21/02/2024 (Ciudad de México). La reforma planteada por el Ejecutivo busca trasladar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, definiéndola como una Fuerza Armada permanente encargada de las labores de seguridad pública.
Como parte del paquete de 20 reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso el pasado 5 de febrero se encuentra una iniciativa que busca reformar a la Guardia Nacional (GN). El punto central de la reforma es el paso de esta corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El traslado a la SEDENA de la corporación que ha sido la principal apuesta del gobierno de AMLO en materia de seguridad ha sido cuestionado en diversas ocasiones, principalmente porque, se afirma, se trata de un paso más en la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, existen algunos problemas asociados a dejar la GN bajo el mando de civiles, trasladándola en su totalidad hacia la SSCP. En este texto, se presentan las más relevantes.
La reforma inicia con el diagnóstico que ha impulsado a la GN desde el inicio del sexenio: el de una delincuencia organizada fortalecida en su armamento, por un lado, y el de unas policías civiles debilitadas y proclives a la corrupción, por otro. Ante este escenario, la GN se plantea como una institución híbrida que cuente con la disciplina y el poder armado de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia y, al mismo tiempo, actúe para garantizar la seguridad pública; es decir, sin una intención bélica y con respeto a los derechos humanos.
Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con el respaldo de una gran parte de la población, probablemente porque se ha mantenido cercana a la SEDENA. Según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la GN cuenta con mucha o algo de confianza entre el 80% de la población, sólo superada por la Marina y el Ejército, de las cuales confían el 90 y el 87% de la población, respectivamente.
En contraste, las instituciones civiles como la Policía Ministerial, las policías estatales y municipales cuentan con algo o mucha confianza tan sólo entre 59, 58 y 55% de la población, respectivamente. Esto nos sugiere que la población no confía o confía menos en las instituciones civiles de seguridad que en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la confianza de la población que protege una corporación resulta indispensable para llevar a cabo su labor de manera efectiva y bajo un esquema de seguridad ciudadana y, lamentablemente, la confianza o legitimidad no puede ser transferida de una institución a otra, a diferencia de los recursos o la infraestructura.
Es cierto que la militarización –o el uso de militares para labores de seguridad– nos ha traído evidentes problemáticas. No obstante, parece que las consecuencias de que se haga a través de instituciones civiles de seguridad en las que se insertan militares son más graves que cuando se recurre al ejército de manera directa. El ejemplo por excelencia es la emergencia de Los Zetas ocurrida a finales de los años noventa, organización criminal que surge como una guardia privada del entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas.
Si bien los fundadores de Los Zetas eran militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, cuando fueron cooptados por el Cártel del Golfo se encontraban adscritos a la Policía Judicial Federal, una corporación civil. Esto como parte de un programa impulsado por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) que buscaba combatir la corrupción policiaca sustituyendo a los policías corruptos con militares de élite. Más adelante, Los Zetas se convertirían en la organización más “sangrienta” de México, según la mayoría de los analistas del crimen organizado, tanto de la prensa como de la academia.
Otro ejemplo de traslados de militares a instituciones civiles que tuvo graves consecuencias en materia de corrupción y violencia es la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual estaba conformada mayoritariamente por soldados venidos a policías. La corrupción de esta corporación creada por Genaro García Luna en 2001 fue ejemplar y, en 2005, elementos de la agencia se grabaron torturando y asesinando a sicarios de Los Zetas en Acapulco, Guerrero. En el video, se observa a hombres con el uniforme de la AFI reivindicar a líderes de La Federación, la alianza entre el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva.
Posiblemente, trasladar militares a las instituciones civiles implica mayores problemáticas que recurrir al uso del Ejército como institución porque se extrae a los cadetes de las condiciones que favorecen su disciplina, como la permanencia en los cuarteles o la vigilancia permanente de sus superiores. Además, el traslado a las instituciones civiles puede relajar a los cadetes, pues no comparten jerarquías ni códigos con las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, es necesario reconocer que, con excepción de la SEDENA, no existe institución que cuente con las capacidades y recursos necesarios para consolidar a la corporación encargada de las funciones federales en materia de seguridad. Esta consolidación requiere, entre otras cosas, los espacios para la capacitación y los cuarteles, de los cuales, cabe señalar, la mayoría ha sido cedida por la SEDENA.
También se vuelven necesarios los recursos para el pago de los salarios, así como para garantizar las prestaciones laborales de los cadetes. Este ha sido un tema transversal de los años en los que los cadetes de la GN han estado adscritos a la SSCP, derivando en quejas y problemas asociados a su pertenencia doble: al mismo tiempo que tienen un origen militar, dependen económica y administrativamente de una institución civil.
Esta doble pertenencia es recuperada por la iniciativa, pues reconoce que parte del sentido para que los cadetes permanezcan en la GN responde a las condiciones laborales que brinda el pertenecer a las Fuerzas Armadas: “El atractivo para pertenecer a la Guardia Nacional se sostiene, porque si bien es cierto que el personal está sujeto a una disciplina similar a la de las Fuerzas Armadas, también goza de los mismos beneficios que las Fuerzas Armadas, como el pago de salarios y prestaciones que les corresponda conforme a los grados que obtengan; cuentan con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas; gozan de derecho de vivienda para ellos y sus familias, y en caso de fallecimiento, cuentan con seguros para proteger a sus familiares”, señala la iniciativa del primer mandatario mexicano.
Por otro lado, uno de los problemas asociados a la militarización de la seguridad pública recae en la protección que brinda el fuero militar ante los delitos o violaciones a los derechos humanos que puedan cometer los cadetes. Sin embargo, la iniciativa señala expresamente que ésta “no constituirá un obstáculo para que, en el caso de comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos, sus autores queden sujetos a los tribunales civiles, tal y como han resuelto la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] y el Poder Judicial de la Federación”. De tal suerte, la iniciativa señala que, cuando los cadetes cometan delitos o violaciones a los derechos humanos, su sujeción a los tribunales civiles resulta “invariable”.
Por último, debe considerarse que la principal razón para impulsar esta iniciativa no es buscar una mayor participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pues ésta ya es permanente y los elementos de la GN tienen un origen castrense. Por el contrario, se trata de facilitar las necesidades económicas y administrativas para consolidar a la corporación. Aunado a ello, su traslado a una institución civil puede ocasionar más problemas que su participación directa como una fuerza armada permanente del Estado mexicano, tal como se ha evidenciado en ejercicios similares en el pasado.
