27/08/2024 (Ciudad de México). En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, mediante un comunicado firmado por su Sala Plena con la excepción del rector disidente Juan Carlos Delpino, informó que procederá a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referente al artículo 155 de la “Ley Orgánica de Procesos Electorales”, que establece la publicación de los resultados en la Gaceta Electoral de Venezuela, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los candidatos electos. El acto de proclamación de Nicolás Maduro Moros como vencedor de las elecciones presidenciales, se realizó el lunes 29 de julio y desde entonces la oposición ha persistido en no reconocer estos resultados.
Recordemos que el pasado jueves 22 de agosto, en respuesta a un recurso contencioso presentado por el propio presidente Maduro a objeto de aclarar cualquier duda sobre las elecciones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia judicial que, en uno de sus acápites resolutivos, “exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral”. No podía el poder judicial dar una orden imperativa al poder electoral pues, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ambos poderes tienen la misma jerarquía y constituyen, junto al poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder moral, los cinco órganos del Estado.
Inmediatamente conocida la sentencia se generó un debate respecto a los alcances de esta resolución. El sector ultraderechista de la “Mesa de Unidad Democrática” (MUD) que postuló al candidato Edmundo Gonzáles, interpretó en voz de María Corina Machado que, en realidad lo que estaba haciendo el máximo Tribunal era eximir al Consejo Nacional Electoral de su obligación legal de publicar las actas electorales, limitando tal obligación a publicar los “resultados definitivos” de la votación, pero no el desglose correspondiente. En tal sentido, calificó como espuria la sentencia, indicando que sólo buscaba consolidar el fraude electoral oficialista.
Pero se diferenció uno de los partidos políticos de la oposición, el Movimiento al Socialismo de Venezuela, que en realidad es la expresión orgánica de una corriente ideológica social liberal que, entre sus pecados políticos tiene el de haber apoyado al gobierno neoliberal de Rafael Caldera (1994-1999). Es un partido que se sumó inicialmente a la corriente de apoyo a Hugo Chávez hasta que se dividió el año 2002, pasando la mayor parte del partido a la oposición. Ya en labor opositora, el MAS ha basculado desde las posturas más derechistas (su apoyo a Henrique Capriles Radonski, incluídas las guarimbas del 2013), hasta su decisión de alejarse de la coalición opositora y retomar su autonomía partidaria el 2015, aunque en esta última elección respaldó a Edmundo Gonzáles.
Pues bien, la vicepresidenta y vocera del MAS, María Verdeal, afirmó: “Después de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de publicar los resultados, mesa por mesa y discriminados por organización política, para determinar lo sucedido el 28 de julio”. Evidentemente se trata de otra línea de interpretación política de los alcances de la sentencia, que se diferencia de las opiniones polarizantes del resto de la derecha.
Lo cierto es que la interpretación normativa no puede reducirse sólo a lo que indica el texto de una parte de la ley (en este caso, el artículo 155), sino que debe hacerse tomando en cuenta todo el sentido normativo (aquí si vale la redundancia) de la ley. Por los alcances de la “Ley orgánica de procesos electorales”, una ley que rige desde agosto de 2009, la publicación de resultados definitivos supone también la publicación de las actas electorales. Si ese paso se da, ya no tendría razón de mantenerse la última observación a las elecciones venezolanas.
Pero muy a pesar de este anuncio democrático que acaban de efectuar las autoridades electorales de Venezuela, siempre en ejercicio de su soberanía jurídica, el gobierno de los Estados Unidos, otros gobiernos injerencistas en América Latina (encabezados por los presidentes Gabriel Bóric de Chile y Javier Milei de Argentina), así como la derecha venezolana, insisten en promover la intervención extranjera.
