23/07/2024 (Ciudad de México). “No estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del gobierno, sino que [el Poder Judicial] actúe de conformidad con ella”, declaró el presidente López Obrador respecto a los numerosos expedientes que jueces, magistrados y ministros mantienen archivados y que, en la práctica, evitan el pago de impuestos debido por grandes empresas. Por este motivo, exhortó a la Suprema Corte a resolver conforme a derecho estos casos de fraude tributario.
En suma, el total adeudado a la Hacienda Pública es de más de 130 mil millones de pesos y corresponde a 13 empresas de los más variados giros comerciales, pero con un elemento en común: pertenecen a delincuentes de “cuello blanco”, de hombre y mujeres quienes “ni siquiera pierden su respetabilidad” como lo ha señalado en múltiples ocasiones el mandatario.
El monto de esta evasión fiscal, amparada hasta el momento por el Poder Judicial, es de gran relevancia para las finanzas públicas, toda vez que esta cantidad representa casi la mitad del presupuesto destinado para la Ciudad de México en 2024 o seis veces el presupuesto de una entidad de menor tamaño como Colima.
Mientras integrantes del poder judicial retienen los juicios que, en los hechos, sólo benefician a los dueños de estas grandes empresas y sus familias, la población en su totalidad cuenta con menos recursos para su utilización en obras públicas, programas educativos, entre muchas otras posibilidades.
Los principales deudores al SAT
Como caso más emblemático, el titular del Ejecutivo refirió el de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la concesión de televisión TV Azteca y las tiendas Elektra y uno de los mayores evasores fiscales, con una deuda en litigio por más de 63 mil millones de pesos, equivalente a dos terceras partes del presupuesto 2024 para Oaxaca, entidad donde el deudor retenía ilegalmente la concesión para un campo de golf.
Una vez más, el presidente evidenció la complicidad entre este tipo de “empresarios” y los ministros de la Corte, pues en uso de las atribuciones de este órgano de justicia, el ministro Luis María Aguilar pidió atraer el caso de Salinas Pliego con la única intención de mantenerlo archivado y así no emitir resolución alguna que lo obligara a pagar.
Sin embargo, éste no es el único caso. Si bien al inicio de la actual administración muchas de las empresas optaron ponerse al corriente con el pago de sus impuestos debido a las nuevas políticas fiscales, algunas otras decidieron intentar evadir este pago a la mitad del sexenio, como puede advertirse por la lista de litigios legales emprendidos contra estas empresas desde el año 2022.
A sabiendas de que los litigios dentro del Poder Judicial pueden durar años y, con ayuda de los juzgadores pueden alargar los procesos, al menos estas 13 empresas han vuelto a omitir cumplir con sus obligaciones tributarias.
Este incumplimiento no es una novedad dentro de las grandes empresas, pues durante este sexenio también se dio a conocer que muchas de ellas eran favorecidas con la condonación de impuestos por parte del gobierno federal en turno. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, tan sólo 58 empresas obtuvieron condonaciones por más de 366 mil 174 millones.
Entre las empresas beneficiadas por aquellos ex presidentes se encuentran las dos principales televisoras del país, múltiples bancos, Cemex (una cementera), Grupo Lala y La Costeña(ambas empresas alimenticias), Sabritas (una chatarrera), Palacio de Hierro, (tienda departamental) o Noble Contracting (una petrolera).
A raíz de la reforma al Artículo 28 de la Constitución, las condonaciones o exenciones de impuestos están prohibidas, por lo que la vía de estas empresas para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales se encuentra únicamente en el Poder Judicial y en su facultad manifiesta para ralentizar los procesos judiciales iniciados por las autoridades fiscales para que las empresas deudoras paguen sus impuestos.
