30/08/2024 (Ciudad de México). “La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y paz universal. Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos”.

Son tan precisas y contundentes las palabras elegidas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que el mensaje que subió a sus redes sociales puede ser citado como se cita una proclama soberanista. El gobierno hondureño se hace respetar, ya que el paso formal de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos supone retirarse de él. La razón: Washington pretende utilizar dicho instrumento para amenazar a mandos militares hondureños, como el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales (sobrino de la presidenta) y el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, por haber sostenido reuniones oficiales con autoridades de Venezuela, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina, informó que ya se ha comunicado a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la decisión de dar por concluido el tratado binacional. Fue precisamente la embajadora estadounidense, Laura Dogu, que hace unos días expresó públicamente la preocupación de su país, por losmencionados encuentros con un ministro venezolano que es parte de la lista de sospechosos de tener narcovínculos, un señalamiento que el Departamento de Estado hace contra todo el gobierno chavista. Está claro que la embajadora Dogurealizó su injerencista declaración, intentando amedrentar a las Fuerzas Armadas de Honduras.

La presidenta Xiomara Castro indicó que se busca preparar las condiciones para dar un golpe de Estado contra su gobierno, lo que no permitirá el pueblo hondureño que resistió durante 13 años luego del golpe del 2009, hasta recuperar plenamente la democracia.

Recordemos que el año 2006 se instauró en Honduras un gobierno democráticamente electo encabezado por el liberal Manuel Zelaya (esposo de la actual Presidenta), cuya inclinación cada vez más nacionalista y popular, resultóintolerable para la oligarquía hondureña. 

Los intereses hemisféricos de los Estados Unidos se vieron amenazados por la confluencia de Zelaya con el presidente venezolano Hugo Chávez, y su adhesión al bloque de gobiernos de izquierda junto al propio Chávez, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y Raúl Castro deCuba. En agosto de 2008, en una gigantesca concentración de masas realizada en Tegucigalpa, Zelaya anunció ante su invitado Hugo Chávez que Honduras se sumaba a la “Alternativa Bolivariana para las Américas” (ALBA), que reunía a los gobiernos mencionados.

La reacción de la Casa Blanca fue inmediata. El presidente Barack Obama señaló que el rumbo que estaba tomando el gobierno de Honduras era inadecuado para las democracias de la región. Se refería a la posibilidad de que se diera un “efecto de contagio” hacia países como El Salvador, donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaba ubicado primero en encuestas, con su candidato Mauricio Funes, para las elecciones de junio de 2009. 

Su secretaria de Estado, Hillay Clinton, desplegó en la práctica su ideología supremacista, preparando las condiciones para el derrocamiento de Zelaya. Tanto Obama como Clinton eran (y siguen siendo) del Partido Demócrata de los Estados Unidos, un partido tan intervencionista en América Latina como el Partido Republicano.

La gota que colmó el vaso de la impaciencia oligárquica e imperialista fue lademocrática convocatoria del presidente Manuel Zelaya a una Consulta Popular, para realizar cambios a la Constitución de Honduras, que debía efectuarse en julio de 2009. Ese intento de acudir a la soberanía del pueblo precipitó, el 28 de junio de ese año, el golpe de Estado, planificado desde la Base Militar de Palmerola (donde está asentada una Fuerza Operativa del Comando Sur de los Estados Unidos). Zelaya fue derrocado, instaurándose un gobierno derechista ilegítimo a la cabeza de Roberto Micheletti, que dirigía el Congreso de mayoría opositora.