La fuente principal de los tres reportajes es una investigación de la DEA cerrada en 2011 porque no contaba con “evidencia contundente” para apuntar al mandatario o a sus cercanos.
07/02/2024 (Ciudad de México). Durante la última semana tres medios internacionales publicaron reportajes sobre una investigación relacionada con el Cártel de Sinaloa y la posible financiación hacia la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006. La investigación fue impulsada por la DEA entre 2010 y 2011 y fue cerrada por el propio Departamento de Justicia norteamericano debido a que la agencia no logró reunir evidencia contundente sobre el supuesto flujo de recursos ilegales hacia la campaña del hoy presidente mexicano.
Las investigaciones fueron publicadas el mismo día y casi de manera simultánea. Se trata de los reportajes de Anabel Hernández en Deutsche Welle, el de Tim Golden en ProPublica y el de Steven Dudley en Insight Crime. Aunque se trata de medios prestigiosos, parte del tratamiento de la información ha despertado suspicacias en la opinión pública mexicana, sobre todo por las razones que se encuentran detrás de las intenciones de circular coordinadamente información sobre una pesquisa clausurada que no logró probar lo que pretendía en pleno año electoral, tanto en México como en Estados Unidos.
El reportaje de Anabel Hernández da por sentado que el flujo del recurso ilícito hacia la campaña de AMLO es un hecho consumado, señalando que la DEA “obtuvo pruebas sólidas” de éste. Para respaldar su información, la periodista señala que habló con “dos testigos directos de los acuerdos del financiamiento y de la entrega efectiva del dinero del cartel de Sinaloa a la campaña […], un miembro del equipo de AMLO y uno del Cartel de Sinaloa”.
Por otro lado, el de Tim Golden retoma la hipótesis como una pregunta desde el título: “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente Mexicano López Obrador?”.
El texto de Dudley, por su parte, apunta a la existencia de la investigación, sin concluir que el flujo de dinero haya sido real o probado. No obstante, Dudley da por sentado que los casos de investigaciones como la referenciada en los artículos “ilustran cómo el crimen organizado busca atrapar entre sus garras a políticos del más alto nivel”. Es decir, para el autor, las hipótesis de los investigadores de la DEA son un reflejo de la realidad criminal, aunque éstas no sean comprobadas.
Para contrastar su información, Tanto Dudley, como Tim Golden recurren a varios agentes que habrían tenido conocimiento de la investigación, aunque nunca aclaran su papel, por lo que sus artículos estarían completamente basados en las hipótesis e intuiciones de los investigadores anónimos de la DEA. “Según las autoridades estadounidenses”, “los investigadores estadounidenses creían que los representantes de la OBL habían hecho un trato con la campaña de AMLO”, “dijo un oficial familiarizado con la investigación” son algunas de las frases que se retoman en los textos de ambos periodistas.
Ninguno de los tres artículos presenta alguna evidencia de tipo documental y, con excepción de los testigos directamente señalados en la investigación de la DEA, ninguna otra fuente testimonial está identificada. La ausencia de evidencias se explica porque se trata de una investigación no concluyente y no existen pruebas documentales que puedan apuntar al flujo del recurso ilícito a la campaña del primer mandatario mexicano. En ese sentido, se trata de información sin validez jurídica, ya que el caso no se judicializó y no se extendieron responsabilidades legales a los involucrados.
Ahora bien, para explicar los límites de la argumentación de los distintos reportajes es necesario conocer las posibilidades sobre los hechos presentados en las notas. De tomar como verosímil la información proveniente de la DEA, según los reportajes, el orden de los eventos se describiría de la siguiente manera.
Todo habría iniciado entre 2005 o 2006, dependiendo del reportaje – el de DW apunta a finales de 2005, el resto de los dos artículos, a 2006 –, cuando la organización Beltrán Leyva (OBL) habría buscado mantener una reunión con operadores o asesores de la campaña de AMLO, la cual finalmente se llevaría a cabo en un hotel de Nueva Vallarta, Nayarit.
En aquella reunión, la OBL fue representada por Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, un poderoso lugarteniente del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva detenido en 2010. Además, también habría asistido su suegro, Carlos Montemayor González, el empresario interesado en “bienes raíces” Emilio Dipp Jones y Roberto López Nájera, “operador” de la OBL y principal fuente de la DEA para sostener el caso.
Por su parte, del lado de la campaña de AMLO, habría asistido Héctor Francisco “Pancho” León García, conocido empresario minero, candidato a senador en Coahuila en 2006 por el entonces partido de AMLO, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y desaparecido en 2007. Según los reportajes, en esa reunión se llegaría al acuerdo de ingresar 2 millones de dólares a la campaña de AMLO.
A la reunión también habría asistido Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, otro operador relevante de la OBL quien también fue testigo en el juicio de Genaro García Luna en la corte de Nueva York de 2023. Fue a raíz del testimonio de este personaje que el nombre de AMLO se asomaría en el juicio de García Luna, aunque el testimonio resultó inverosímil pues colocaba un hipotético escenario en el que AMLO y Vicente Fox compitieron por el cargo presidencial en la misma elección, lo cual no ocurrió.
En esta primera reunión, se habría planteado la duda de quién podría recibir recursos para ingresar a la campaña de AMLO, buscando a cambio protección política y cierta injerencia en la definición de cargos en seguridad de ganar los comicios. La conclusión fue que un posible receptor sería Mauricio Caballero Soto, consultor, político y empresario que también llegó a participar como coordinador local de la campaña del ahora presidente en 2006.
Más adelante, una segunda reunión tendría lugar en el Distrito Federal, en una oficina en Polanco administrada por Mauricio Soto Caballero, donde acudiría el mismo Soto Caballero, López Nájera, Dipp Jones y Pancho León. Aunque en esa reunión no se efectuarían pagos, posteriormente, estos se habrían extendido a Roberto López Nájera en la misma oficina de y en un restaurante en Polanco, según el reportaje de DW.
Propublica apunta a que fueron 3 pagos de hasta 2 millones de dólares que fueron entregados por la OBL a la campaña mediante un pago de López Nájera hacia Soto Caballero. Según los reportajes de Insight Crime y de DW, habría un tercer actor involucrado en los pagos, Roberto Acosta Islas alias “R”; según Anabel Hernández, el “R” fue enviado para corroborar que los pagos se hicieran efectivamente, mientras que Insight Crime sólo menciona su participación previa al pago a Roberto López Nájera como intermediario. El reportaje de Propublica no lo menciona.
A partir de ese momento, los detalles comienzan a ser cada vez más difusos.
Según el reportaje de ProPublica, la DEA no contó con indicios de este financiamiento sino hasta 2008, cuando el propio Roberto López Nájera, el operador financiero de los Beltrán Leyva, se acercara a la embajada norteamericana para hablar con agentes de la DEA. Aunque el reportaje señala que a los agentes esta información les pareció verosímil, no fue sino hasta 2010 que la investigación fue impulsada “por la iniciativa de un pequeño grupo de agentes basados en México que trabajaban con fiscales federales en New York”.
Según los tres reportajes, los agentes de la DEA buscarían acelerar la investigación debido a que los delitos imputables de 2006 estaban a punto de prescribir, por lo que se tomó la decisión de promover la aceptación de recursos ilícitos por parte de Soto Caballero, aunque ahora esto se haría en la futura elección, es decir, la de 2012. En ésta, el ahora presidente compitió con Enrique Peña Nieto por el Partido Revolucionario Institucional y con Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional, perdiendo frente al primero.
Los agentes de la DEA no tenían ningún tipo de indicio de que el financiamiento a la campaña de 2012 se llevaría a cabo, por lo que planearon “una trampa” o “una conspiración” en la que fomentarían que alguno de los cercanos a la campaña de AMLO aceptara recursos de la agencia norteamericana, haciendo pasar a uno de sus agentes como miembro de la delincuencia organizada.
Según ProPublica, López Nájera habría tenido una reunión con Soto Caballero en San Diego, California, en 2009, en la que supuestamente Soto le habría expresado su intención de ganar algo de dinero extra con negocios del narcotráfico. Según el reportaje de Anabel Hernández, “el plan del gobierno de Estados Unidos era que [Soto Caballero] cometiera un ilícito para entonces arrestarlo y convencerlo de colaborar en la investigación del financiamiento de la campaña”.
De tal suerte, en 2010 se llevarían a cabo reuniones entre Soto Caballero y López Nájera, acompañados de un agente encubierto de la DEA que se hizo pasar por un narcotraficante colombiano. Se le propondría a Soto Caballero que contrabandeara 10 kilogramos de cocaína hacia McAllen, Texas, a cambio de recibir uno de éstos; sin embargo, el convencimiento a Soto se complicó porque, según los agentes, “no estaba listo para traficar drogas en Estados Unidos”.
Luego de presionarlo, Soto finalmente habría aceptado por unos días custodiar la cocaína que estaba escondida en un automóvil del cual le entregaron las llaves. Una vez que aceptó, los oficiales de la DEA lo esperarían en su hotel, quienes finalmente le propondrían su colaboración a cambio de no ser procesado, viajando después a Nueva York custodiado por dos agentes de la DEA para ello. Nuevamente, “según gente conocedora del caso”, Soto habría aceptado haber transferido menos de dos millones de dólares a la campaña de AMLO a través de Nicolás Mollinedo.
Sin embargo, la investigación fue cerrada y la “conspiración” no pudo actualizarse. Esto porque, para su justificación, se habría presentado a un órgano del Departamento de Justicia y la propia DEA armado para tratar casos particulares por sus posibles repercusiones éticas, mediáticas o diplomáticas, el cual es conocido como Sensitive Activity Review Committe (SARC).
En un principio, el SARC aprobó de manera provisional la investigación a finales de 2010, con la condición de que sea revisada al menos cada seis meses. El plan era prometer 5 millones de dólares a la campaña, que se garantizaría con un anticipo de 100 mil dólares. Para ello, Soto Caballero habría realizado dos intentos de grabar a Nicolás Mollinedo, aceptando el dinero el operador y personaje más cerca de AMLO de toda la trama, conocido como “El Chofer” de AMLO desde que éste fuera jefe de gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, “fue un desastre” (ProPublica), pues la primera vez llegó con una grabación truncada y, en el segundo intento, la grabación no resultó incriminatoria y, por lo tanto, “no revitalizó la conspiración tanto como hacía falta.”
Los fiscales de New York, finalmente, escucharían las grabaciones, pero resultarían “decepcionados” y, después de la reunión que los agentes tuvieron con el SARC para revisar la investigación hacia finales de 2011, se concluyó que la operación sería clausurada.
Hasta ahí la trama, una trama que deja más preguntas que respuestas. En primer lugar, para promover su investigación, la DEA construyó toda una conspiración para que Soto aceptara un trato de compraventa de narcóticos y, posteriormente, contaran con elementos para chantajearlo a cambio de su colaboración como testigo protegido y de esa forma no ser procesado por narcotráfico. En esa conspiración, la DEA buscaría que Nicolás Mollinedo llevara a cabo los mismos actos ilegales que habría cometido Soto Caballero bajo influencia de la agencia a través de su investigación encubierta.
Y la palabra “conspiración” no resulta exagerada; literalmente, un agente citado por Insight Crime dijo que actualizarían “la conspiración” cuando quisieron continuarla en 2011, una vez que “Nico”, el principal objetivo de la investigación, iba a regresar a trabajar con AMLO rumbo a su campaña de 2012. Es decir, en otras palabras, la DEA quiso incentivar el delito en esta nueva campaña para “escalar” en la jerarquía política a través del chantaje y el compromiso, una constante en la agencia norteamericana. Sin embargo, la investigación se cerró y el intento de persuadir a Nico de recibir el dinero jamás se intentó.
En el fondo, esta trama refleja mucho más del comportamiento habitual de la DEA para llevar a cabo sus investigaciones, con el cual promueve abiertamente la comisión de delitos para tener poder sobre posibles testigos y fuentes, aunque previamente no se hubiera tenido registro de los delitos de las personas inculpadas. En ese sentido, resulta significativo que no se contara con información que apuntara que Caballero Soto hubiera participado en actividades vinculadas con el narcotráfico previamente y que, incluso, en el proceso fuera convencido por los agentes norteamericanos de hacerlo.
En ese caso, ¿hasta dónde la OBL estaba realmente involucrada en el supuesto financiamiento hacia la campaña de Obrador en 2006? ¿Realmente se estaba persiguiendo a una organización criminal o se pretendía que un actor político se comprometiera con la DEA para incrementar su influencia en nuestro país a través de sus investigaciones?
Además, la fuente inicial, aquel operador financiero que se acercó a la DEA para brindar información valiosa en 2008, era Roberto López Nájera. López Nájera es conocido en México con el nombre clave de “Jennifer” por su papel como testigo protegido de los casos en la llamada “Operación Limpieza”, una investigación llevada a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón con un gran alcance mediático que finalmente sirvió para detener a varios funcionarios públicos acusados de corrupción relacionada con el narcotráfico.
Sin embargo, esta investigación quedaría sepultada debido a la poca credibilidad de los testimonios, y la mayoría de los detenidos saldría más adelante. Dentro de estos detenidos se encuentra Javier Herrera Valles, quien habría denunciado el comportamiento ilegal de Genaro García Luna frente al entonces presidente. Sin embargo, la respuesta fue el castigo penal y el excomisionado de la PF denunciaría una persecución en su contra por haberse opuesto a la mano derecha de Felipe Calderón.
Estas dudas sobre el testigo estrella del caso – y, por lo tanto, de los reportajes– son reconocidas por el reportaje de Insigth Crime a raíz de una entrevista que realizaron a un funcionario de la entonces Procuraduría General de la República, quien señaló que, en el gobierno de Calderón, la “práctica de emplear informantes para apuntalar investigaciones poco sólidas era y es típica”. ¿Por qué se confiar en su testimonio en un caso con tantas tramas y subtramas poco sostenibles de una investigación que concluyó por falta de “pruebas contundentes”?
En realidad, más allá de lo señalado por “Jennifer” como testigo protegido y de lo acontecido en la reunión original de Puerto Vallarta – en donde aún se estaba definiendo quién recibiría el dinero en la campaña de López Obrador –, la información que se incluye en los tres reportajes se concentra en la labor de los investigadores por tratar de conseguir las distintas versiones para su caso a través del convencimiento y el chantaje legal. Sin embargo, además de que existieron varios fallos técnicos, resultó que la información obtenida era “decepcionante”, según las palabras de los fiscales. Poco o nada tiene que ver con el posible flujo del dinero ilícito hacia la campaña de AMLO.
Nota aclaratoria: el principal acusado de la trama de los agentes y los reportajes, Mauricio Soto Caballero, ha realizado varias declaraciones a medios de comunicación en donde ha negado haber sido detenido y forzado a colaborar como testigo protegido con la DEA; asimismo, niega las reuniones con Roberto López Nájera y los posteriores tratos para recibir recursos ilícitos. Por su parte, Anabel Hernández ha señalado que cuenta o conoce de pruebas que confirmarían las confesiones de Soto Caballero, pero apunta a que las liberará cuando lo observe conveniente.
