16/04/2024 (Ciudad de México). México respondió con firmeza a las palabras del presidente de Ecuador, Daniel Noboa que, en una entrevista concedida hace una semana a SBS, una cadena de noticias de Australia, afirmó en actitud desprovista de protocolos diplomáticos, que pretendía “con tacos y ceviche” en una reunión con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, resolver el conflicto diplomático.
Desde que comenzó la crisis por el asalto a la embajada mexicana el 5 de abril, el gobierno de Ecuador ha intentado reducir lo ocurrido a un “impasse” que pueda ser abordado en una reunión de ambos presidentes, o de cancilleres, o de una instancia de mediación convocada por una tercera parte. Para este afán les resultaron útiles las declaraciones de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que intentaron al principio poner el énfasis en la necesidad de que “ambos países resuelvan a través del diálogo sus diferencias”.
El presidente Noboa, luego de ordenar -según ha informado la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld- un operativo policial, cuya brutalidad generóuna condena hemisférica prácticamente unánime (sólo el gobierno de El Salvador se abstuvo), que coloca a Ecuador en situación de aislamiento diplomático, como se pudo evidenciar en la reunión del 10 de abril del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condenó enérgicamente elasalto policial, y en la reunión de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanas y del Caribe (CELAC) que se realiza hoy.
A esto se suma la demanda presentada ayer por México contra el gobierno de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, por las graves violaciones a la Convención de Viena, que en su artículo 22 establece la inmunidad e inviolabilidad de las sedes diplomáticas, así como contra el derecho de asilo, que los militares y policías ecuatorianos cometieron al realizar un operativo táctico de asalto a la embajada mexicana en Quito, secuestrando al ex vicepresidente Jorge Glas, que ya tenía el asilo diplomático otorgado por el Estado Mexicano.
La demanda es muy sólida ya que se basa en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Tratado de Bogotá del año 1948, que tanto México como Ecuador suscribieron, y que reconoce como obligatoria la jurisdicción de la CIJ, sin que exista necesidad de acuerdo especial previo, para todas las controversias de carácter jurídico que surjan entre las partes.
Además de la violación de las normas internacionales ya citadas, se han vulnerado la Carta de Organización de Estados Americanos y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en lo que se refiere a la solución pacífica de controversias. El gobierno de Ecuador, al ordenar el violento allanamiento incurrió en desconocimiento flagrante de estos instrumentos.
Por todo esto la acción de México en la judicatura internacional tiende a sentar un fuerte precedente internacional, del que Ecuador para liberarse tendrá que aceptar medidas de reparación de fondo y no meramente formales. La anunciada adhesión de varios países latinoamericanos a esta demanda, la va a convertir en un tema de obligado tratamiento hemisférico por el tiempo que le tome resolverla a la CIJ.
Cuando el presidente López Obrador se refirió a la ligera declaración del presidente Daniel Noboa, escogió adecuadamente las palabras al afirmar que la denuncia “por la violación a la soberanía, al derecho internacional y al derecho de asilo, que no sólo incumbe a México, sino a todos los países del mundo, ya está radicada en la Corte Internacional de Justicia, por lo que no caben reuniones de carácter bilateral”.
Es la respuesta de un estadista frente al intento de llevar al plano de la superficialidad, lo que fue un grave hecho de fuerza que pretende hacer pasar por un detalle lo que es una inaceptable agresividad entre países latinoamericanos.
