La demanda sienta un precedente en la jurisprudencia norteamericana que podría afectar seriamente a las empresas norteamericanas
19/04/2024 (Ciudad de México). Este 18 de abril empresas fabricantes de armas en Estados Unidos solicitaron la intervención de la Suprema Corte en aquel país ante la demanda que el gobierno mexicano ha emprendido en su contra por presunta negligencia en el comercio de sus productos. En específico, la demanda busca que 11 empresas armamentísticas en Estados Unidos asuman su responsabilidad en la producción de miles de armas que terminan en las manos de criminales de este lado de la frontera.
Las armerías llevaron a cabo esta maniobra luego de que la estrategia legal que el gobierno mexicano está implementando en contra de contrabando de armas comience a cosechar sus primeros frutos. En enero de este año, una corte en Massachussets reactivó la demanda que el lobby de las armas está buscando evitar a través de la intervención de su órgano máximo de justicia, luego de que hubiera sido desestimada en septiembre de 2022.
Además, el 25 de marzo, la Corte de Tucson Arizona emitió una resolución favorable para el gobierno mexicano en otra demanda que se dirige al mercado de armas, pero en su rubro de venta, pues acusa de negligencia a cinco empresas distribuidoras. La Corte de Tucson admitió la validez de la querella, por lo que, a no ser que ocurra otra resolución, el gobierno mexicano llevaría a juicio a estas empresas.
Respecto a la demanda que busca imputar la industria de las armas, John Lindsay-Poland, especialista y coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico de Global Exchange, apunta a que, en este momento, se está preparando el caso como antesala al juicio, lo cual podría afectar seriamente a esta industria.
John recuerda el caso de la estrategia legal en contra de las tabacaleras y cómo este momento de la investigación conocido como “discovery” resultó crucial para conocer el dolo en el ocultamiento de información vinculada con el daño a la salud por el tabaco: “ese proceso cambió el sentido de la demanda, porque reveló que la industria sabía sobre los efectos a los consumidores”, afirma el activista.
Global Exchange es una organización radicada en Estados Unidos que, en su visión a favor de la desmilitarización y el desarme, lleva a cabo acciones de concientización sobre el impacto de las armas en las comunidades de México, apoyan la legislación que busca regular el comercio de armas tanto legal, como ilegal, además de hacer investigación en la materia. Asimismo, acompañaron al gobierno de México en la elaboración de la demanda en contra de las industrias armamentísticas cuando fue presentada en 2022 por el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio.
Aunque la estrategia legal que México ha emprendido busca que las empresas resarzan el daño mediante una compensación económica, también contempla un componente jurídico y simbólico.
Jurídico, pues sienta un precedente para toda la población que ha sido afectada por la industria de las armas, tanto en el interior, como en el exterior de Estados Unidos. Esto pues el país vecino del norte cuenta con una ley que impide que las empresas norteamericanas sean demandadas por acciones llevadas a cabo en su territorio con sus productos: Ley de Protección del Comercio de Armas (o PLCAA, por sus siglas en inglés).
Es precisamente esta normativa de la que se sostiene la petición del lobby de las armas para que la Suprema Corte intervenga. Sin embargo, Alejandro Celorio apuntó que “son pocos los casos que admite la Suprema Corte”, por lo que muestra optimismo. Aún así, afirmó que “estaremos listos en caso de que la Suprema Corte decida admitir el asunto a estudio”.
Simbólico, pues se inserta directamente en la idiosincrasia estadounidense, en la que existe una subcultura “pro-arma” muy extendida. Debido a ello, John Lindsay-Poland considera que es un tema muy “polarizado”, pues “cualquier cosa que desafíe a la industria de armas, no es bienvenida” por un amplio sector.
Aún así, también considera que existe cada vez más población que entiende “la conexión entre el tráfico de armas por la frontera hacia México y otros países y el flujo de migrantes que huyen de la violencia” en su país de origen y que estaría a favor de la regulación de esta industria. Por ello, la demanda mexicana en contra de las empresas armamentísticas en Estados Unidos representa un gran paso en la lucha contra la violencia, pues cerca del 70% de los homicidios en México ocurren con armas provenientes del mercado legal de aquel país. Además, su posible triunfo representaría un antecedente para otros países que son tan afectados como México por la violencia causada por el tráfico de armas estadounidenses, aseguró Lindsay-Poland poniendo como ejemplo a la región de Centroamérica.
