril se reportó en Morelos la desaparición de Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, quien habría impulsado que grupos criminales en la entidad acordaran una tregua para reducir la violencia. Tres días después, el lunes 29 de abril, el obispo fue hallado con vida en un hospital de Cuernavaca, capital morelense, aunque aún no se ha conocido mucho sobre sus condiciones de salud.
La Conferencia del Episcopado Mexicano únicamente ha comunicado que el sacerdote fue drogado para ser privado de la libertad durante tres días, además de haber sido víctima de robo. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), por su parte, apunta al secuestro exprés como el posible motivo de la retención ilegal del obispo.
Desde febrero de este año, el obispo honorario adquirió relevancia luego de darse a conocer que, en conjunto con los cuatro obispos regionales en Guerrero, habrían buscado una tregua entre los principales grupos criminales operando en el estado. Posteriormente, se daría a conocer que, en la región donde fuera obispo y ahora obispo honorario, Chilpancingo-Chilapa, se habría logrado el acuerdo entre los dos principales grupos criminales que operan ahí, Los Tlacos y Los Ardillos.
El obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, fue el que dio a conocer esta iniciativa. En una conferencia de prensa explicó cómo los religiosos consideraron necesaria su intervención luego de observar la violencia que sufren los fieles católicos: “nos han matado ministros de la comunión, nos han matado presidentes de la oración nocturna, nos han matado papás de acólitos, ya nos están tocando a nuestra gente, nuestros fieles, mayordomos, comisarios que sirven a la iglesia y a la comunidad, no podemos cruzarnos de brazos, nos da pena y tristeza que gente inocente esté siendo asesinada, no se puede más”, dijo el obispo.
Además, recientemente –el 28 de abril, mientras aún permanecía en cautiverio el obispo honorario de la misma región–, criticó que, hasta el momento, ningún contendiente en la entidad por algún cargo político se haya acercado a conocer las propuestas que el Episcopado Mexicano ha incluido como parte de la Agenda de Paz Nacional. Esto, a pesar de que los tres candidatos a la presidencia hubieran firmado el documento “Compromiso Nacional por la Paz” en Tlatelolco, en marzo de este año.
La Agenda de Paz Nacional es un documento que enmarca la reflexión colectiva promovida desde el Episcopado Mexicano sobre las necesidades para reducir la violencia en el país. Esta reflexión se observó como necesaria luego de que, en junio de 2022, fueran asesinados en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.
Independientemente de que es impulsada, en gran parte, por religiosos católicos, para llevar a cabo el documento se consultaron a actores clave en los distintos territorios mediante foros y mesas de diálogo. Así lo describe Karen Castillo Mayagoitia, directora del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC): “Se convocó a los foros de justicia y seguridad y se propuso que también en cada estado se hicieran foros de conversatorios. Fueron más de 1000 conversatorios y de foros”.
El objetivo de la Agenda Nacional para la Paz es reducir la violencia a través de la reconstrucción del tejido social. En los foros, fueron recogidas más de 300 buenas prácticas para llevarlo a cabo que han sido implementadas por la sociedad civil y las organizaciones eclesiales consultadas, las cuales quieren dar a conocer a los distintos actores sociales, incluyendo a los aspirantes a cargos populares.
Según lo que nos comentó en entrevista Karen, el asesinato de los jesuitas detonó este proceso debido a la indignación que provocó entre la población, no sólo por su muerte individual, sino “por lo que representan” los miembros de la Compañía de Jesús en México. Sin embargo, aunque este asesinato fue la coyuntura que formalmente da inicio al proceso, la directora del IMDOSOC nos habla de varios antecedentes que fueron necesarios.
De manera informal, varias organizaciones sociales vinculadas al proceso, incluyendo la que dirige Karen, habrían buscado el diálogo con el Episcopado de México desde mucho antes, al ver el incremento de la violencia en sus comunidades: “creo que, como muchas otras iniciativas de sociedad civil o de iglesia, etcétera, surgen a partir de una problemática, queriendo dar respuesta [a ésta], pero siempre deseando que no existiera”, describe.
Además, también resalta que varias iglesias y organizaciones eclesiales han tenido una relación positiva con los movimientos de víctimas, recordando el papel que los religiosos tuvieron en la conformación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero también en las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. Además, destaca que, en el proceso, también se ha invitado a otros credos a participar en la reconstrucción del tejido social, particularmente en la Ciudad de México.
La iglesia católica es un espacio lleno de contradicciones que, muchas veces, puede recordarnos a la dominación histórica de la Colonia. Sin embargo, iniciativas como la Agenda Nacional por la Paz nos recuerda también cómo puede ser un espacio desde donde múltiples actores buscan ayudar a su prójimo, tal como exige la doctrina cristiana. Además, también es una institución que, en muchos lugares, representa el único bastión de autoridad con una mínima legitimidad para no ser perseguido o atacado por las organizaciones criminales al buscar la pacificación o la negociación, tal como ocurría en Guerrero o Chihuahua hasta hace no mucho tiempo.
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