10/09/2024 (Ciudad de México). Durante su habitual conferencia matutina, el presidente López Obrador y funcionarias federales presentaron un informe detallado sobre diversas acciones cuestionables que se realizan desde y al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este informe, elaborado por las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expone graves irregularidades entre las que destacan dos problemas principales: la aplicación de “sabadazos” a delincuentes y el nepotismo entre los funcionarios.

“Sabadazos” a presuntos criminales bajo proceso judicial

El término popular “sabadazo” se refiere a la práctica de liberar a presuntos delincuentes durante los fines de semana, cuando la atención mediática y pública es menor y para “tratar de sorprender a las autoridades y de manera que a veces no pueden checar todas las fiscalías y juzgados del país para ver si tienen otra orden de aprehensión o un proceso pendiente”, señaló Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como muestra de esta táctica judicial, la funcionaria presentó una lista representativa de 24 casos en los que jueces y magistrados han sido identificados por otorgar estas liberaciones a individuos acusados de delitos graves, incluyendo narcotráfico y corrupción. En la mayoría de los casos se destacan que son personajes relacionados con los altos círculos del poder político de otros sexenios, como es el caso de Jannet Miriam “N”, ex colaboradora de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas. La presunta criminal fue favorecida por un juez de distrito federal al modificar su medida cautelar, ordenando su libertad inmediata en viernes.

Otro caso es el de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, acusado por tortura y protección a redes de pornografía y trata infantil. En su caso, las juezas federales Elsa Espinoza y Angélica del Carmen Ortuño emitieron fallos para otorgarle un amparo y ordenar también su liberación mediante el cambio de medida cautelar.

Además, entre los casos también se exhibieron las liberaciones a presuntos miembros de células criminales o cárteles del narcotráfico, quienes además son beneficiados con procesos judiciales prontos y expeditos, lo que contrasta con las más de 24 mil personas en procesos penales sin sentencia y que revela la “falta de justicia a nivel federal por indolencia de los jueces”, agregó Rosa Icela.

Señalados de nepotismo 7 de cada 10 juzgadores

Por su parte, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, reveló un entramado de nepotismo dentro del Poder Judicial, donde casi la mitad de los trabajadores tienen en promedio a 4.7 familiares trabajando dentro del sistema judicial. Esta práctica de corrupción es aún más patente entre jueces y magistrados, pues el 67% de los primeros y el 85% de los segundos tienen familiares dentro del Poder Judicial.

El nepotismo no sólo afecta la imparcialidad y la eficiencia del sistema judicial, sino que también perpetúa una cultura de corrupción y favoritismo, poniendo en duda la “independencia” que otorga la carrera judicial que defienden quienes se oponen a la reforma judicial.

Respecto a este tema, Alcalde mencionó casos específicos donde exámenes de selección para estos cargos fueron vendidos por hasta 180 mil pesos, y cómo los concursos de oposición están plagados de impugnaciones debido a la percepción de influyentismo.

Elección popular para aumentar la transparencia

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los datos contenidos en este informe dan muestra que numerosos jueces y magistrados abusaron de sus facultades al designar a sus propios familiares en plazas y cargos de tribunales y juzgados, por lo que afirmó que “pues es el poder de la familia, el nepotismo a todo lo que da. Imagínense un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares”.

Además, el mandatario evidenció que anteriormente el Poder Judicial estaba en el anonimato, mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron reformados para combatir la corrupción mediante la reducción de salarios de altos funcionarios y la eliminación de privilegios o presupuestos especiales para legisladores.

Finalmente, el titular del Ejecutivo reiteró que quienes se oponen a la reforma judicial tienen el derecho de hacerlo, sin embargo, ante los datos ofrecidos resulta evidente que “digan lo que digan, lo que están defendiendo es un régimen corrupto”.