02/09/2024 (Ciudad de México). Por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil suspendió la plataforma digital X (antes Twitter) en todo el país. Veintidós millones de usuarios brasileños, un cinco por ciento del total mundial de usuarios que tiene esta plataforma, serán afectados.

Hace unas semanas, el TSJ, a través del juez Alexandre de Moraes, emitió una orden judicial dirigida a Elon Musk, propietario de la corporación transnacional X, para que designe un representante legal en Brasil. Dicha orden no fue acatada por el magnate, que cree que su poder está más allá de las leyes terrenales, y fue esa desobediencia intencional a una orden legal, la que precipitó la medida de suspensión de la plataforma.

El multimillonario dice estar defendiendo la “libertad de empresa”, que la barniza como “libertad de los usuarios digitales”, pretendiendo que las plataformas digitales son globales, por lo que no podrían ceñirse a legislaciones nacionales. Esto según el “anarcocapitalismo” al que adhiere como doctrina filosófica este potentado neofascista. Recordemos que el anarquismo postula una sociedad organizada sin Estado, en tanto que el liberalismo capitalista postula que debe ser el mercado quien regule todo, sin ninguna intervención del Estado.

Musk pretende que sus negocios -para él la comunicación y la información no tienen sólo un valor de uso, sino un enorme valor económico- son actividades globales que no deben ser controlados por los Estados nacionales. Ese fue el sentido de cerrar las oficinas que tenía X en Brasil, pretendiendo manejar todo desde otros países, pero la justicia brasileña no se lo permitió.

El presidente Lula da Silva, afirmó que por más multimillonario que sea, Musk debe respetar las leyes y a las autoridades brasileñas.

El paso que han dado las autoridades judiciales del Brasil es trascendental, ya que es el primero hacia el control constitucional sobre una plataforma que, como otras, genera inmensas fortunas privadas con información y comunicación.

Tales niveles de acumulación de capital y poder en manos de los ultrarricos (Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, entre otros) no podían ser imaginados cuando internet nacía. Las primeras versiones de internet surgieron en Estados Unidos en la década de los setenta. Entonces, todavía los avances informáticos tenían un alcance y una difusión bastante limitada en algunas universidades, grupos de investigadores y especialistas.

Fue en la década de los noventa, cuando a la par del enorme desarrollo de las tecnologías digitales, los servicios a ellas vinculados fueron privatizados como parte de la implementación del neoliberalismo hegemónico a nivel mundial. También en esos años noventa se crean los primeros sistemas de navegación y se los empieza a comercializar, lo que permitió que el internet se convierta en un fenómeno masivo. Por esos años se acuñó el concepto de “autopista de la información” para referirse al internet, siendo el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos que tomó la iniciativa de crear en 1994 un Consejo Asesor de máximo nivel científico, a la cabeza del vicepresidente Al Gore, una de las personas más lúcidas de esa administración respecto a la necesidad de legislar las nuevas tecnologías de información y comunicación.

En 1996 se aprobó la “Ley de Telecomunicaciones” de los Estados Unidos, y desde entonces comenzó la polémica respecto a si regular mediante leyes equivalía a censurar la libre utilización de una tecnología.

Pero la liberalización y la globalización permitieron que prosperaran las grandes plataformas digitales, tanto de redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, WeChat, Linkedin, Telegram), como de comercio electrónico (Amazon, Mercado libre, Tiendanube, WooCommerce), y de entretenimiento (HBVO, Netflix, Prime Video, Spotify, Movistar).

Pero hoy se plantea la necesidad de que los Estados y, a nivel del derecho internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), regulen esos negocios y, sobre todo, el poder político comunicacional que tienen sus enriquecidos dueños.