25/11/2024 (Ciudad de México). Luego de una reunión de trabajo y acuerdos con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron que la fecha para elección judicial se mantendrá para el 1 de junio de 2025, desistiendo así de su solicitud para que ésta se pospusiera tres meses.
Una semana a atrás, el INE había solicitado una prórroga debido a la magnitud y complejidad del proceso electoral judicial que implicará la elección de 881 cargos judiciales mediante el sufragio directo. La solicitud se basaba en la necesidad de más tiempo para garantizar la correcta organización y ejecución del proceso, especialmente considerando los retrasos causados por suspensiones judiciales y amparos interpuestos por grupos opositores.
Sin embargo, tras las reuniones con Gobernación y representantes del Congreso, los consejeros del INE decidieron desistir de la solicitud de prórroga. Para cumplir con los plazos establecidos, el órgano electoral ha aprobado un Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario, que incluye 380 actividades clave, entre las que se encuentran la preparación de la elección, la convocatoria y postulación de candidaturas, la jornada electoral, el cómputo de votos, la asignación de cargos y la calificación y declaración de validez de los resultados.
La decisión de desistir de la solicitud de prórroga ha generado diversas reacciones. Algunos sectores han elogiado la determinación del INE de cumplir con los plazos establecidos, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre la capacidad del instituto para organizar el primer proceso electoral de este tipo en un tiempo limitado.
Como presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña había adelantado que ésta prórroga era muy difícil ya que “aparentemente parece ideal, pero no es lo conveniente, genera un cúmulo de dificultades, cambios de fecha, tratar de hacer un cambio a la Constitución, serían muchas las complicaciones, y el propio órgano electoral apretando y haciendo un esfuerzo grande tiene condiciones de sacar la elección el primer domingo de junio de 2025”.
Cierra plazo para inscripción de aspirantes
El pasado 24 de noviembre concluyó el plazo para la inscripción de aspirantes a la elección judicial. En su conjunto, este proceso ha sido un éxito rotundo, con más de 30 mil personas registradas para participar en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el alto número de inscripciones, destacando que este proceso demuestra el interés y la participación activa de los ciudadanos en la construcción de un Poder Judicial más transparente y eficiente. “Fue todo un éxito, algo inédito, histórico, la inscripción de personas para ser parte del Poder Judicial”, declaró.
Sin embargo, a detalle es posible ver una disparidad en las postulaciones recibidas por cada uno de los tres poderes de la Unión. El proceso de inscripción se realizó a través de tres comités de evaluación correspondientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De acuerdo a las cifras dadas a conocer, el Poder Ejecutivo recibió 18 mil 447 solicitudes; 10 mil 862 de hombres y 7 mil 585 de mujeres. Por su parte, el Legislativo confirmó la recepción de 11 mil 904 solicitud a reserva de confirmar los medios alternos de registro. Por último, el Poder Judicial recibió 3 mil 460 solicitudes, cifra muy debajo de los 5 mil 410 registros considerados como meta para cada comité.
Con el cierre de la inscripción, los comités de evaluación ahora procederán a revisar la documentación presentada por los aspirantes. Este proceso de depuración y selección continuará hasta el 15 de diciembre de 2024, cuando se anunciarán los candidatos que pasarán al siguiente filtro.
La baja cifra en la recepción de solicitudes ante el Poder Judicial ha sido vista como un signo de desconfianza ante el mismo poder que se busca reformar y limpiar de corrupción mediante este nuevo proceso democrático. La desconfianza no se ha debido únicamente al actuar de los jueces, magistrados y ministros respecto a lo cuestionable de algunas de sus resoluciones o los lujos que gozan con cargo al erario, sino también por su abierta confrontación al intentar impedir que se concretara la reforma al poder judicial y ahora a su implementación.
A este rechazo en el proceso electoral para el Poder Judicial se suma la renovada participación de obispos y sacerdotes de la iglesia católica, una de las más amplias en México. A lo largo del país, en una serie de misas durante las últimas semanas, los clérigos se manifestaron en contra de la realización de estos comicios e incluso invitaron a jueces y magistrados a los recintos religiosos bajo la idea de orar “por los integrantes del Poder Judicial Federal y por las consecuencias que conlleva la reforma judicial que vulnera los derechos y la carrera judicial, para que el espíritu obre en la paz de nuestra nación”.
Esta acción, al mostrar un abierto activismo político en contra de la reforma judicial vigente, viola los Artículos 14, 21 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, los cuales prohíben la injerencia del poder eclesiástico en el poder político de México.
