10/09/2024 (Ciudad de México). En un intento más por frenar la reforma al Poder Judicial, jueces y magistrados mexicanos han acudido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar supuestos riesgos a los derechos humanos, el acceso a la justicia y la democracia que se vivirían en México de aprobarse la iniciativa.
La reforma judicial, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y actualmente bajo debate en el Senado, propone cambios significativos, incluyendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la reducción de salarios y beneficios para el personal judicial, así como la creación de un nuevo órgano capaz de sancionar actos de corrupción cometidos por los juzgadores. De acuerdo a los impulsores de la reforma, estas medidas buscan democratizar el acceso a la justicia y combatir la corrupción dentro del sistema judicial.
La JUFED y la ONU
Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una comitiva especial de jueces y magistrados agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) aprovechó el espacio para denunciar lo que, a su juicio, consideran una reforma regresiva en México respecto a la impartición de justicia.
Este mensaje de alerta al organismo internacional se da luego de una serie acciones en contra de la reforma, tales como un paro de actividades en todos los juzgados, bloqueos de la vía pública y sedes legislativas y exhortos de asociaciones civiles cercanas a partidos políticos y cámaras empresariales, todas las cuales no han logrado detener su avance legislativo, así como tampoco han logrado mermar el apoyo ciudadano para su aprobación.
Entre los argumentos presentados en Ginebra, sede de la ONU, la jueza Abigail Ocampo Álvarez, directora nacional de Atención a Juzgados Especializados de la JUFED, aseveró que la reforma judicial “es regresiva sobre las condiciones de vida y sobre los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales en la vida de las personas juzgadoras y la única finalidad que tiene es concentrar los tres poderes de la unión en una sola persona”.
Por su parte, Diego Valadés Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, expuso durante su participación que la reforma debería estar centrada en el déficit de juzgadores y en la regulación de las escuelas y facultades de Derecho. Valadés, quien también fuera titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y ex ministro de la Suprema Corte, participó en los foros sobre la reforma judicial organizados por la máxima casa de estudios en Julio pasado, sin embargo, las actuales propuestas no fueron presentadas en los Foros realizados específicamente para nutrir la reforma que sería discutida en el Congreso.
La disposición de la ONU para abordar el tema de la reforma judicial en México no es nueva. Hace tan sólo un mes la relatora especial, Margaret Satterthwaite, también expresó su preocupación por una supuesta pérdida de la independencia de los juzgadores. Por esta declaración, el presidente López Obrador cuestionó la intervención del organismo internacional, afirmando que México es un país soberano con el derecho de realizar reformas a su Constitución.
Si bien la participación de la JUFED se realiza en un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, es decir, fuera de los procedimientos formales del organismo internacional, las declaraciones vertidas en este foro han sido vistas como un llamado al injerencismo ante la falta de apoyo popular en México para evitar que la reforma al Poder Judicial se concrete.
