29/12/2024 (Ciudad de México). México se encuentra en una encrucijada tras el reciente fallo del panel internacional del tratado de libre comercio entre con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual determinó que las restricciones a la importación de maíz genéticamente modificado (GM) violan las disposiciones del acuerdo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó impuso estas medidas en 2020 bajo los argumentos de buscar proteger la biodiversidad del grano mexicano y a los consumidores frente a los presuntos daños a la salud provocados por el maíz genéticamente modificado y el uso de pesticidas.
Según la instancia de mediación internacional, el gobierno de México no logró demostrar con evidencia científica que el maíz transgénico dañe la salud de la población e instó a levantar las barreras comerciales para facilitar el acceso a su mercado interno. La intervención de este panel surgió a petición de Estados Unidos, y posteriormente Canadá, al argumentar que las restricciones mexicanas afectan negativamente sus exportaciones agrícolas.
Inicialmente, las empresas agroindustriales estadounidenses presionaron a sus legisladores para que estos, a su vez, exigieran al gobierno mexicano eliminar las restricciones al grano transgénico. Sin embargo, las medidas de protección se mantuvieron y ello llevó a que el diferendo se dirimiera en la instancia de mediación del T-MEC. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, destacó que el fallo evidencia el impacto perjudicial para las exportaciones de su pa{is de las políticas biotecnológicas de México.
La respuesta de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo mes de enero se impulsará la reforma constitucional “para darle la vuelta a la resolución” y prohibir de manera definitiva el maíz transgénico en el país. Además, Sheinbaum subrayó la importancia de proteger la biodiversidad y la salud de los y las mexicanas, afirmando que “si dejáramos que entrara el maíz transgénico, perderíamos esa riqueza biológica que viene de ese maíz”.
Esta reforma ya se encuentra en el Congreso mexicano y fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, por lo que estaría lista para pasar a su discusión en el pleno.
En este sentido, la bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados respondió al llamado de la presidenta y anunció que, pese a que el próximo periodo ordinario de sesiones comienza en febrero, desde enero comenzarán a trabajar en dicha iniciativa.
La reforma constitucional busca modificar los artículos 4 y 27 de la Constitución Mexicana, reconociendo al maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional, prohibiendo el maíz genéticamente modificado o transgénico para consumo humano y siembra, y destacando su relevancia cultural y nutricional en la dieta mexicana. Además, la iniciativa busca garantizar que el Estado fomente la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificadas.
Actualmente, México es autosuficiente en producción de maíz banco, el destinado para consumo humano. La siembra y producción de este grano incluso ha sido reforzada mediante programas federales como el de “Precios de garantía”, con el cual los productores tienen la certeza de poder vender a un precio mínimo el total de su cosecha. Sin embargo, en cuanto al maíz amarillo, destinado al forraje y alimento para el ganado, éste tiene una profunda dependencia con el grano estadounidense tras la firma en 1994 de la primera versión del tratado de libre comercio T-MEC, el llamado TLCAN. El Gobierno federal de aquel momento permitió una regulación comercial desfavorable para el campo mexicano. Así, mientras la producción nacional de maíz amarillo apenas logró un crecimiento del 28%, la importación de esta granó creció en 468% en las últimas tres décadas. En 1994, año de la firma del TLCAN, México no necesitaba importar un sólo grano de maíz.
