05/07/2024 (Ciudad de México). En una nueva muestra del régimen de autoritarismo e impunidad instaurado luego del derrocamiento del presidente constitucional Pedro Castillo afines del 2022, el Congreso Nacional del Perú aprobó una ley que declara la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.
La norma es en realidad una amnistía encubierta que favorecerá al genocida Alberto Fujimori, así como a los militares y policías que cometieron graves delitos contra los derechos humanos en los años noventa. Es el resultado de execrables negociaciones entre la bancada fujimorista y el resto de bancadas conservadoras que hacen mayoría legislativa, quedando la izquierda prácticamente arrinconada, sin la posibilidad de contener o posponer este tipo de leyes de impunidad, que han sido cuestionadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH les recordó a los congresistas peruanos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional, puesto que constituyen crímenes cometidos como parte de un ataque sistemático contra civiles en tiempos de paz o de guerra, que incluyen torturas, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación.
Casi todos esos crímenes fueron cometidos durante el régimen de gobierno de Alberto Fujimori, que comenzó en 1990 con su triunfo electoral en el balotaje contra Mario Vargas Llosa, representante de la burguesía señorial limeña, que con todo y su trayectoria literaria y periodística fue derrotado por un hombre menudo, de limitada cultura, de ideas conservadores pero que manejaba un discurso muy popular y así logró imponerse en las urnas. Sin embargo, Fujimori no tenía mayoría legislativa, por lo que en 1992 dio un autogolpe, disolvió el Congreso y asumió poderes extraordinarios.
De esta forma antidemocrática se consolidó Fujimori en el poder, con el pleno apoyo del gobierno de los Estados Unidos, entonces bajo la administración republicana de George Busch (padre), que encargó respaldar al gobierno peruano en labores de seguridad “antiterrorista” a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense Fue así que se instauró un gobierno de alta intensidad represiva, inicialmente contra la insurgencia armada del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de Sendero Luminoso, luego contra toda forma de disidencia democrática. Este régimen represivo duró hasta el año 2000, en que Fujimori fue alejado del poder.
El régimen represor tuvo entre sus figuras más sombrías a Vladimiro Montecinos, que dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que llegó a tener autoridad operativa sobre las Fuerzas Armadas del Perú. Fujimori y Montecinos ordenaron varias masacres, como la de los Barrios Altos y la Universidad La Kantuta en Lima, matanzas de campesinos en varias provincias del Perú o las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas aymaras en la sierra peruana.
Una vez aprobada la espuria “Ley de Prescripción” -que se suma al inconstitucional e ilegal Indulto que otorgó la presidenta Dina Boluarte a Fujimori hace unos meses- la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha pedido su anulación bajo el argumento de que ningún país puede aprobar una ley que impida el derecho de acceso a la justicia para las víctimas, sean directas porque sobrevivieron a los tormentos y a las cárceles en las que estuvieron siendo inocentes de los cargos de terrorismo que les imputaron, o indirectas porque son familiares de personas asesinadas y/o desaparecidas durante la década funesta en que gobernó Fujimori.
Otro efecto inmediato de esta aprobación legislativa, es que coloca al Perú en una situación de confrontación con el sistema interamericano de Justicia, que llevó muchas décadas construir luego de que, en las décadas de los setenta y ochenta del siglo veinte, en gran parte de América Latina acabaron las dictaduras militares y se recuperaron los regímenes democráticos.
