24/04/2024 (Ciudad de México). En el contexto del conflicto diplomático entre Ecuador y México el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró que “se puede ver que algunos gobiernos cooperan con las estructuras criminales trasnacionales”, asegurando que no permitiría que esos gobiernos “interfieran con el país”. El mandatario del Ecuador, además, afirmó conocer los nombres de los “principales capos” protegidos por esos gobiernos y que los tenían plenamente identificados.

Esta declaración la realizó luego de que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, solicitara mediante una carta la intervención de tres gobiernos, México, Colombia y Brasil, ante la “persecución brutal” que lleva el gobierno ecuatoriano en su contra. Conviene recordar que el exvicepresidente Glas se encuentra preso como resultado del asalto a la embajada de México por las fuerzas ecuatorianas el pasado 5 de abril.

Las declaraciones de Noboa no son casuales. Responden a la estrategia de seguridad basada en la militarización y la persecución judicial que ha implementado el gobierno del heredero de la principal fortuna familiar de aquel país. Con ellas, el presidente ecuatoriano parecería sugerir que los gobiernos a los que les solicita protección el exvicepresidente correísta, alineados actualmente a la izquierda electoral, protegen a grupos criminales que operan en el Ecuador.

La estrategia militarizada y punitiva del gobierno de Noboa cuenta con un respaldo amplio. El pasado domingo, se llevó a cabo un referéndum en el que la población dio el “Sí” a nueve preguntas vinculadas con las propuestas de seguridad del presidente encaminadas a un modelo de seguridad “de mano dura”, que implican el control por los militares de la seguridad pública y la supervisión legal de las armas y municiones, así como el incremento de las penas y la tipificación de nuevos delitos. De esta manera, el régimen de excepción que entró en vigor el pasado 12 de marzo se mantendrá de manera indefinida, respaldado por gran parte de la población ecuatoriana.

El periodista y especialista en crimen internacional, Óscar Balderas, es crítico a estas políticas militarizadas que, asegura, ya conocemos en México. No obstante, reconoce que el escenario era previsible, pues la sociedad ecuatoriana ha sido víctima del flagelo de la delincuencia organizada durante los últimos años de una manera que no tiene precedentes.

“Hace cinco años, Ecuador era un país de los más pacíficos en la región y hoy de los más violentos. Creo que es lógico, es entendible, de algún modo, que haya un respaldo a las medidas de mano dura”, comenta para De Raíz el periodista, y agrega que “hacer mayor inversión pública en presupuestos de guerra contra los presupuestos de salud o de cultura […] son estrategias que caen bien cuando la gente está desesperada”.

Balderas prevé el fracaso para las políticas de Noboa, observando cómo han funcionado en México desde que fue lanzada la “mal llamada guerra contra el narco” en 2006, con Felipe Calderón como presidente. El periodista llega a esta conclusión ya que, aunado a las políticas punitivas, Ecuador comparte con México “las debilidades institucionales, la porosidad de las policías locales para seguir filtradas por el crimen organizado […], los territorios que por su orografía son complicados de llegar para las autoridades”, entre otras características.

Ahora bien, más allá de la persecución judicial – o lawfare – en contra de la izquierda electoral representada por el correísmo en Ecuador, el nombre de México ha resonado cada que ocurren crisis asociadas a las organizaciones criminales en aquel país. Así, desde inicios del gobierno de Noboa n 2023, la narrativa gubernamental y de una gran parte de los medios de comunicación, han buscado atribuir a las organizaciones criminales mexicanas la responsabilidad del incremento de la violencia en el país centroamericano. Particularmente, se ha hecho referencia a las dos organizaciones criminales consideradas como las más grandes y poderosas de nuestro país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las cuales habrían incrementado su influencia en el país centroamericano durante los últimos años.

Al respecto, Óscar Balderas reconoce que sí existe un incremento de la presencia de las organizaciones criminales mexicanas, facilitado por la posición estratégica de México y la disminución de la importancia internacional de las organizaciones colombianas. Además, las organizaciones criminales ecuatorianas han replicado ciertas tácticas “de manual” que habrían iniciado Los Zetas en México, basadas en la violencia indiscriminada en contra de la población, así como en el control de las prisiones como centros operativos, lo cual es llevado a cabo por organizaciones ecuatorianas locales como Los Choneros, Los Lobos, Los Killers, entre otros. “Se parece mucho al México del 2007 al 2012”, describe Óscar.

Sin embargo, considera también que, a nivel global, se tiende a representar a las organizaciones criminales mexicanas como “los grandes villanos internacionales, a los cuales se les puede achacar todo con tal de hacer teorías de la conspiración”. De esta manera, se construye una narrativa del enemigo proveniente del exterior, describiendo a las organizaciones mexicanas como “todopoderosas” u “omnipresentes”.

“Para que el discurso de mano dura y la intención de la seguridad pública funcione, el enemigo debe ser brutal, terrible, sanguinario. Y entonces para eso no bastan únicamente los criminales locales. Hay que hacerlos parecer, además, que son los grandes monstruos foráneos, ellos contra nosotros. Y ahí creo que le cae muy bien la mentira de que toda la responsabilidad de los grupos criminales en Ecuador o que toda la violencia se explica a partir de una alianza que hicieron con los cárteles mexicanos”, asegura el especialista.

Por último, el especialista recomendaría al gobierno de Ecuador que copie las experiencias exitosas – al menos, parcialmente – en México que se alejan de las estrategias punitivas y militarizadas. Mencionó tres ejemplos: 1) la profesionalización de las policías para darles capacidades científicas y funciones de investigación, mencionando los ejemplos de Torreón y de La Laguna en Coahuila; 2) “arrasar con los giros negros”, como los bares y moteles sin licencia, que suelen representar focos para otro tipo de actividades ilegales como la trata de personas o el lavado de dinero; 3) por último, menciona la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este último caso, aunque menciona algunas reservas respecto a la forma en la que fue aplicada en la práctica, reconoce que desarrollar una institución especializada en “el combate de activos financieros de bienes y de cuentas” del crimen organizado es una medida necesaria.