09/09/2024 (Ciudad de México). Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen de reforma al Poder Judicial, iniciativa promovida por el presidente López Obrador y con diversas modificaciones tras su paso por la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, esta reforma propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, principal aspecto en el que la oposición ha centrado sus críticas.
Desde tempranas horas, el ambiente alrededor del Senado estuvo marcado por manifestaciones y protestas. Ahí, trabajadores del Poder Judicial y simpatizantes se congregaron afuera del edificio para expresar su rechazo a la reforma. La ministra presidenta, Norma Piña, también formó parte de esta manifestación, si bien ella se hizo presente en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde fue debatida y aprobada la reforma la semana pasada. Pese a estos actos, las comisiones pudieron sesionar de manera normal y se contó con la presencia de los 37 senadores que la conforman.
La sesión comenzó con una ronda de discursos de los senadores de diferentes bancadas, tras lo cual se dio paso a un debate que se prolongó durante seis horas. En él, la oposición presentó más de 70 reservas al dictamen, sin embargo, ninguna de éstas fue aprobada.
El debate entre senadores
A favor de la reforma, el senador morenista Saúl Monreal argumentó que ésta busca eliminar el nepotismo en el Poder Judicial y fortalecer su autonomía. “Se especula mucho y se quiere crear una falsa narrativa con mentiras desde la autonomía al Poder Judicial, los procesos de selección, la elección misma”, declaró el senador y afirmó que con el actual sistema judicial no hay autonomía pues “siempre se la debían a los senadores y al presidente de la República, hoy no, tiene que ser del pueblo”.
Por su parte, la senadora priista Carolina Villallano señaló que el senador Saúl “no tiene cara para hablar de nepotismo”, cuando familias completas están enquistadas en el gobierno y se refirió de manera específica a los Monreal. Además, afirmó que la elección por boto popular complicará el proceso electoral y aseveró que “lo que proponen no es viable, porque son decenas, miles de nombres los que tienen que poner en la boleta; no se los van a aprender”.
En defensa del voto popular, la también senadora morenista Martha Lucía Mícher destacó que esta reforma tiene precisamente el consenso de la población, la cual se convirtió en un mandato popular derivado de las elecciones del pasado 2 de Junio. Además, señaló que se pretende descalificar la elección de jueces mediante el voto e insistiendo en la carrera judicial, cuando ésta ha sido fuertemente cuestionada ya que pese a ella hay datos que señalan que el 23% de los trabajadores tienen más de cuatro familiares en el Poder Judicial, lo cual aplica tanto para trabajadores administrativos como para jueces y magistrados.
Otra de las posturas en contra de la forma para elegir a los juzgadores fue la del senador panista Ricardo Anaya, recién regresado de Estados Unidos, quien calificó como un “absurdo” este tipo de elección, pues, según él, serán los legisladores de Morena quienes definan los comités de evaluación para escoger a las personas que aparezcan en la boleta de elección. Esto debido a que Morena tiene el mayor número de escaños en el Congreso y el PRI y PAN, aún sumados, obtuvieron la representación más baja en su historia en ambas cámaras.
Tras el debate, la votación para el dictamen de 25 votos a favor y 12 en contra, estos últimos de los senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC).
La reforma avanza al pleno del Senado
Tras la aprobación en comisiones, la reforma será discutida en el pleno del Senado el próximo miércoles. Con los 85 legisladores que actualmente conforman las bancadas de Morena, PT y Verde, partidos a favor de la reforma, es necesario contar con el voto de al menos uno de los senadores de algunos de los partidos opositores: PRI, PAN o MC.
De los 43 senadores que conforman el bloque opositor, muchos de ellos han hecho público el sentido de su voto tras las presiones de asociaciones civiles señaladas de empujar sus intereses políticos a través de estos partidos políticos.
De aprobarse la reforma por el pleno en el Senado, ésta pasaría a los congresos locales de las 32 entidades federativas para su ratificación y, posteriormente, sería devuelta a la Cámara de Diputados para, a su vez, ser turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
