Desde hace décadas empresas corporativas dedicadas a la venta de alimentos ultraprocesados, bebidas edulcoradas o cerveceras han interferido en la aprobación de políticas públicas que garanticen a la población mexicana una alimentación sana, nutritiva y producida mediante prácticas que no atenten contra el medio ambiente y los ecosistemas.
17/04/2024 (Ciudad de México). A través de múltiples ejemplos diversas organizaciones en defensa de la salud denunciaron las prácticas de intimidación, difamación, manipulación mediática, cooptación del Estado y puertas giratorias (entre el poder político y el económico) que realizan las grandes empresas corporativas y transnacionales que operan en México desde hace décadas.
Entre las leyes que estas empresas han intentado frenar se encuentran la Ley Minera de 2023, el etiquetado frontal a alimentos, la Ley General de Control de Bebidas Alcohólicas, la Ley General de Residuos, la Ley General de Aguas o el decreto presidencial contra el glifosato, entre otras. Una característica en común de estas leyes, o reformas a las existentes, es la regulación que buscan imponer a la industria respecto a las prácticas en la producción de sus productos y en la comercialización de estos, todo el beneficio de los consumidores y del medio ambiente.
A pregunta expresa de De Raíz, Arturo Sabines, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), considera que estas empresas difícilmente consideran cambiar sus prácticas ya que su principal interés es incrementar sus ganancias, por lo que no admiten ningún tipo de regulación que pretenda modificarlas, como lo demuestra el freno que las empresas alcoholeras y de aliados han realizado en la aprobación de una Ley General de Control de Bebidas Alcohólicas similar a la que existe para el tabaco.
Los ejemplos de cabildeo en el Congreso abundan
Una de las principales pruebas de interferencia corporativa lo expuso Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señalando que el anterior etiquetado nutricional y calórico de alimentos, aprobado por la Cofepris de 2014, fue hecho a complacencia de los intereses Coca-Cola y dictado a través de dos abogados y una ingeniera y no por un grupo de expertos en la materia bajo la supervisión de la autoridad correspondiente.
Como resultado de este “cabildeo” se aprobó un etiquetado que señalaba que el consumo de uno de sus productos correspondía al 60% de la ingesta diaria necesaria, cuando ha sido demostrado que en realidad excede en 120% al consumo necesario diario.
A juicio de Calvillo Unna, este tipo de interferencias en las políticas públicas eran posibles gracias a que en las administraciones anteriores los puestos claves en estos temas eran ocupados por actores cercanos a empresas transnacionales, como fue el caso de 5 ex secretarios de salud, quienes velaban por los intereses de la Fundación Mexicana para la Salud, organización privada creada por estas empresas para proteger sus prácticas productivas y de comercialización.
A semejanza de lo anterior, Yahaira Ochoa, de la organización Salud Justa Mx, afirmó que “existe evidencia de cómo las tabacaleras cabildean en el Congreso”, acción que realizan pese a que el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (que México suscribió en 2008) prohíbe a este tipo de industria realizar estas prácticas.
Como medida paralela a este cabildeo, la experta señala que la industria tabacalera “a través de grupos fachada interpuso más de dos mil amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, echando atrás la prohibición de la exposición de tabaco en los puntos de venta”.
El llamado a los actores políticos
Las organizaciones convocantes del evento (Greenpeace, Agua para Todos; Cecilia Navarro, ¡Cambiemosla Ya! y Asociación Nacional de Empresas Comercializadora de Productores del Campo ANEC) definieron cinco puntos planteados a las actuales candidatas a la presidencia de México:
- Instaurar procesos de transparencia entre las asociaciones público-privadas.
- Regular el conflicto de interés en los tres poderes de la Unión.
- Crear entidades independientes para inhibir el conflicto de interés.
- Evitar que las instituciones públicas se involucren con corporaciones nacionales o transnacionales y sus actores en la implementación de políticas públicas.
- Colocar a los derechos humanos y el interés público en el centro de los programas y políticas públicas.
