29/11/2024 (Ciudad de México). El senador morenista y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, adelantó que la bancada de Morena impulsará en los próximos meses la creación de la Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción. Esta iniciativa buscará establecer un marco legal robusto y uniforme para combatir la corrupción, una de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Identificada como uno de los peores males en la configuración del Estado y un problema que afecta tanto a la credibilidad de la gobernanza como a la sociedad en general, la propuesta de ley tiene como meta erradicar esta práctica que, de acuerdo con cálculos del Fondo Monetario Internacional, supone al menos el 2% del PIB nacional.
Tan sólo a pequeña escala, por la corrupción para realizar trámites vehiculares, en educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el costo de la corrupción en estos ámbitos es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PIB. Este porcentaje se incrementa conforme la corrupción logra penetrar en el ejercicio público de grandes presupuestos destinados a obras o servicios.
Objetivos de la propuesta de ley
Frente a este escenario, la ley anunciada por Corral tiene como objetivo principal unificar la política anticorrupción en todo el país, para lo cual buscará crear un sistema nacional que permita la colaboración de la federación con los estados. Además, se propondrán nuevas fiscalías y tribunales autónomos especializados en la materia, mismos que tendrán principios, lineamientos, directrices y perfiles homologados para que puedan actuar con eficacia en la investigación y sanción de casos de esta práctica en pequeña y gran escala.
Con el robustecimiento de los mecanismos para castigar la corrupción, la propuesta no se basa necesariamente en aumentar las penas ni impulsar castigos más severos con la finalidad de hacer un escarmiento social, sino de garantizar que todo acto de corrupción sea sancionado sin importar quien lo cometa. Es decir, erradicar también la impunidad, principal alimentador de la corrupción.
“Pero no nos engañemos, enfrentar la corrupción no es, ni será nunca una tarea sencilla, se trata de un enemigo acechante que no sólo se defiende, sino que ataca. Las amenazas, las represalias y la criminalización de su labor son una realidad que afecta a quienes se atrevan a enfrentarlo”, afirmó durante el anuncio de la propuesta Javier Corral en la VII Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, realizada en Morelos.
La estrategia anticorrupción de Sheinbaum
La propuesta tiene su base en la política de cero tolerancia a la corrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para esta estrategia, la mandataria ha señalado ochos ejes, mismos que retoman la propuesta anunciada por Corral. En este sentido, se destaca que el hoy senador formó parte del equipo de Claudia Sheinbaum para la realización de los “Diálogos por la Transformación”. Durante este tiempo, Corral fue instruido por la hoy presidenta para encabezar diálogos con la sociedad civil, la academia, el empresariado y los principales actores anticorrupción para recoger las propuestas anticorrupción y así robustecer dichos ejes.
Entre ellos se encuentran la creación de una Agencia Federal Anticorrupción y de un modelo nacional para investigar delitos de corrupción. Además, convoca a todos los órdenes de gobierno a realizar un acuerdo nacional para un buen gobierno y así coordinar mejor las acciones en esta materia. En cuanto al ejercicio presupuestal, los ejes consideran mejorar la transparencia en contrataciones públicas. Finalmente, también se advierte una reforma profunda de las corporaciones policíacas, las procuradurías y fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial, a nivel federal y local, para enfrentar la corrupción en cadena en las esferas de seguridad y justicia.
Una muestra de este combate directo a la corrupción del ejercicio de gobierno se dio recientemente con la Operación Enjambre, en la se detuvo a siete funcionarios públicos municipales en el Estado de México acusados de tener vínculos con organizaciones delictivas. Esta operativo se logró con la colaboración de instancias federales y estatales, demostrando la eficiencia de la capacidad combinada de estas instituciones.
