10/05/2024 (Ciudad de México). Este 9 de mayo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó su informe anual sobre la amenaza nacional asociada al tráfico de drogas – National Drug Threat Assessment– 2024. En éste, la agencia aborda la presencia que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tendrían en su territorio.
Como parte del reporte, un mapa representa la supuesta operación de estas organizaciones en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, matizando una mayor presencia en estados fronterizos como Texas, Arizona, California y Nuevo México, o en aquellos con grandes mercados económicos, como Florida, Nueva York y Washington D. C.
El informe recupera una postura replicada por una gran parte de las autoridades y las élites norteamericanas durante los últimos años, responsabilizando directamente a las organizaciones mexicanas por la crisis asociada al consumo de opiáceos sintéticos en Estados Unidos. Según cálculos de la agencia, las víctimas mortales de esta crisis ascendieron a 38 mil tan solo en la primera mitad de este 2024.
Según el informe, el Cártel de Sinaloa y el CJNG – a quienes la agencia identifica como las dos organizaciones criminales más grandes de México – controlan toda la cadena del mercado de los opioides sintéticos ilegales, desde la vinculación con empresas chinas para adquirir los precursores químicos necesarios para su fabricación, hasta la venta al pormenor en las calles de Estados Unidos. Incluso, las acusa de lavar el dinero proveniente de la venta de narcóticos en EUA a través del capital en bancos chinos para, posteriormente, reingresarlo a México.
Según la agencia, la capacidad de estas dos organizaciones criminales mexicanas les ha permitido “desplazar” a las organizaciones norteamericanas e, incluso, extender sus negocios hacia otros territorios en Europa, África, Asia y Oceanía. Además, también controlan otro tipo de delitos como la extorsión, el tráfico de armas y personas, entre muchos otros.
La forma en la que las organizaciones delincuenciales controlarían el mercado de drogas en el territorio norteamericano sería a través de hubs o enlaces, que trabajan a nivel local en el país vecino. A través de ellos, las organizaciones mexicanas serían capaces de manejar una gran operación de venta al por menor en las calles de Estados Unidos.
La agencia estadounidense publica su informe mientras, paralelamente, se reanima el conflicto entre ella y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En esta ocasión, el 7 de mayo, la directora de la DEA, Anne Milgram, interpuso una queja ante la Cámara de Representantes en Estados Unidos debido a que, según la funcionaria, el gobierno mexicano habría atrasado las licencias para que 13 agentes norteamericanos operaran en nuestro país. Además, acusó al gobierno mexicano de no ser “constante” en la cooperación para combatir el tráfico de drogas.
Como respuesta, el mandatario mexicano afirmó que Milgram “exageró”, pues el supuesto retraso se debe a trámites que se tienen que resolver en nuestro país para otorgar los permisos. Además, aprovechó para criticar la operación de la agencia en el pasado, para la que, según el mandatario, no era necesario “hacer ningún trámite”. “Entraban los agentes que querían” e, incluso, llegaban a dar instrucciones a las corporaciones de seguridad mexicanas, aseguró AMLO.
El conflicto entre la agencia y el presidente ha sido constante durante todo el gobierno de la Cuarta Transformación, iniciado en 2018. El punto de inflexión quizás lo representó la detención en Estados Unidos del secretario de la Defensa Nacional durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, ocurrida en 2020. Luego de que la agencia lo hubiera detenido por presunto tráfico de drogas, tuvo que ser liberado y devuelto a territorio mexicano por presiones de la presidencia de AMLO, quien amagó con cancelar la operación total de la agencia en nuestro país.
Quizás el episodio más emblemático en este conflicto fue la publicación de tres reportajes periodísticos en medios internacionales con información proveniente de la DEA en las que, sin pruebas, se sugiere o asume un presunto financiamiento del narcotráfico a las campañas de AMLO en 2006 y 2018. Como respuesta, el mandatario acusó a la agencia de estar participando en una campaña en su contra y su gobierno, lo que provocó que, incluso, el gobierno norteamericano tuviera que aclarar que no existía ninguna investigación abierta en contra del presidente mexicano.
Debido a esto, el informe no debe ser leído como una pieza aislada de esta tensión, sobre todo considerando que son las presuntas organizaciones criminales mexicanas sus protagonistas. Después de todo, se trata de una agencia norteamericana cuyo interés es incrementar su área y capacidad de influencia a México y de un gobierno que ha criticado abiertamente este intervencionismo norteamericano bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
Según el informe, las organizaciones mexicanas – o cárteles, como los bautizaron los propios norteamericanos –, habrían incursionado en el negocio de los opioides mediante la venta de pastillas para mimetizarse con la venta legal de farmacéuticos. Esto se plantea como si se tratara de una jugarreta que busca envenenar a la sociedad norteamericana y no como el resultado lógico de buscar distribuir las drogas en dosis individuales: “Los cárteles deliberadamente comercian fentanilo ilegal en forma de pastillas para mimetizarse con los mercados legales de medicamentos; como resultado, muchos estadounidenses están comprando y consumiendo drogas ilegales que consideran drogas prescritas de manera legítima”, asegura el informe.
Nada dice sobre la responsabilidad del mercado de drogas “lícito” dentro de Estados Unidos en las distintas crisis de los opioides que ha padecido su población, ni de cómo se han fomentado las adicciones a los opioides con fines de mercado. Esto ha provocado que millones de personas se vuelvan adictas a los opiáceos mientras se mantienen en tratamientos promovidos comercialmente y, después, tengan que sustituir las drogas en el mercado negro una vez que dejan de tener acceso a ellas vía legal.
Naturalmente, tampoco aborda el por qué, a pesar de enfrentar una crisis de consumo y adicciones, poco se ha hecho desde el Estado norteamericano fuera de las políticas punitivas y criminalizadoras que ahora apuntan a nuestro país y, de manera indirecta, a China, su principal rival comercial.
Al respecto, el informe acusa al gigante asiático de tener “pocos controles”, lo que posibilita el contrabando de los precursores químicos necesarios para la fabricación de los opioides sintéticos desde el territorio chino hasta el mexicano. Según lo que señala el informe, esto lo hacen a través de “brokers” que operan en México de manera independiente a las organizaciones criminales. Finalmente, el informe también apunta a los bancos chinos, desde donde, acusa la agencia, se lava dinero de las organizaciones criminales mexicanas.
Sobre las organizaciones, en el caso del Cártel de Sinaloa, el informe señala que se trata de una organización que, desde que fuera extraditado su líder histórico, Joaquín El Chapo Guzmán, no cuenta con un liderazgo único. En su lugar, serían cuatro las facciones que forman parte de la organización que describe como un esquema de “sombrilla”: la facción de los hijos de El Chapo Guzmán o Los Chapitos, la de Ismael El Mayo Zambada, la de Aureliano El Guano Guzmán Loera (hermano de El Chapo) y la de Rafael Caro Quintero.
Según el informe, esta forma de organización buscaría teóricamente la colaboración de las facciones para compartir recursos, como las rutas, los enlaces con políticos corruptos, el mercado de químicos o para lavar dinero. Sin embargo, también apunta, hay disputas internas que ponen en tela de juicio la “sostenibilidad del modelo”.
Aquí cabría preguntarnos si estas “batallas internas” entre las facciones que conforman una supuesta organización unificada no hablan más bien de la existencia de distintas organizaciones criminales que disputan el control de determinados elementos de la economía criminal, más que de un modelo único de organización criminal. En ese sentido, seguir refiriéndose a ese complejo entramado de “células criminales” como si se tratara de un actor gigante y unificado que acecha a la población norteamericana podría tener, más bien, una intención política.
Lo mismo ocurre en el caso del CJNG. Según el informe, esta organización estaría operando bajo un modelo de “franquicias”, en las que grupos locales operan bajo el nombre del CJNG a cambio de ganancias sobre los mercados ilegales locales. Sin embargo, de acuerdo también con la DEA, esta forma de operar dejaría muchos cabos sueltos que generarían grupos autónomos que, finalmente, pueden establecer alianzas de manera local con grupos contrarios al CJNG, inclusive.
De tal suerte, no queda muy claro bajo qué argumentos se sostiene que se trata exclusivamente de dos grandes organizaciones que controlan todo el flujo de las mercancías ilegales, mientras que, en la práctica, las distintas facciones de las organizaciones se disputan el control de los distintos momentos de este flujo.
El informe, por otro lado, explica los factores que facilitan el contrabando del fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos: al ser sumamente potentes, es fácil ocultar y trasladar una gran cantidad de dosis para ingresar y ser comercializadas en Estados Unidos. Igualmente, también explica el modus operandi mediante el cual, gran parte de la oferta provendría de los productos hechos en laboratorios clandestinos en México y traficados por la frontera con Estados Unidos.
Sin embargo, poco explica sobre el por qué ha sido relativamente sencillo que las organizaciones criminales mexicanas tengan “hubs” en cada uno de los 50 estados norteamericanos para, finalmente, “controlar” la distribución y la venta al por menor en territorio norteamericano. Esto se destaca pues, para esta operación, resulta necesario también que haya agentes del Estado norteamericano y actores en su territorio dispuestos a proteger y proveer de todo lo necesario a los traficantes de drogas que, finalmente, desplazaron a las organizaciones norteamericanas, según afirma el mismo documento.
Para comprender las aparentes contradicciones, conviene recordar que, bajo el pretexto del combate a los narcóticos, se han realizado cruzadas morales y punitivas en contra de distintos actores que las élites norteamericanas (blancas) interpretan como una amenaza, tales como los afroamericanos, los hippies o los mexicanos. Además, no debemos olvidar que la DEA tiene intereses y, como tal, sus acciones deben ser leídas en función de éstos.
En el conflicto que la agencia ha tenido recientemente con el gobierno mexicano, se ha reducido su influencia y autonomía, repercutiendo incluso en el cierre de programas de cooperación y la reducción de agentes en nuestro territorio. Por ello, no debemos descartar que, detrás de este retrato de las organizaciones mexicanas que las pintan como un monstruo gigante dispuesto a devorar a la sociedad norteamericana se encuentre la intención de recuperar esta influencia. Al final, incrementar su operación en nuestro país se ha traducido en el pasado en más recursos y prestigio, incentivos muy poderosos para movilizar sus intereses.
