18/07/2024 (Ciudad de México). “Se tiene que combatir más el uso y la comercialización de los vapeadores”, afirmó el presidente López Obrador durante su conferencia matutina. Este combate no se da únicamente en la concientización hacia los consumidores sobre los daños a la salud que producen, sino también en contra de las empresas que comercializan estos dispositivos y que “no respetan las leyes y están causando daño a la salud de los mexicanos”.
En 2022, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó la primer cromatografía en el mundo gracias la cual se lograron identificar 33 sustancias tóxicas contenidas en los vapeadores comercializados en México. De estas sustancias, sólo cuatro son reportadas en el etiquetado de los dispositivos analizados: nicotina, glicerina, propilenglicol y saborizantes. Sin embargo, el estudio arrojó que también contienen dimetil éter, ciclohexanocarboxamida, L-lactato de etilo y alcohol bencílico, entre muchos otras compuestos orgánicos volátiles.
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Por este motivo, el titular del Ejecutivo afirmó que “está demostrado que estos vapeadores tienen sustancias dañinas que afectan gravemente todo el sistema respiratorio [y las empresas] mienten cuando hablan que no tienen sustancias químicas que afecten”.
Primeros pasos para su prohibición
En febrero de 2020, el presidente López Obrador firmó un decreto para prohibir la importación y distribución de los vapeadores y en 2022 emitió un más para prohibir su venta. Sin embargo, en diciembre de 2023, el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, otorgó un amparo a una empresa privada para permitirle la venta de dichos dispositivos.
Entre los argumentos del jurista se encuentra el derecho a la libertad de comercio de la empresa, por lo que, en su momento, el titular del ejecutivo criticó este tipo de resoluciones de la Suprema Corte “porque ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud”.
A la par de estos decretos y las resoluciones de la Suprema Corte, legisladores y empresas a favor de los vapeadores se han pronunciado en el sentido de promover una regulación, la cual podría incrementar la recaudación fiscal, limitar el consumo en menores de edad, reducir el mercado negro y brindar opciones “no tóxicas” a las personas que deciden dejar el consumo de tabaco.
Sin embargo, el tabasqueño se ha mantenido firme en la prohibición de estos dispositivos, por lo que el 5 de febrero de este año, junto a otras 19 iniciativas de reforma, incluyó una para modificar los Artículos 4 y 5 constitucionales con el objetivo prohibir “la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos” y así garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano a la salud de la población, en particular de los niños, niñas y adolescentes por encima de cualquier interés comercial o mercantil.
En relación a las actuales medidas que el Gobierno Federal implementa para hacer frente a estos productos, el principal mandatario del país señaló que tanto la Cofepris, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) seguirán combatiendo estas prácticas.
Por su parte, el almirante Rafael Ojeda, titular de la Semar, precisó que se trabaja en conjunto con dependencias federales para el decomiso de vapeadores, pero que hasta el momento no se tienen alertas en las aduanas marítimas ni en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo su control sobre el tráfico de vapeadores.
