27/05/2024 (Ciudad de México). Luego de que el pasado viernes, el juez Nawaf Salam informó de la decisión, tomada por trece votos contra dos, de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que ordenó a Israel detener de inmediato su ofensiva militar en Rafah, así como garantizar el acceso sin impedimentos de la Franja de Gaza de cualquier misión que busque investigar las denuncias por genocidio contra las autoridades israelíes. En una de las partes de la resolución leída por el libanés Salam, se afirma que: “La corte considera que, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de la convención sobre el genocidio, Israel debe detener de inmediato su ofensiva militar en Rafah y cualquier otra acción en la provincia de Rafah que pueda infligir a los palestinos en Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”.

De inmediato el régimen israelí desde Tel Aviv rechazó la decisión de La Haya, procediendo a desafiar de la peor forma la jurisdicción de la Corte. Ordenó a sus fuerzas armadas realizar un bombardeo aéreo nocturno sobre uno de los campamentos de refugiados en Rafah, que mató a 50 personas que estaban durmiendo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) condenó hoy este brutal atentado contra un campamento de desplazados, asegurando que la mayoría de los muertos y heridos eran mujeres y niños. Médicos de la ONU aseguraron que las bombas cayeron sobre tiendas de campaña y que muchos de los heridos quedaron atrapados entre escombros en llamas, en otro episodio sangriento del genocidio en curso.

El gobierno de Israel confirmó el ataque, aseverando que habían matado a dos altos funcionarios de Hamás, y que “están verificando informes sobre civiles que resultaron afectados”. Este nuevo ataque sobre civiles desarmados coloca a Israel en la situación de un Estado que usa métodos cada vez más terroristas y genocidas, al punto que ni siquiera el difuso concepto de “daños colaterales” se utiliza en la Corte Internacional de La Haya, donde se habla de bombardeos directos sobre población civil, lo que confirma la denuncia de Sudáfrica y complica la situación de los mandos gubernamentales de Israel.

Por ello, la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios de Palestina, la italiana Francesca Albanese, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la ONU en Nueva York, acusó a Israel de ir en contra del derecho internacional colocándose al margen de la comunidad de naciones, e hizo un llamado a la acción mundial para detener la masacre.

Albanese afirmó que la situación ha tenido un cambio sustancial desde octubre de 2023, cuando comenzó el ataque israelí contra Gaza. Ahora, luego de la solicitud fiscal de una orden de arresto contra el premier Benjamín Netanyahu y el ministro de defensa Joav Galant, y después de la resolución judicial ordenando cesar el ataque, que tuvo por respuesta la flagrante desobediencia de la parte agresora, todos los países pueden aplicar medidas que están absolutamente legitimadas como son las sanciones económicas, los embargos de armas y la suspensión de relaciones diplomáticas.

El aislamiento israelí es cada vez mayor, ya que ni siquiera le sirve el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. La Casa Blanca tiene sus propias preocupaciones por los problemas que le genera a la candidatura demócrata de Joe Biden las manifestaciones de protesta universitarias en varias ciudades estadounidenses, a las que se han sumado acciones estudiantiles en Universidades de Canadá. También, durante este fin de semana, se han reportado manifestaciones de solidaridad con Palestina, en países como Argelia, Túnez, Marruecos, Turquía, Paquistán, Egipto e Irak.

A nivel de los gobiernos, la Unión Europea se inclina cada vez más por distanciarse de Israel y respaldar las iniciativas de los gobiernos de España, Irlanda y Noruega respecto al reconocimiento del Estado de Palestina como un paso hacia la paz en el Medio Oriente.