27/02/2024 (Ciudad de México). Aprovechar y administrar correctamente los recursos públicos, es el objetivo principal de las tres iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de austeridad, remuneraciones y eliminación de organismos autónomos.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reiteró lo dicho en varias ocasiones por el presidente López Obrador: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y aseguró que desde su inicio la actual administración se ha regido por la máxima de “por el bien de todos primero los pobres”, destacando la importancia de esta propuesta que pretende dar fin a este tipo de actos.

“Prohibir la adquisición de bienes y servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, es decir, eliminar cualquier tipo de gasto superfluo o que no sea necesario, y prohibir los esquemas que todavía vemos en algunas dependencias de jubilaciones, pensiones, retiros privados, de seguros de separación, de gastos médicos privados también, pagados con recursos públicos, de cajas de ahorro, de seguros de vida, de cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos”  aseguró Alcalde.

Austeridad republicana

Aunque desde 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana que ha permitido liberar fondos al eliminar privilegios, existen varias resistencias. Por esta razón, la iniciativa plantea establecer el principio de la Austeridad Republicana, en el artículo 134 constitucional, haciéndolo obligatorio para todos los poderes, niveles y autoridades, incluyendo las estatales, sin ningún tipo de excepción.

Remuneraciones

Se reitera y ajusta el máximo de salario para que ningún servidor público gane más que el presidente de México.

Desde 2009, el artículo 129 constitucional establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Sin embargo, actualmente existen dos mil 560 funcionarios que violan este principio y tienen prestaciones y acceso a recursos públicos para gastos, superando en conjunto dos mil 264 millones de pesos.

Ejemplo de ello son los magistrados y ministros del Poder Judicial o altos funcionarios del INE, quienes se han negado a cumplir lo establecido en la ley.

La propuesta aclara que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la Unidad de Medida de Actualización, UMA (referencia económica en pesos para determinar el valor del pago por día, mes y año), estableciendo que la UMA anual por 23 veces sería el monto máximo que cualquier funcionario público podría ganar. 

Por lo que se ajustarían todas las remuneraciones de los servidores públicos, federales y locales al tope máximo establecido.

Eliminación de órganos autónomos

La eliminación de los órganos autónomos se debe a la supuesta duplicidad de funciones entre dependencias e instituciones públicas, tanto federales como estatales.

Por lo tanto desaparecerían siete órganos “autónomos” o reguladores como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, INAI; Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE; Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT; Comisión Reguladora de Energía, CRE; Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL; y Mejora Continua de la Educación, MEJOREDU. 

También se plantea la eliminación de 17 organismos descentralizados y desconcentrados federales para formar parte de las dependencias responsables de cada ramo, respetando los derechos de sus trabajadores.

El Poder Ejecutivo planteó esta iniciativa en el paquete de reformas a la Constitución enviado el 5 de febrero a la Cámara de Diputados. La propuesta tiene un “efecto multiplicador”, ya que los ahorros generados por la extinción de los organismos irán directo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se creará con el objetivo de pagar la pensión completa a trabajadoras y trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es decir, la correspondiente al último salario percibido previo al retiro.