Investigadores e investigadoras de diez centros de estudios de la UNAM, así como de organizaciones sociales y otras instituciones presentaron “La Agenda Socioambiental 2024”, con diagnósticos y propuestas para acercar a quienes aspiran a puestos de elección popular a un análisis preciso y conciso de temas que urge abordar y resolver.
18/04/2024 (Ciudad de México). Conscientes de los problemas socioambientales en el país y la necesidad generar investigaciones con propuestas que se incluyan en políticas públicas que aporten a su solución, diversas organizaciones, institutos y centros de investigación coordinados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron, el 18 de abril, “La Agenda Socioambiental 2024”.
En conferencia de prensa desde la Casa Universitaria del Libro UNAM (CASUL), la Dra. Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IISUNAM) y coordinadora de este proyecto, informó que se hicieron llegar a los equipos de trabajo del y las aspirantes a la Presidencia de la República una síntesis ejecutiva que calificó como “rigurosa y clara” sobre sus hallazgos en las problemáticas socioambientales más importantes, así como una serie de propuestas concretas y viables para ser abordadas.
“Nos parece que tienen una responsabilidad fundamental con la ciudadanía y con los habitantes de este país, por revertir, de manera muy frontal, las condiciones de deterioro de la vida de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos naturales, que son cada vez más dramáticas”, precisó la Dra. Merino.
Asimismo, explicó que en la elaboración de esta Agenda participaron 35 autoras y autores, procedentes por lo menos de diez distintas facultades e institutos de la UNAM, así como de otras instituciones de educación superior y de organizaciones de la sociedad civil, con el compromiso de promover la defensa de los recursos naturales, de los derechos humanos y la preocupación por las tendencias de degradación y destrucción de los ecosistemas en en México.
La investigadora del IISUNAM recordó que hace seis años realizaron un ejercicio similar llamado “Agenda Ambiental 2018”. Pero hoy, a la luz de un nuevo proceso electoral, han detectado la prevalencia de importantes desafíos socioambientales para enfrentar y que “urge abordar y resolver”.
La agenda se agrupa en 9 temas fundamentales que buscan garantizar el acceso equitativo al agua, mejorar la agricultura y alimentación, proteger la diversidad de la vida, fortalecer las comunidades y sus territorios, frenar la captura corporativa de las instituciones, responder al cambio climático con justicia, restaurar los bienes naturales, reducir la desigualdad y proteger a las generaciones futuras.
“En esta agenda damos cuenta de como los, contados, cambios progresistas (…) en favor de la sustentabilidad, la salud pública y los derechos humanos, han encontrado enormes resistencias de parte de cámaras industriales, corporaciones transnacionales, funcionarios de diversos niveles, legisladores de oposición e incluso del partido en el gobierno. Estas resistencias amenazan por echar por la tierra la Ley de Minería de 2023, se oponen ferozmente al reemplazo de la Ley de Aguas Nacionales por una ley de Aguas basada en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. También le puso pausa al retiro del glifosato, que debía haber entrado en vigor el primero de abril (…). Esta agenda pone en el centro el tema socioambiental y las consecuencias que éste derivan, como la profunda desigualdad y asimetría en el disfrute a un medio ambiente sano” señaló la Dra. Merino.
Sobre el diagnóstico y propuestas para garantizar el acceso equitativo al agua, el Dr. Omar Arellano Aguilar destacó que se requiere una reforma estructural transformadora, ya que pese a que desde 2002 el agua y el saneamiento son un derecho humano, el gran pendiente en esta materia es una Ley General de Aguas en donde se contemple la participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones y que permita avanzar en la democratización del sistema, en el equilibrio y distribución de recursos acuíferos.
Asimismo, el Dr. Arellano señaló que en el tema para proteger la diversidad de la vida “queda muy claro que las farmacéuticas han presionado tanto a México sobre el tema de la no prohibición del glifosato, que actualmente se ha puesto en pausa esta prohibición”. En este sentido también señaló la necesidad de que se realice una Ley General de Plaguicidas, ya que únicamente se cuenta con una Norma Oficial sobre el tema y reconoció que hace falta mayor escrutinio para prohibir la aplicación de varios plaguicidas. Informó que en el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica se contempla la reducción del uso de plaguicidas en un 50 por ciento para para el año 2030, pese a esto “en nuestro país se usan 207 tipos de plaguicidas, de los cuales 100 de ellos están prohibidos en otros países”.
Acerca del análisis para la mejora de la agricultura y alimentación, la Dra. Helena Cotler señaló que a pesar de que existen programas de subsidios para la pequeña producción agrícola, como “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar” no se ha logrado cambiar la dinámica de producción en el campo mexicano, la cual es controlada por los grandes productores. En este sentido, reconoció que la estructura de los subsidios para el campo en este sexenio ha “cambiado radicalmente”, ya que antes eran los productores de más altos ingresos, equivalente al tres por ciento de las unidades de producción, quienes recibían el 59 por ciento del financiamiento para este rubro. Recordó que México es de los cinco países con mayor biodiversidad y la mayoría de ésta se encuentra en propiedad colectiva.
Asimismo la Mtra. Beatriz Olivera, como parte de su diagnóstico para restauración de los bienes naturales, señaló que en México “el 10 por ciento del territorio está concesionado para minería. Pese a esto es muy poco lo que el sector minero aporta en materia de impuestos”. Reconoció que durante este sexenio no se han dado más concesiones y que en el análisis de las propuestas de Claudia Sheinbaum está el compromiso de seguir esa línea. También, alertó sobre el tema de residuos, ya que ha identificado que algunas empresas buscan hacer de México un contenedor de residuos.
A pregunta expresa de De Raíz sobre cuál sería el balance de la presente administración en materia socio ambiental la Dra. Leticia Merino señaló que “ha habido esfuerzos pequeños, pero bien intencionados, sin embargo han quedado a deber por la resistencia de parte de intereses empresariales y corporativos a nivel nacimiento e internacional”. Puso como ejemplo que “no hace mucho presentamos 190 mil firmas para cambiar Ley Nacional de Agua, como parte primera Iniciativa Ciudadana de Ley, y enfrentó mucha oposición en el Congreso, por lo que no avanzó”.
También emplazó a mejorar los indicadores de los apoyos directos para el campo como “Sembrando Vida!, para que se les pueda dar continuidad, ya que “si a estos programas no se les da continuidad y se fortalecen, se quedan en el aire, se requiere una política de estado que coordine estos programas federales con los estatales”.
Finalmente reconoció que pese a que se ha reducido el uso de glifosato, actualmente uno de los grandes problemas para la producción agrícola es la fertilidad del campo y para seguir evitando el uso de este agroquímico, además de su prohibición, se requiere “un programa de fertilizantes orgánicos“.
