Vocera de los trabajadores del poder judicial compromete las resoluciones conforme a derecho para afectar al gobierno federal.
15/10/2024 (Ciudad de México). Ante el avance del proceso para someter a votación popular los cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), las amenazas por parte de los trabajadores que se oponen a esta elección suben de tono e incluso comprometen la independencia judicial por la cual afirman luchar.
Recientemente, Patricia Aguayo, secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y vocera de una parte de los trabajadores del Poder Judicial, afirmó en una entrevista que si se continúa con la elección judicial, el siguiente paso en su protesta podría ser un “boicot” a las sentencias emitidas por los juzgadores. De acuerdo a Aguayo, esta estrategia consistiría en realizar “intervenciones en asuntos de interés fundamental y prioritario, inclusive de orden económico para el Gobierno Federal”.
Al ser cuestionada sobre si estas intervenciones afectarían casos de impuestos u órdenes de aprehensión, Aguayo indicó que probablemente no serían de esa magnitud, pero que sí buscarán ser una forma de “intervencionismo” que incomode al gobierno.
La declaración de la vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha sido vista como una prueba de la parcialidad con la que actúa esta autoridad, dispuesta a no dictar sentencias conforme a derecho, sino de acuerdo con sus intereses políticos, evidenciando que no se defiende la autonomía del sistema judicial sino los privilegios de los que gozan dentro de él.
Aguayo afirma que la huelga se mantiene
Junto a la polémica suscitada por sus declaraciones, este lunes la Patricia Aguayo afirmó que los trabajadores del Poder Judicial aún no regresarán a trabajar, pese a que la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (JUFED) decidió terminar este sábado 12 de Octubre con el paro de labores iniciado en agosto pasado por la reforma judicial ya vigente.
La vocera señaló que su huelga terminará únicamente cuando “el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) nos garantice nuestras prestaciones”, por lo que las instalaciones de juzgados y tribunales continuarán cerradas.
La semana pasada, luego de restablecer el diálogo con el Poder Legislativo, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversas resoluciones con miras a la transición entre los actuales juzgadores y los que sean electos en los comicios del 1 de Junio de 2025. Entre estas medidas se encuentran aumentos salariales, liquidaciones, indemnizaciones, retiros voluntarios, así como garantías de no responsabilidad por las consecuencias de la suspensión de labores.
Por otra parte, conforme a los mandatado por la Constitución, el Senado de la República, mediante insaculación, determinó cuáles serán las 850 plazas que serán sometidas al voto popular en 2025. Esta cantidad representa la mitad del total de juzgadores federales. La segunda parte será electa en 2027, por lo que los actuales juzgadores y juzgadoras seguirán en funciones.
