27/08/2024 (Ciudad de México). La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, decidió admitir a trámite dos recursos presentados por Grupo Elektra para impugnar un par de sus adeudos fiscales y que ascienden a más de 35 mil millones de pesos.
Grupo Elektra, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, ha recorrido todos los pasillos judiciales en busca de protección para no pagar los impuestos reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2021, pero que corresponden a ejercicios fiscales de muchos años atrás. La nueva admisión de estos recursos por parte de Norma Piña se suma a esta estrategia de protección judicial a los actores del poder económico y empresarial de México y alimenta la polémica en un país que estos días debate la reforma a un Poder Judicial cuestionado numerosas veces por su actuar.
El primero de estos recursos impugna un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos, correspondiente a omisiones de pago de impuestos del año 2013. El segundo recurso se refiere a un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, derivado de obligaciones fiscales no cumplidas en el año 2008. A estos adeudos se les suman los intereses debidos por el transcurrir de los años en impago.
Por la admisión de estos recursos por parte de la presidenta de la SCJN, el presidente López Obrador cuestionó el proceder de la ministra pues, asegura, es una admisión irregular ya que no hay ningún tema de inconstitucionalidad en el reclamo del SAT hecho a Salinas Pliego para que pague sus impuestos.
En este sentido, el mandatario señaló que “procedería denunciarla y pedir juicio político, pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA. ¡Huy qué miedo!. Ahora irían a quejarse con el rey de España”. Además, destacó que una vez admitidos para ser “resueltos” por la SCJN, estos fueron turnados a dos ministros. El primero de ellos, de 33 mil millones de pesos, fue asignado “a un ministro que siempre ha defendido a potentados”, Alberto Pérez Dayán; mientras que el otro expediente, por el monto de 2 mil millones de pesos “a una ministra más decente”, Yasmín Esquivel Mossa.
Salinas Pliego colaborador de la ofensiva contra la reforma judicial
Pese a la cercanía que Salinas Pliego mostró con la actual administración federal al inicio del sexenio, su postura “anti 4T” se fue endureciendo a lo largo del sexenio hasta llegar a la descalificación y la violencia verbal.
Inicialmente, Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego, era el encargado de dispersar los recursos de los programas sociales. Sin embargo, este negocio le fue retirado paulatinamente conforme se consolidaba el Banco del Bienestar, de propiedad estatal. A esto se le sumó el cobro de impuestos debidos desde el sexenio de Vicente Fox y otros más adeudados en los subsecuentes.
Frente al propósito del gobierno de López Obrador de no permitir el influyentismo para beneficio personal o de empresas privadas, Salinas Pliego comenzó un ataque mediático a diversas políticas públicas emprendidas por el gobierno federal a través de su televisora TV Azteca. Entre estas campañas se encuentran las contrarias a los libros de texto gratuitos, calificándolos de “comunistas”, difamaciones sobre supuesta corrupción en la dispersión de los recursos de los programas sociales, desinformación sobre las medidas para combatir la pandemia por Covid, llamados para que el INE interprete la Constitución y no la aplique al pie de la letra en de designación de legisladores plurinominales y, más recientemente, su colaboración en contra de la reforma al poder judicial.
