22/11/2024 (Ciudad de México). El previsible endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, que ha amenazado con un programa de deportaciones masivas, será respondido por México con la verdad y con datos reales sobre el aporte productivo y social de las y los ciudadanos de origen mexicano que viven en el vecino del norte.
A manera de antecedentes recordemos que, durante las elecciones estadounidenses, el magnate Trump, desplegando uno de los componentes ideológicos del neofascismo, convirtió a la población migrante en una especie de “enemigo público”, que no sólo pone en riesgo las fuentes laborales de trabajadoras y trabajadores nacidos en Estados Unidos, sino también la seguridad ciudadana de la población.
Bulos trumpistas (como ese de que “se están comiendo a nuestras mascotas”) que fueron difundidos por las plataformas digitales que le respaldan, fundamentalmente X de propiedad de su multimillonario aliado Elon Musk, incentivaron la xenofobia y el racismo, volcando luego ese estado de ánimo a las urnas. Así fue imponiendo su agenda contraria a los migrantes en el pensamiento cotidiano (eso que el marxista italiano Antonio Gramsci llamó el “sentido común”) de la ciudadanía, y la administración del Partido Demócrata en la Casa Blanca, en vez de disputar con ideas propias ese sentido común, terminó asumiéndolo.
En sus primeros años de gestión (2021-2022), el presidente Joe Biden trató de revertir las medidas duras que había adoptado la administración Trump, pero se encontró en minoría en el Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Representantes. Al quedar en el camino varias de sus promesas electorales, como aquella de reformar el obsoleto sistema migratorio estadounidense, el año 2024 dio un giro hacia la derecha, tratando de mostrarse como un comisario de la frontera sur, estricto y justo, pero comisario al fin. Ya podía decirse, desde entonces, que el programa radicalmente regresivo de los republicanos había triunfado.
México se ha caracterizado, a lo largo del proceso de la Cuarta Transformación -que comenzó el 2018 con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y continúa hoy en la presidencia de Claudia Sheinbaum- por el respeto a los derechos humanos, y ha exigido el mismo trato respetuoso de su poderoso vecino del norte.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una postura, que no interviene en la soberanía de cada país, pero que es de defensa de los derechos de millones de mexicanos de origen que viven, con distintos status migratorios, en Estados Unidos. Durante el acto de aniversario de la revolución mexicana, efectuado en el Zócalo capitalino, pronunció la mandataria las siguientes palabras: “Nuestros paisanos y paisanas son héroes y heroínas, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México, pero también, que se escuche bien y fuerte, contribuyen a la economía de Estados Unidos”.
Un día antes, la presidenta recalcó los beneficios del Tratado comercial norteamericano, entre México, Estados Unidos y Canadá. También en ese momento, Sheinbaum enfatizó que: “No estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales”.
En respaldo de esta postura humanista, están los convenios internacionales que reconocen el derecho a la movilidad humana, como la “Declaración para los Refugiados y Migrantes”, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2016. En ese momento, quien estaba al mando en Washington era Barack Obama del Partido Demócrata, que instruyó a su representante permanente ante la ONU, Samantha Power, que no se opusiera a la aprobación del documento.
La Declaración contiene a lo largo de sus 27 páginas, todo un catálogo de obligaciones de las naciones, así como de derechos tanto de los refugiados como de los migrantes, a los que podría acudir México, a la hora de defender de abusos a sus conciudadanos.
Indudablemente, el tema migratorio será un eje de tensiones binacionales, en el próximo período que arrancará el 20 de enero de 2025, cuando Trump asuma el mando en Washington, Marco Rubio sea posesionado como Secretario de Estado y Tom Homan asuma como encargado plenipotenciario de fronteras.
