02/07/2024 (Ciudad de México). En Toluca, Estado de México, se llevó a cabo el tercer encuentro del Diálogo Nacional sobre la Reforma al Poder Judicial. En esta ocasión el tema versó sobre la “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”.

Además de los reclamos ante la ineficiente impartición de justicia en todos los niveles del Poder Judicial, otro de los principales motivos para plantear la iniciativa de reforma que se debate actualmente tiene que ver con gastos y prestaciones ostentosas independientes de las funciones laborales que se desempeñan.

Para el ejercicio fiscal de este 2024 se destinó del Presupuesto de Egresos al Poder Judicial 84 mil 792.4 millones de pesos. Cabe destacar que de dicha cifra el 80% es para pagar a personal jurisdiccional y operativo; 16.5% para servicios; 1.5%, materiales y suministros de trabajo; 1.2%, inversión en muebles e inmuebles, así como 0.8% para inversión pública. 

Durante su intervención el senador, presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena, Ricardo Monreal, explicó qué es el “haber de retiro” y detalló por qué los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan el Artículo Constitucional 127 respecto a remuneraciones, mismo que indica que ningún funcionario público puede percibir un salario superior al del presidente de México.

Monreal compartió algunos de los privilegios de los que gozan los ministros de la Suprema Corte:

  • El “haber de retiro” consiste en recibir una jubilación del 100% del salario durante los primeros dos años y del 80% los siguientes hasta su muerte. Actualmente el salario de los ministros es de 300 mil pesos. 
  • Aguinaldo por 568 mil pesos a pesar de ya no estar en activo.
  • Un seguro de vida por 12 millones de pesos para ministros y ministras y sus cónyuges.
  • Pago por defunción de un millón 189 mil pesos por concepto de ayuda para gastos funerarios. 
  • Un pago por riesgo de 640 mil pesos durante los primeros años.
  • Prima vacacional de 95 mil 474 pesos. 
  • Derecho a contar con cinco personas como personal de apoyo, incluyendo dos choferes de servicios y tres técnicos de distinta categoría (pagados por el erario).
  • Reembolso total de la compra de medicamentos (cualesquiera).
  • Otras cinco personas para seguridad (a pesar de no estar en funciones y también pagadas por el erario público). 
  • Derecho de dos vehículos URVAN blindados (de aproximadamente tres millones cada uno).
  • Apoyo para gasolina de 22 mil pesos mensuales.
  • Reembolso de cualquier pago por mantenimiento de los dos vehículos.
  • Apoyo para el pago de peajes en autopista.

Monreal aseguró que con la entrada en vigor de la Reforma, las ministras y ministros que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias, ni “haberes de retiro” y que esto se refiere a los cargos más altos.

“En principio afirmaré categóricamente que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad, los presupuestos de egresos, el ejercicio fiscal que corresponda considerará los recursos necesarios, pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral. Es decir, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores por disposición constitucional estarán a salvo” declaró el senador.

Respecto al costo de la elección para votar a mil 600 jueces y magistrados con la reforma al Poder Judicial, el senador indicó como un aproximado que se requerirán alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. Algunos de los participantes a exponer su punto de vista criticaron el presupuesto mencionado por Monreal para la elección popular, ya que consideran un desperdicio de recursos para realizar campañas de los postulados.

Por otra parte se resaltó la insuficiencia de personal judicial, lo cual genera lentitud y rezago en la atención de los litigios. Según datos del INEGI México cuenta con 4.6 jueces por cada seis mil habitantes, cuando los estándares internacionales sugieren tener al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes.

De manera general, los asistentes que se pronunciaron en contra de la austeridad en el Poder Judicial, aseguraron que, “una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía” y que frente a las carencias en personal, instalaciones y equipo de los Tribunales de Justicia Locales no es posible hablar de austeridad, por lo que proponen que el debate debe se centre y sea a favor de la suficiencia presupuestaria y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente.

Como anfitriona de la mesa de diálogo la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, subrayó que el principal objetivo de la reforma al Poder Judicial debe ser el lograr garantizar el derecho de acceso a la justicia responsable y eficaz que proteja a todos, pero en especial a las personas más vulnerables.