08/10/2024 (Ciudad de México). En Tegucigalpa, la presidenta Xiomara Castro felicitó a las autoridades judiciales y policiales que capturaron al presunto autor material y a cómplices del asesinato del regidor campesino municipal de Tocoa y defensor de la naturaleza, Juan López.
López murió el pasado 14 de septiembre, al ser acribillado cuando salía de una reunión comunal en una iglesia, poco después de que en su informe ante los asistentes pidiera la renuncia del alcalde de Tocoa, por efectuar negocios ilícitos con narcotraficantes en la zona, que a su vez manejan grupos de sicarios que defienden a las corporaciones mineras.
López, como integrante del “Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos” de la región tocoeña, se oponía al extractivismo minero que depreda los bosques y contamina las aguas en el departamento de Colón. Era un referente muy respetado en las comunidades campesinas locales, por su defensa de los derechos individuales y colectivos. Dedicó infatigables esfuerzos para la protección del Parque Nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”, y de los ríos Guapinol y San Pedro, que en la infancia de Juan tenían aguas cristalinas, pero que se habían convertido en turbias por la enorme contaminación ocasionada por las actividades extractivas.
El Comité de Defensa había logrado establecer, en base a documentación obtenida con mucha dificultad de las instituciones que otorgan permisos de explotación de recursos naturales no renovables, que la denominada “Empresa Minera de Inversiones Los Pinares” obtuvo de manera ilegal concesiones sobre tierras destinadas a la reforma agraria. Los Pinares fue constituida en realidad como una fachada del Grupo “EMCO Holding”, que es una corporación siderúrgica que tiene inversiones en otros países de Centroamérica, como Panamá y El Salvador, donde también ha tenido conflictos con las comunidades campesinas.
Luego de averiguar que estos poderosos intereses empresariales, de manera oculta,pagaban a cambio de colaboraciones a algunas autoridades locales, entre ellas al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, el Comité procedió a denunciar al edil y pedir su dimisión. Fúnez era un poderoso alcalde, que fue cercano al partido “Libre”, actualmente en el gobierno hondureño y que, al conocerse estas denuncias, lo desvinculó inmediatamente de sus filas partidarias. El Comité también denunció que civiles armados amenazaban a campesinos cuyas tierras quedaban cerca del Parque Nacional, advirtiéndoles que “no se atrevieran a molestar”.
Para más datos sobre esta oscura triangulación de intereses, en el momento en que Juan López era asesinado, al alcalde Fúnez lo investigaba el Ministerio Público por una acusación del año 2013, cuando supuestamente mantuvo una reunión con narcotraficantes del cártel de Los Cachiros, que operan en el departamento de Colón y que le entregaron dinero.
Todo va encajando con las detenciones que acaba de efectuar la policía y la Fiscalía.Al presentar a dos de los detenidos, cuyos nombres son Oscar Alexi Guardado Alvarenga, de 27 años, y Lenin Adony Cruz Munguía, de 30 años, el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, afirmó que ambos pertenecen a una estructura criminal dedicada al sicariato y que fueron contratados para asesinar al defensor de la naturaleza.
Juan López era continuador de la lucha de Bertha Cáceres, una indígena lenca ambientalista y feminista, que fue asesinada el año 2016 dentro de su propia casa, también por la labor de defensa de las comunidades de labriegos que realizaba.
