17/07/2024 (Ciudad de México). Ante los múltiples casos de actuaciones irregulares y cuestionables por parte de jueces, magistrados y ministros, el presidente López Obrador declaró que en el Poder Judicial no hay Estado de derecho, sino Estado de cohecho.

Esta afirmación tuvo lugar durante su conferencia matutina, luego de que el mantatario enlistó algunos de los casos más representativos sobre las resoluciones emitidas por los juzgadores, además de acciones cuestionables con las que protegen a criminales, ya sean de la delincuencia organizada o de cuello blanco, como políticos y empresarios.

En su crítica al actual comportamiento de este poder, el titular del Ejecutivo contrastó la discrecionalidad que mantienen jueces y ministros para proteger a un grupo muy reducido, pues por un lado emiten resoluciones urgentes, y por el otro las niegan o las retrasan, siempre en favor de criminales capaces de “comprar su inocencia”.

Resoluciones “a modo” para proteger a criminales

López Obrador puso como ejemplo el caso de la liberación de Abraham Oseguera, hermano del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta resolución, emitida por el juez federal de control Rogelio León Díaz, ordenó que se liberará al presunto criminal en 24 horas e incluso “el juez no duerme hasta que sale de la cárcel este señor”.

En contraste, el mandatario también refirió el caso de “magistrados que no otorgan órdenes de aprehensión a quienes la Fiscalía considera que participaron en crímenes de Estado”, además del caso de Luis María Aguilar, quien ejerció sus atribuciones como ministro de la Suprema Corte para atraer un caso de evasión fiscal sólo para mantenerlo archivado y sin emitir resolución alguna.

Por este tipo de casos, el tabasqueño precisó que el objetivo de la reforma al Poder Judicial es “resolver este problema porque si no, va a ser la misma puerta giratoria”, con la cual las personas con dinero tienen garantía de impunidad.

En este mismo sentido, el presidente reveló que en próximos días dará a conocer otros caos en los que jueces y magistrados tienen retenidas audiencias y resoluciones de grandes corporaciones. Entre estos casos, adelantó, por lo menos hay diez en los que se adeudan hasta 100 mil millones de pesos y son protegidos por el Poder Judicial.

Ministros violan la Constitución y la neutralidad

Esta discrecionalidad también se ha hecho evidente en los ministros de la Corte respecto a su interpretación de la Constitución, pues también han sido señalados por recurrir a “argucias legaloides”, al ampararse para recibir ingresos de hasta 700 mil pesos mensuales, con lo cual violan el Artículo 127 constitucional.

Entre los argumentos presentados por los togados en defensa de su sueldo, es que al Artículo 94 establece que su remuneración no puede ser disminuida durante su encargo, por lo que esto sólo aplicaría para los ministros que entraron en funciones tras la reforma. Sin embargo, las siguientes ministras entrantes Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf mantuvieron su alto sueldo, pues también se argumentó que el Artículo 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

Gracias a esta estrategia “legal”, los ministros de la Suprema Corte garantizarían que su sueldo nunca se vea afectado y que se viole sistemáticamente la Constitución, estrategia que sólo combate la ministra Lenia Batres al solicitar formalmente que su sueldo corresponda efectivamente a lo que marca la Carta Magna, e incluso ser inscrita al ISSSTE como cualquier otro trabajador del Estado, a diferencia de sus compañeros ministros quienes gozan de prestaciones y fideicomisos especiales para estos rubros.

Con esto, nuevamente se evidencia el acatamiento discrecional que realiza el máximo órgano del poder judicial para impartir justicia.

Junto a la discrecionalidad en sus actuaciones, la imparcialidad y neutralidad de este poder también queda en entredicho, pues su ministra presidenta, Norma Piña, sostuvo una reunión secreta en diciembre con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en pleno proceso electoral.

A dos meses de que la reunión fuera revelada, e incluso aceptada por el dirigente tricolor, Norma Piña sigue sin transparentar sus motivos ni los temas que se abordaron, por lo que el presidente López Obrador le pide  informar sobre los detalles, al ser un tema de gran relevancia para la vida pública de México.