16/08/2024 (Ciudad de México). El pasado miércoles 7 de agosto el juez de Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, rechazó la petición de la defensa de Genaro García Luna para repetir el juicio en el que el exsecretario de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue declarado culpable por cinco delitos federales en Estados Unidos, incluyendo tráfico internacional de cocaína. Se trata de una pésima noticia para el exfuncionario, a quien ya no le queda otra opción para evitar recibir su sentencia el próximo octubre, cuyas posibilidades incluyen la cadena perpetua.
Este anuncio ocurre apenas un par de días después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunciara en su conferencia matutina que la empresa de medios de comunicación Televisa trató de extorsionar a la ahora gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, en el contexto electoral en el que participó como abanderada del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para gobernar la entidad. Según el mandatario, la empresa le habría ofrecido “un paquete” de publicidad a cambio de un pago por 200 millones de pesos para publicitar su campaña. De no aceptar el contrato, la empresa amenazó con lanzar una campaña de desprestigio, tal como ocurrió a partir de las versiones de corrupción de Rocío Nahle en su papel como secretaria de Energía.
A pesar de que la futura gobernadora de Veracruz rechazara la “oferta”, el evento refleja la forma en la que tienden a operar los grandes medios de comunicación mexicanos que se han sostenido, en parte, por esa relación estrecha y casi orgánica con el poder político, tal como ocurriera en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y el control férreo que García Luna mantuvo de la prensa.
Por supuesto, la relación entre Televisa y el poder político no es exclusiva del exsecretario de Seguridad. ¿Cómo olvidar cuando el antiguo dueño de la televisora, Emilio Azcárraga Milmo, se declara “soldado del PRI y del presidente” o, más recientemente, el papel que tuvo en la legitimación del fraude electoral de 2006 y los dichos de que “a Peña Nieto lo creo Televisa”? Sin embargo, la forma en la que García Luna se relacionó con la prensa corporativa explica, en parte, por qué hoy siguen esperando obtener recursos para mejorar la imagen de determinados funcionarios públicos o políticos.
García Luna mantuvo un control férreo y activo de los medios de comunicación, para lo cual recurrió a estrategias sumamente disímiles. Desde el pago de los clásicos contratos de publicidad oficial, hasta la creación de una serie en Televisa, El Equipo, que intentaba lavarle la cara a una Policía Federal observada como corrupta e ineficaz. Otro ejemplo lo ofrece el llamado “Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia”, el cual terminó por controlar la narrativa sobre el crimen organizado desde Los Pinos bajó el pretexto de no hacer propaganda del narcotráfico. El acuerdo fue firmado por unos 715 medios en 2011.
Conviene recordar algunos actos que evidencian la pulsión autoritaria del exsecretario en relación con los medios. Como cuando, en conjunto con el periodista Loret de Mola, llevó a cabo el montaje en el que supuestamente detuvieron a la ciudadana francesa, Florence Cassez, y a su pareja, Israel Vallarta, acusados injustamente de secuestro en 2005. Lo que también evidencia cómo la relación del exsecretario y de Televisa se había consolidado incluso antes de iniciado el sexenio de Felipe Calderón.
Además, es conocido como el exsecretario amenazó a la periodista Olga Wornat, quien había publicado detalles sobre la corrupción del rubro de la seguridad del Estado mexicano durante la guerra contra la delincuencia organizada. Igualmente, podemos recordar el encarcelamiento del periodista Jesús Lemus, quien había realizado varios señalamientos al exsecretario por sus vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública en la Corte de Brooklyn, Nueva York, salió a la luz uno de los acuerdos que mejor develan cómo los medios corporativos se han beneficiado de la corrupción, tanto por el negocio que se ha construido en torno a la limpieza de imagen de los funcionarios una vez que son identificados como corruptos, como por los pagos realizados para tal efecto que se hacen con el erario.
Según salió a relucir en el juicio, el periódico El Universal recibió pagos mensuales entre, por lo menos, los años 2009 y 2011, que ascendieron hasta en 25 millones de pesos, con el objetivo de limpiar la imagen de Genaro García Luna, toda vez que ya en ese entonces era señalado por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. Según el secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila, Héctor Villarreal Hernández, quien fungió como testigo en Brooklyn, este acuerdo lo habrían realizado entre García Luna y el diario El Universal por intermediación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira (2005-2011).
Luego de que García Luna preguntara a Moreira si conocía a alguien de El Universal para realizar publicaciones en su favor, el exgobernador respondió que el dueño, Juan Francisco Ealy Ortiz, era su compadre, y se comprometió a contactarlo. Posteriormente, el exsecretario coahuilense habría acompañado a un asistente de García Luna, Sergio Montaño, para realizar el primer pago al diario. Montaño habría llegado con maletas de dinero que entregó al medio.
El testigo señaló que, en una ocasión, parte del pago, 10 millones de pesos, habrían salido directamente del presupuesto coahuilense, luego de que García Luna les pidiera ayuda. El exsecretario coahuilense habría dado las instrucciones para realizar el pago, pero registró la factura como un pago para una campaña dirigida al rescate del turismo en la entidad. Posteriormente, en otra reunión, García Luna le agradecería a Moreira porque “todo estaba funcionando bien”.
El exsecretario coahuilense también habló sobre un esquema de corrupción –que podría ascender hasta en 200 millones de dólares – en el que parte de los recursos extraídos ilegalmente eran destinados a medios de comunicación, tanto en el estado como a nivel nacional. Esto con la finalidad de pagar favores y mejorar la imagen de los cercanos o, en su defecto, afectar a los ajenos.
La familiaridad con la que los funcionarios públicos parecen necesitar de los medios de comunicación mientras encabezan esquemas de corrupción habla de lo sistemáticos que son este tipo de tratos. En ese sentido, conviene cuestionarnos sobre el papel y la responsabilidad que los medios de comunicación tienen en la filtración o creación activa de información con el objetivo de mejorar la imagen de determinados funcionarios o políticos – potencialmente corruptos–, así como en las campañas de desprestigio y calumnia con la finalidad de “extorsionar” a las figuras públicas, tal como señala el presidente que ocurrió en el caso entre Televisa y la morenista Rocío Nahle. ¿De qué manera este llamado “cuarto poder” es responsable de la reproducción de esquemas de corrupción o, incluso, de las prácticas autoritarias de una élite política podrida, si ocultan y muestran información a conveniencia?
