15/08/2024 (Ciudad de México). En un intenso fin de sexenio sin precedentes, el plan C del presidente López Obrador continúa su avance legislativo reforma tras reforma. Esto dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, primer paso para l8 de las 20 reformas también respaldadas por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
A mes y medio del término de esta legislatura, en dicha comisión de San Lázaro ayer se aprobaron dos reformas significativas que marcan un hito en la política energética, agrícola y alimentaria de México. Por el corto tiempo restante, la aprobación en el pleno corresponderá a la siguiente configuración del Congreso, donde Morena y aliados tienen mayoría calificada.
Estas últimas dos reformas buscan garantizar la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como prohibir el uso de maíz transgénico, con las cuales se busca concretar un cambio profundo en la dirección de las políticas públicas del país que abonan a la soberanía nacional.
Actualmente, la CFE ya produce más de la mitad de las necesidades en energía eléctrica del país, mientras que PEMEX se encuentra a punto de alcanzar el 100% en la producción de combustibles. Sin embargo, el actual jefe del Estado mexicano considera necesario blindar este giro en la política energética mediante la Constitución para así evitar una “regresión antipopular”.
Preponderancia de CFE y PEMEX
La primera de estas reformas se centra en el sector energético, específicamente en fortalecer la posición de CFE y PEMEX ante el incremento de la participación de empresas privadas promovido durante el neoliberalismo. Esta medida ha sido impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, quien ha argumentado que es esencial para recuperar la soberanía energética de México y reducir la dependencia de empresas extranjeras.
Con esta reforma se establece que la CFE y PEMEX tendrán un papel preponderante en el mercado energético, asegurando que al menos el 54% de la generación de electricidad y la producción de hidrocarburos esté en manos del Estado mexicano. Esta reforma constitucional ya había sido propuesta al Congreso durante el mandato del tabasqueño. Sin embargo, legisladores de la oposición se negaron a discutirla, por lo que el Ejecutivo optó por modificación de la Ley Eléctrica, misma que fue invalidada por la Suprema Corte en favor de las empresas privadas que promovieron amparos en su contra.
Con este antecedente, los defensores de la actual propuesta de reforma insisten en que es un paso necesario para garantizar la seguridad energética del país y proteger los recursos naturales. Sin embargo, los críticos en el sector privado y medios de comunicación corporativos arguyen que ésta desalentará la inversión extranjera privada y reducirá la competitividad del sector energético mexicano.
Prohibición del maíz transgénico
La segunda reforma aprobada en San Lázaro prohíbe el uso de maíz transgénico en todo el territorio nacional. Esta medida responde a preocupaciones sobre los posibles impactos negativos de los organismos genéticamente modificados en la salud humana y el medio ambiente, al tiempo que busca proteger los métodos tradicionales de cultivo mexicanos y la biodiversidad y variedades nativas de maíz que han sido cultivadas durante milenios.
Entre los argumentos para la prohibición se encuentran la preservación de la riqueza genética del maíz mexicano, además de que se evitan los riesgos asociados con los alimentos transgénicos. Por otro lado, los opositores señalan que podría limitar las opciones tecnológicas disponibles para los agricultores y afectar la productividad agrícola. Sin embargo, esta reforma también incluye disposiciones para apoyar a los agricultores en la transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles y tradicionales.
Actualmente, un panel internacional de expertos internacional se encuentra analizando los decretos emitidos por el presidente respecto a diversas prohibiciones, tanto para el maíz transgénico como para el uso de glifosato, esto en el marco del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que la reforma podrá abonar a robustecer la postura en política alimentaria de México.
