05/12/2024 (Ciudad de México). Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue absuelto de dos acusaciones de violencia digital tras un fallo emitido por el juez Francisco Salazar Silva. El caso ha desatado indignación entre colectivas feministas y defensores de derechos digitales, quienes consideran que este desenlace refleja una falta de perspectiva de género en el sistema judicial mexicano. El caso se posiciona como uno de los primeros en México que vincula la violencia digital con el uso de la inteligencia artificial, subrayando los retos legales que esta tecnología plantea.
Diego “N”, de 19 años, fue acusado de alterar fotografías de compañeras de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del IPN mediante el uso de inteligencia artificial, simulando desnudos que posteriormente distribuyó y comercializó en canales de mensajería instantánea.
La acusación formal fue hecha luego de que en octubre de 2023, las autoridades encontraron al hoy imputado en posesión de una tableta con más de 166 mil imágenes y 20 mil videos, muchos de los cuales mostraban a mujeres de entre 17 y 25 años. Este material incluía contenido sexual explícito y representaciones gráficas no consentidas, creadas mediante herramientas tecnológicas avanzadas, de muchas de las también estudiantes del instituto. En total, hasta el momento 8 víctimas han presentado una denuncia formal ante el ministerio público, de las cuales sólo dos han avanzado a la etapa de juicio.
A pesar de la evidencia, el juez determinó que las pruebas no eran suficientes para establecer la culpabilidad de Diego “N”, ya que si bien es posible acreditar la existencia de un delito y de la afectación a las víctimas, no era posible acreditar la participación del imputado, sostuvo el juzgador. Este razonamiento, ha sido fuertemente criticado e incluso ha sido calificado como un acto de complicidad.
La aplicación de la Ley Olimpia
Por esta sentencia absolutoria, las víctimas y colectivas feministas consideran que la resolución omite el espíritu de la Ley Olimpia. Argumentan que, si bien la legislación es innovadora, su aplicación aún depende de una adecuada capacitación judicial y del fortalecimiento de las capacidades técnicas de investigación, especialmente en casos que involucran tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Además, han acusado al juez de replicar el “pacto patriarcal” al favorecer a Diego “N” en contra de la dignidad de las víctimas.
La Ley Olimpia, promulgada en varios estados de México desde 2018, penaliza la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, incluyendo la violencia digital como un delito. Su marco busca proteger la privacidad y dignidad de las víctimas en un entorno digital. En este caso, los activistas también han señalado que el fallo evidencia la resistencia del sistema judicial a aplicar una perspectiva de género y a reconocer plenamente la gravedad de los delitos digitales.
Diego “N” aún enfrenta otros delitos
Tras la sentencia absolutoria, la abogada de las víctimas, Valeria Martínez, anunció que apelará el fallo y que el próximo lunes se realizará una audiencia relacionada con una de las seis carpetas de investigación restantes. Las víctimas y colectivas feministas continúan demandando justicia, argumentando que este caso sienta un precedente preocupante sobre la violencia digital y la impunidad en México, y convocaron a nuevas movilizaciones.
Por su parte, Diego “N” permanece detenido en el Reclusorio Oriente debido a otros procesos penales pendientes, incluyendo uno por trata de personas, que involucra la posesión de material explícito de menores de edad, tipificado como pornografía infantil. Junto a estos delitos, también se espera el avance de las cinco carpetas restantes que continúan bajo revisión del ministerio público.
La resolución de este caso se da en el contexto del nuevo impulso desde el Gobierno Federal para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y la defensa de sus derechos humanos a través de la recién creada Secretaría de las Mujeres. Entre los objetivos de esta nueva dependencia está sensibilizar a todas las autoridades encargadas de brindar justicia para que apliquen una perspectiva de género en todos los delitos cometidos contra las mujeres.
