04/10/2024 (Ciudad de México). Durante los últimos días, el Congreso de la República declaró como constitucional la reforma a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna, los cuales se relacionan con la Guardia Nacional y la definición de los límites y facultades del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina Nacional en el cumplimiento de labores de seguridad pública e interior. Como parte de las reformas, se contempla el traslado formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la institución que administra y rige tanto al Ejército como a la Fuerza Aérea Mexicana.
La Guardia Nacional (GN) es la medida que el gobierno de la Cuarta Transformación ofreció para atender los problemas de seguridad pública que existen en México. La reforma que la creo fue expedida en el año 2019 y, originalmente, preveía un mando compartido entre dos secretarías: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que se encargaría de la administración, infraestructura y capacitación, y la SEDENA, que se enfocaría en los aspectos de disciplina y jerarquía de los cadetes que integran el cuerpo.
Originalmente, el mando compartido sería temporal y se programaba trasladar por completo la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , garantizando así su configuración como una corporación civil. Sin embargo, en el año 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expidió un decreto que trasladaba la GN a la SEDENA en su totalidad, lo cual fue criticado por múltiples actores y, finalmente, invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que era necesario una reforma constitucional para hacer este movimiento.
Pero la discusión de trasladar la totalidad de la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional se retomó durante el mes de septiembre, una vez que el partido del presidente, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y sus aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, además de contar con los votos necesarios entre miembros de los partidos opositores para alcanzarla también en el Senado de la República. Luego de su aprobación en el Congreso de la República y el respaldo de los congresos locales necesarios, el presidente AMLO firmó la reforma en su última mañanera del 30 de septiembre, con lo cual su paso a la SEDENA se convirtió en una realidad.
No obstante, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se ha observado por críticos como una traición a la lucha en contra de la militarización que se desarrolló desde en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la cual también fue reivindicada por el propio AMLO. Sin embargo, tal como el expresidente señaló en múltiples ocasiones, considera que cometió un error al contemplar el retiro de las fuerzas armadas de la seguridad pública. Así, una vez llegado al poder, observó como necesario recurrir a la Secretaría de la Defensa Nacional para conformar la fuerza federal emergente.
De hecho, desde el inicio, la gran mayoría de los cadetes de la Guardia Nacional provenían del Ejército o de la Marina, lo cual también conllevó problemas asociados a las condiciones laborales de los cadetes. Esto porque la transferencia de estos elementos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana–una institución de reciente creación– generaba incertidumbre sobre sus prestaciones y reconocimientos, los cuales siempre han sido incentivos para la permanencia de los cadetes en las fuerzas armadas. Los propios reclutas de la Guardia Nacional habrían expresado su preocupación por ello en múltiples ocasiones, incluyendo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó su transferencia en 2023.
Otro de los problemas a los que se enfrentaba la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana era que implicaba dejar de contar con la infraestructura y los espacios para albergar y entrenar a los más de 100 mil elementos que ya conforman parte de esta corporación emergente. De tal suerte, la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional también busca resolver estos problemas asociados a la operación y administración de una corporación tan grande. La capacidad que tiene la SEDENA para consolidar a la Guardia Nacional se observó a lo largo del sexenio del presidente AMLO, considerando que la mayoría de los espacios en los cuales se instalaron sus cuarteles fueron donados o construidos por esta secretaría.
Aunado a ello, también fue evidente la necesidad de contar con los elementos provenientes de las fuerzas armadas para conformar a la nueva corporación, pues difícilmente hubiera sido viable reclutar a por lo menos 100 mil civiles que estuvieran dispuestos a enfrentar los dilemas de la seguridad pública que enfrenta nuestro país, sobre todo los relativos a los grupos del crimen organizado que aún se observan como una verdadera amenaza.
Para explicar la dificultad de reclutar los civiles necesarios, el expresidente constantemente recurrió al ejemplo de la extinta Policía Federal creada durante el sexenio de Felipe Calderón, la cual sólo logró reunir unos 40 mil elementos, de los cuales casi la mitad correspondía a personal administrativo. Es decir, el reclutamiento de la corporación civil no logró reunir ni el 50% del personal con el que actualmente cuenta la Guardia Nacional, lo cual hubiera dificultado su distribución en todo el territorio.
Finalmente, habría que considerar nuevamente la opción de que elementos de las fuerzas armadas sean transferidos a una corporación civil y el riesgo de su corrupción. Las corporaciones civiles que integraron a elementos del Ejército en sus filas en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón se corrompieron, lo cual evidenció el problema de alejar del control militar a sus elementos.
Como ejemplos, pueden recordarse aquellos elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) que fueron transferidos a la extinta Policía Judicial Federal (PJF) en Tamaulipas que después fundarían Los Zetas, la organización criminal considerada como “la más sangrienta” de México. Otro ejemplo es el de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la cual hacia sus últimos años estaba conformada casi exclusivamente por militares transferidos y cuyos elementos fueron cooptados por el Cártel de Sinaloa, como se demostró en un video filmado por ellos en Acapulco, Guerrero, en el cual torturaban y asesinaban a integrantes de Los Zetas en nombre de aquella organización.
La transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA no busca la militarización de la seguridad pública, pues ésta ya existe en la práctica: no sólo porque la Guardia Nacional se encuentra de facto bajo control de esta secretaría, sino por la permanencia de las fuerzas armadas desplegadas en los territorios que representan un foco de violencia asociada al crimen organizado, permanencia que la gran mayoría de los sectores sociales observa como necesaria. Por el contrario, la reforma busca la regulación de su actuar en adelante, así como dotar a la Guardia Nacional de la infraestructura y capacidades necesarias para su consolidación, lo que incluye sus funciones como primer respondiente, entre otras adecuaciones legales necesarias.
