12/09/2024 (Ciudad de México). Uno de los argumentos más reiterados en contra de la Reforma al Poder Judicial Federal que acaba de ser aprobada en el Senado es que ésta acabará con la carrera judicial, como se le conoce al mecanismo mediante el cual los distintos aspirantes a ser notario, secretario, juez o magistrado compiten y se evalúan para acceder a estos cargos.
Es decir, para aspirar ingresar a la Carrera Judicial, es necesario competir mediante un concurso de oposición en cada rango, a fin de elegirse entre los mejores evaluados. Sin embargo, tal como fue aprobada la reforma al Poder Judicial Federal, los juzgadores ya no competirán a través de concursos de oposición, sino mediante la elección por voto directo, por lo que, en definitiva, el mecanismo por el cual los distintos cargos son disputados se modificará.
Más allá de hablar de los componentes de la reforma que buscan no perder el carácter profesionalizado (como la experiencia o las competencias académicas mínimas requeridas para ser electo), conviene preguntarnos si el argumento del peligro en la carrera judicial como el mayor baluarte y garantía de la independencia y honestidad tiene sentido. Empezando porque, en la práctica, el ingreso a la carrera judicial está muchas veces condicionado por los contactos o familiares que uno posea dentro del propio poder judicial, lo que muchas veces se engloba en el término nepotismo.
Esto no podría ser de otra forma, considerando que, hasta 2022, existían al menos 6 mil redes familiares al interior del Poder Judicial Federal. Las cifras en éstas varían de los dos hasta los 65 integrantes de una misma línea familiar, con vínculos que llegan hasta el quinto grado. Aunado a ello, 57% de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y actuarios reconocieron tener parientes en trabajando en el Poder Judicial Federal, muchas veces contratados por ellos de manera directa.
A pesar de estas cifras, el mecanismo que representa la “carrera judicial” se presume como uno “objetivo” y completamente basado en “el mérito”, lo que implica que existe igualdad de oportunidades para todas las personas que buscan ingresar al Poder Judicial Federal en cualquiera de sus cargos, entre secretarios, oficiales, actuarios, jueces y magistrados.
Sin embargo, considerar que el voto directo acaba con esos mecanismos meritocráticos como una razón para estar en contra de la reforma al Poder Judicial Federal es, hasta cierto punto, ingenuo, pues la defensa de la carrera judicial parte de presupuestos que, en la práctica, no se cumplen, o al menos, no lo suficiente para garantizar la independencia de los juzgadores.
El problema podría radicar directamente en la manera en la que se configura el Poder Judicial Federal, ya que el organismo encargado de la carrera y la disciplina judiciales, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no es autónomo, pues la misma persona que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preside también este órgano. Es decir, en la actualidad, Norma Piña es juez y parte de lo que se refiere a las contrataciones, disciplina y sanciones al personal de la judicatura.
En ese sentido, conviene voltear a ver otro de los componentes de la reforma que no están directamente relacionados con el voto directo de los juzgadores y que se ha discutido muy poco en la opinión pública: la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por dos órganos, el Tribunal de Disciplina encargado de la observancia del trabajo del personal judicial, por un lado, y, por otro, un órgano administrativo que se enfoque en labores relativas a la distribución y la economía de los juzgados. Esta medida implicaría un avance en materia de independencia judicial, ya que la duplicidad de las funciones en el o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representaba un problema para ésta.
Recientemente, una investigación del medio Quinto Elemento Lab evidenció cómo la gran mayoría de delitos y faltas cometidas por los integrantes del Poder Judicial Federal permanecen impunes, ya que, en 24 años, el Consejo de la Judicatura Federal sólo emitió 23 denuncias ante la Fiscalía y, de éstas, ninguna concluyó en una sentencia condenatoria.
También hubo pocos casos de destitución, la medida más severa que puede imponer el Consejo de la Judicatura Federal a los juzgadores que cometan delitos o faltas en su labor. Así, entre los años 2000 y 2023, sólo fueron destituidos 22 jueces y ocho magistrados, lo que representa una burla considerando las faltas que pueden llegar a cometer los jueces. Esto implica que decenas de denuncias por temas tan serios como acoso sexual, favoritismo, enriquecimiento inexplicable, defraudación fiscal y liberación arbitraria de presuntos delincuentes, entre otros, quedaron impunes.
Respecto al último caso, la liberación de delincuentes de manera arbitraria, ésta ha sido una de principales razones detrás de las quejas en contra del Poder Judicial en la opinión pública, pues una gran parte de ciudadanos miran con recelo cómo los juzgadores tienden a liberar a grandes generadores de violencia o criminales de cuello blanco por razones de forma en los procesos judiciales. Aunado a ello, en algunos casos parece ser deliberado y los errores en el proceso son sólo un pretexto para favorecer la corrupción de los juzgadores.
Es el caso del juez Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente haber aceptado sobornos de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de fallar a su favor, lo cual también salió a relucir por la investigación de Quinto Elemento Lab. A pesar de las acusaciones, sólo hasta que el escándalo surgió en medios de comunicación es que el Consejo de la Judicatura Federal emite una sanción de suspensión en contra del juez, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas.
Como éste, existen múltiples casos de jueces que parecen beneficiar de manera sistemática a presuntos delincuentes, como los jueces de distrito operando en Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín y Faustino Gutiérrez Pérez, quienes sistemáticamente desestimaban las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador tamaulipeco del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal inició un proceso disciplinar en contra del juez Gutiérrez Pérez, éste concluyó emitiendo únicamente la remoción del juzgado de distrito en Reynosa para ser trasladado a uno en Matamoros.
De esta manera, se observa que los mecanismos que ha consolidado el Poder Judicial Federal mediante el Consejo de la Judicatura Federal resultan insuficientes para regular el actuar de los juzgadores, que empoderados mediante la llamada “independencia judicial”, pueden cometer fallas graves a la justicia y permanecer impunes. Aún así, una de las defensas más reiteradas a este poder es la carrera judicial y la independencia, lo cual resulta, por lo menos, parcial, considerando que la impunidad es sistemática y beneficia a los juzgadores de manera transversal.
