Que sean estos personajes quienes se articulen para oponerse a la reforma al Poder Judicial Federal evidencia que ésta representa el fin de un régimen.
27/09/2024 (Ciudad de México). En la misma semana, dos personajes clave del proceso conocido como “transición democrática” salieron en la defensa del Poder Judicial Federal (PJF) ante la reforma recién aprobada en el Congreso de la República. Se trata del expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León y del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna.
Como se recordará, la reforma al Poder Judicial Federal incluye varias medidas que modificarán la logística y la distribución del poder hacia su interior, iniciando porque los juzgadores serán electos mediante el voto popular. También se modificará la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pasando de 11 a nueve ministros, además de reducir sus sueldos y permanencia en el máximo órgano judicial. Finalmente, se eliminará el órgano dedicado a la administración y la disciplina judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para ser sustituido por un Tribunal de Disciplina y un órgano administrativo.
El expresidente Ernesto Zedillo ha repetido en diversos medios de comunicación que, con la reforma al Poder Judicial Federal se pone en peligro “la independencia” de los jueces y, con ello, la democracia en sí. Al respecto, es perfectamente entendible que el expresidente Zedillo se oponga a una reforma que lo que busca es, precisamente, modificar la gestión y administración de lo que él y sus cercanos consideran “un legado”: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal, los cuales fueron objeto de una reforma en su sexenio que fue propuesta apenas a cinco días de su nombramiento como presidente, el 6 de diciembre de 1994.
La reforma fue aprobada en menos de un mes por las facciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Congreso. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue cerrada durante un mes y sus ministros fueron jubilados de manera prematura. Aunado a ello, la reforma definió la manera en la que, en adelante, serían electos los ministros – mediante terna presidencial y electa por el Senado de la República–, además de haberse creado el Consejo de la Judicatura Federal como el organismo que se encargaría de vigilar a los juzgadores.
A pesar de lo que representó en su momento la existencia de un órgano encargado de la vigilancia al Poder Judicial Federal para el avance democrático, el Consejo de la Judicatura Federal heredó uno de los vicios de un poder tan vertical y centralizado: que su órgano vigilante estaba presidido por la misma persona que estaba al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente, por lo que éste era juez y parte en lo que respecta a la disciplina de las y los juzgadores.
Aunque Zedillo llegó al poder por el PRI, considerado el partido de Estado, representó un papel central para el cambio partidista que ocurriría luego de su gobierno, en el año 2000, cuando Vidente Fox Quesada llegara a la presidencia postulado por el PAN, un partido aún más a la derecha que el PRI en el espectro político. Esto gracias a la reforma electoral que promueve en 1996, la cual modificó las reglas del juego en el acceso al poder, posibilitando que una fuerza política que aún se diferenciaba del PRI llegara a la presidencia. Debido a ello, esta reforma fue catalogada como “definitiva” por el propio expresidente Zedillo.
Como muchos, Zedillo identifica en la reforma al Poder Judicial Federal una venganza por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, casi un capricho del mandatario porque el Poder Judicial Federal – en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación– no habría resuelto en favor de la Cuarta Transformación. Pero, para hacer este tipo de suposiciones, habría que ignorar la evidencia de que el poder que el propio Zedillo ayudó a consolidar funciona sistemáticamente en favor de las élites políticas y económicas de México. Dentro de esta evidencia podemos enumerar el negocio del amparo fiscal, la emisión sistemática de fallos en favor de delincuentes de cuello blanco en momentos clave y la oposición a reformas que han buscado regresar el papel rector del Estado mexicano en rubros estratégicos para la economía, entre otras.
Esta tendencia a beneficiar a las élites característica del Poder Judicial Federal (entre otros síntomas) inspiró una lectura alternativa a la de la “transición democrática” entre los círculos de la prensa independiente y la política de oposición: que las reformas de Zedillo y el ascenso del PAN representaban un nuevo pacto entre las élites. Pacto que, aunque permitió la entrada de nuevos actores a la esfera de la política nacional, éstos se limitaron a los sectores empresariales y académicos de élite, incluyendo en este último grupo a la élite judicial que ocupó un lugar preponderante en la legitimación del nuevo orden.
Pero Genaro García Luna, el otro defensor del Poder Judicial Federal de los últimos días, también ocupó un lugar clave en ese nuevo pacto de élites, particularmente en el rubro de la seguridad. Fue precisamente en el sexenio de Zedillo cuando despega su carrera como “especialista” en seguridad e inteligencia, pasando de ser un agente de poca monta en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a ser el jefe de información en la Policía Federal Preventiva, una vez que fue creada por Ernesto Zedillo en 1999.
El funcionario de seguridad, además, sobrevivió al cambio de partido en la presidencia, en parte porque pudo acercarse a Martha Sahagún, la entonces futura esposa del presidente Vicente Fox, a quien convenció a partir de presentarle información que había recopilado para beneficio de la campaña del candidato priista para las elecciones presidenciales del año 2000, Francisco Labastida Ochoa. Según el periodista Francisco Cruz, sería este acto de pleitesía a la pareja del presidente panista lo que le valió la encomendación para desarticular a la corrupta Policía Judicial Federal y sustituirla por la “moderna” Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2001.
A su vez, el papel de García Luna en la AFI le permitiría ser llamado por el también panista Felipe Calderón Hinojosa en 2006 para estar al frente del cargo más importante en seguridad: la Secretaría de Seguridad Pública, con lo cual también estuvo a cargo de coordinar las acciones de todas las instituciones de seguridad para la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” que inició Calderón a escasos días de haber tomado protesta.
Conocemos de sobra el desenlace de esta historia: García Luna está esperando una condena luego de haber sido declarado culpable por cinco delitos federales en una corte de Nueva York, Estados Unidos, incluyendo narcotráfico internacional. Pero García Luna construyó una red desde su posición privilegiada para extorsionar y controlar políticamente a distintos funcionarios, mediante el control de información comprometedora. Como resultado, García Luna también sería protagonista de una compleja trama de desvío de recursos provenientes del erario dirigido originalmente a la construcción de penales privatizados durante el sexenio de Felipe Calderón que podría ascender a más de 600 millones de dólares.
Debido a ello, no resulta sino incriminatorio para el Poder Judicial Federal que sea precisamente García Luna uno de sus últimos defensores, sobre todo considerando que el exsecretario calderonista pertenece a esas élites beneficiadas sistemáticamente por este poder. Aquí conviene recordar cómo el mismo día en el que recibía una declaración de culpabilidad en Estados Unidos, el Poder Judicial descongelaba las cuentas bancarias de su esposa, Linda Cristina Pereyra.
Tanto Zedillo como García Luna representan dos bastiones del régimen neoliberal, Zedillo, al abrir el camino a las nuevas élites anteriormente no incluidas en la llamada “clase política”; García Luna, al definir el marco institucional en el que habrían de actuar las corporaciones civiles de seguridad en los años por venir, la cual estaba marcada por la arbitrariedad y la ilegalidad. Mientras tanto, la reforma al Poder Judicial Federal representa la caída de ese régimen neoliberal, tal como la derecha ha confesado, aunque para ellos represente “el régimen de la transición democrática”.
