12/07/2023, (Ciudad de México). Obligado por las masivas protestas que se han extendido desde la capital Nairobi a varias ciudades del país, el presidente William Ruto se vio obligado a despedir a todo su gabinete gubernamental, excepto al vicepresidente y al canciller.

Ruto es un político que se formó ideológicamente en la “Unión Nacional Africana de Kenya” (KANU), un partido nacionalista y conservador fundado por Jomo Kenyatta, que dirigió el camino hacia la independencia del país en 1963. El actual presidente gobierna desde septiembre de 2022 luego de haber ganado por muy poca diferencia en las urnas a Raila Odinga, otro veterano político aún más derechista. Antes, Ruto fue vicepresidente por casi diez años. Es parte de la llamada “clase política” de su país desde el año 1997, cuando ganó un curul de diputado. Fue procesado por la Corte Penal Internacional (CPI) por su posible comisión de crímenes contra la humanidad durante una crisis política de 2007-2008, cuando en enfrentamientos murieron más de un millar de personas. El juicio terminó declarando la nulidad de los cargos. 

Este año, las manifestaciones populares comenzaron en junio, y al principio estaban dirigidas contra el Parlamento por la aprobación de una nueva ley que subía los impuestos, una medida de corte neoliberal que fue justificada por el oficialismo indicando que el país pasaba por una crisis de deuda pública, que supera los 80.000 millones de dólares, que equivale a cerca del 70% del producto Interno Bruto (PIB) de Kenia.

Tras una primera oleada de marchas, los congresistas excluyeron del proyecto original enviado por el gobierno, el aumento del impuesto al valor agregado sobre el pan, los pagos tributarios por telefonía móvil, por transacciones de divisas (lo que disminuye las remesas que envían a sus familias  los migrantes desde Europa y los emporios petroleros del Medio Oriente), por tenencia de automóviles, un impuesto especial sobre los derivados del petróleo (que afecta el costo del transporte público) y un impuesto medioambiental

El malestar social no calmó con esas concesiones efectuadas por el Parlamento. Aprobada la ley, las manifestaciones crecieron rápidamente en número de participantes y estado de ánimo cada vez más caldeado. Se produjo en el mes de junio la violenta toma e incendio de una parte del Congreso, lo que derivó en choques con la fuerza pública (policial con refuerzo de militares) que dejó un saldo trágico de 39 civiles muertos y 361 heridos, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, que trabaja en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las protestas se han nutrido por el activismo digital en las redes sociales, especialmente las que más impactan en la juventud, comenzando por TikTok. A través de las redes los jóvenes se convocan y a través de ellas realizan también movimientos en las calles con los que en muchos casos lograron superar el despliegue policial.

El presidente Ruto tuvo que vetar la ley tributaria que le envió el Parlamento, pero la convulsión continuó exigiendo que se haga justicia por los manifestantes muertos, a lo que se sumó el rechazo del pueblo a los elevados salarios de los jerarcas gubernamentales, mientras esos mismos funcionarios exigían sacrificios al pueblo. Para responder a este clamor, el mandatario ordenó el 5 de julio la inmediata aplicación de un “Plan de Austeridad Fiscal” que contempla que 47 corporaciones estatales que tienen funciones superpuestas y duplicadas se disolverán y que se reducirá el número de asesores en el gobierno a la mitad.

Luego de defenestrar a su equipo de gobierno, continuó Ruto ordenando la destitución del Fiscal General, acusándole de no realizar acciones judiciales para frenar la violencia de las protestas, y aceptando la renuncia del jefe nacional de la Policía, Japhet Koome, quien ha sido acusado por la brutalidad de la represión.

La resistencia en las calles coloca al gobierno en su peor crisis desde que asumió.