12/12/2024 (Ciudad de México). En 1948 todavía los horrores de la Segunda Guerra Mundial seguían presentes y algunos de los genocidas alemanes y japoneses estaban siendo juzgados en Nuremberg y Tokio. Fue en ese momento que la naciente Organización de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, instaurando el 10 de diciembre como “Día Internacional de los Derechos Humanos”.
Fue la revolución francesa de 1789, que estableció la primera noción sobre los derechos del hombre y del ciudadano, que estaba a tono con el liberalismo burgués que necesitaba mano de obra libre para las empresas capitalistas, no ya súbditos que trabajaban sólo para sostener a reyes vitalicios.
Desde aquel humanismo que se desarrolló todo el siglo diecinueve, que enfatizaba los derechos individuales, se fue pasando a otro humanismo en el siglo veinte, que reivindicaba a los grupos sociales subalternos y a los pueblos colonizados. Fue así que los derechos humanos, sin negar la individualidad, trascendieron hacia la importancia de lo colectivo, adoptando las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007, la “Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
El 10 de diciembre, la citada conmemoración fue motivo para que en México el gobierno humanista de Claudia Sheinbaum, firme el decreto que puso en vigencia la reforma a la Constitución que reconoce a plenitud los derechos indígenas. Recordemos que en el proceso denominado “Cuarta Transformación” (siendo la primera la independencia, la segunda la reforma liberal y la tercera la revolución mexicana) los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Sheinbaum, le han dado gran importancia a la participación de los pueblos originarios en el desarrollo económico, social y cultural de México, como una forma de superar los abusos e injusticias sufridas por esos pueblos desde la invasión y la Colonia española.
En el acto de promulgación, la presidenta Sheinbaum también anunció la conformación de la Comisión Presidencial para los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Mientras eso ocurría en México, en el otro extremo del continente las cosas eran completamente diferentes. En Argentina, en la víspera del día internacional de los derechos humanos, el gobierno de Javier Milei aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083, cuyo objeto es poner fin a la emergencia protectiva de la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas.
No es casualidad la elección de la fecha para lanzar semejante medida que interrumpe la vigencia de otra adoptada por el gobierno peronista en 2021, para evitar nuevos desalojos de tierras ocupadas por pueblos indígenas. Es parte de la denominada “batalla cultural” que libra el gobernante neofascista contra todo lo que signifique derechos colectivos.
Su decreto 1083, al dar por concluido el tiempo en que las comunidades originarias tenían protección del Estado, permite que puedan ser desalojadas por la fuerza pública, cuando en las regiones en que viven se asienten empresas mineras o petroleras extranjeras.
Esto forma parte del modelo económico de absoluta apertura a las inversiones extranjeras que pretende instaurar en Argentina. Javier Milei, que es neofascista en política pero ultraliberal en economía, hace un año puso en vigencia el “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones”. Las empresas tienen absoluta prioridad y están muy por encima de los rescoldos populistas, que es así como el actual presidente argentino se refiere a todo aquello que en su país se instauró como derechos sociales, pero que -según su análisis ideológico- terminan convirtiéndose en obstáculos para el crecimiento económico.
Sirvió también este día internacional de los derechos humanos, para mostrar las enormes diferencias que hay entre lo que se está haciendo en México y lo que está ocurriendo en Argentina.